La OCDE acusa a España baja efectividad al luchar contra sobornos en el exterior

España presenta una efectividad muy baja en la acción contra los sobornos pagados en el extranjero. La advertencia la ha hecho este lunes la OCDE, el club que engloba a los países más desarrollados, a través de un informe que pone énfasis en que han pasado más de dos décadas desde que la normativa está en vigor y solo se ha llegado a condenar a dos personas en un único caso. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha evaluado los progresos de los países en ese ámbito y alerta de que esa cifra "es particularmente baja" si se compara con la dimensión de la economía nacional y la presencia de sus empresas en el exterior.

Los autores del estudio se muestran "extremadamente preocupados" porque, aunque en 2010 se introdujo una legislación en contra de la corrupción empresarial, no ha habido sanciones contra ninguna compañía por pagar comisiones en el extranjero. Se reconoce, eso sí, que desde la 'fase 3' se han abierto 46 nuevas investigaciones por alegaciones delictivas y se están examinando otras siete, lo que constata que las autoridades están mostrando más iniciativa.

Con todo, inciden en que "el nivel de aplicación sigue siendo extremadamente bajo", puesto que veinte de ellas se han cerrado sin ninguna inculpación. Entre las que permanecen abiertas solo en cuatro ha habido acusaciones que afectan a 54 personas y 14 empresas o entidades. La organización pone énfasis en que en trece de los veinte casos cerrados la razón que se esgrime es que no se obtuvo respuesta a las solicitudes de asistencia judicial a los países donde se pudo cometer el soborno. También, que estos respondieron que allí no estaban investigando a personas o entidades de nacionalidad española.

Pese a haber desplegado mecanismos de cooperación internacional, la organización cree que España apenas hace uso de otras herramientas de investigación coercitivas, como los registros o las incautaciones, pero también exámenes forenses o tecnologías de la información. La OCDE considera que el país no debería poner un umbral de pruebas muy alto para lanzar pesquisas, ya que a su parecer el tiempo para una investigación preliminar "es insuficiente" y además las pesquisas iniciadas por fiscales no interrumpen el plazo de prescripción.

Reconoce que la unidad de inteligencia financiera está aumentando la detección de casos sospechosos, pero al mismo tiempo lamenta que siguen sin explotarse otras fuentes de detección. "España debe promulgar de forma urgente una normativa para la protección de los denunciantes", insiste. Además, pide elevar el periodo de prescripción de esos delitos, actualmente de cinco años, y garantizar que los criterios y el nivel de pruebas necesarios para aplicar el de soborno se ajusten al convenio de la organización.

España se defiende ante la organización

España ha dado una primera respuesta al informe publicado por la OCDE. En concreto, la embajada española ante la organización explica que esos próximos dictámenes judiciales van a llegar "a resultas" de la única condena de 2017 y "de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción". La representación española hace hincapié en que esta "se ha visto reforzada en los últimos años, en personal y medios", y lo ilustra señalando que desde 2012 ha pasado de 15 a 29 fiscales en la sede central, y de 16 a 20 fiscales delegados.

Además, subraya que, según su lectura, la organización "destaca los avances realizados", en especial con la modificación del Código Penal en 2015 para reforzar el delito de cohecho internacional, con un tipo agravado, la clarificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y actuaciones para detectarlo en el marco del control del blanqueo de capitales. En lo que tiene que ver con las críticas sobre el cierre prematuro de casos investigados, España afirma que las pesquisas en esos asuntos "habitualmente continúan por otros delitos como el blanqueo de capitales u otro delito societario".

"Si no puede concluirse que son casos de cohecho internacional -se defiende- es porque no se dispone de pruebas que así lo sustenten, especialmente por falta de colaboración de otras autoridades internacionales a las que se solicita cooperación", es decir, por falta de respuesta a las comisiones rogatorias lanzadas. Con todo, la embajada española considera "bienvenido" el llamamiento de la OCDE para que se adopte con carácter urgente el proyecto de ley sobre los denunciantes de corrupción, proyecto que se encuentra "en fase de tramitación parlamentaria urgente" y debería aprobarse en los primeros meses de 2023.