La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo en España entre 2021 y 2023 se traducirá en un aumento del gasto equivalente al 2,4% del PIB y un alza del déficit público del 1,1% del PIB en 2050, tal y como constata el último informe de la OCDE 'Pensions at a glance 2023' publicado este miércoles, en el que la organización internacional se hace eco de las proyecciones elaboradas por la Airef en marzo. El texto, en el que no se dedica un apartado específico a España pero sí se recoge una serie de comentarios sobre las implicaciones de la última norma, pone el foco en el cambio que supone que las pensiones se hayan vuelto a vincular a la evolución del IPC, decisión a la que atribuyen la mayor parte del incremento del gasto público a la vez que recuerdan que España sigue siendo uno de los pocos países que no tienen en cuenta la totalidad de la carrera laboral para calcular la nómina de la prestación.
"Dado que se prevé que el gasto en pensiones de España crezca rápidamente hasta 2049, el fuerte aumento de la base máxima de cotización combinado con un incremento limitado de la pensión máxima ayudará a financiar los gastos. Sin embargo, los ingresos adicionales solo cubren parcialmente los crecientes gastos derivados principalmente de la reintroducción de la indexación de precios: se prevé que los gastos anuales aumentarán en un 2,4% del PIB, lo que resultará en un alza proyectada del déficit de un 1,1% del PIB en 2050" advierte el grupo de las economías más fuertes. Este aumento del gasto marcado por la vinculación al IPC sería casi equivalente al que el Ministerio de Seguridad Social estima que tenga el conjunto de la reforma, al pasar de un 12,19% del PIB en 2023 al 14,72% en 2050.
Precisamente la OCDE se hace eco de la advertencia lanzada por el organismo que preside Cristina Herrero un día antes de que se confirme la subida que tendrán las pensiones públicas -contributivas y no contributivas- en 2024, cuando el INE haga público este jueves el dato definitivo del incremento que han experimentado los precios en los últimos 12 meses. De acuerdo con el dato avanzado, parece que el alza será del 3,8% en términos generales, aunque las nóminas de las pensiones mínimas tendrán aumentos adicionales que oscilarán entre el 7% y el 14% tal y como adelantó La Información y confirmo la ministra Elma Sainz en una entrevista concedida a Efe.
Además, la vinculación con el IPC se suma a que el número de pensionistas crecerá hasta alcanzar el punto de tensión que el Gobierno sitúa en el entorno de 2047 por el proceso de jubilación de la generación del 'babyboom', la más abundante. Por ello, el gasto invertido en estas prestaciones será uno de los principales retos a abordar por parte de España en un contexto de vuelta a las reglas fiscales a partir del 1 de enero de 2024. El Ministerio de Hacienda y Función Pública que tutela María Jesús Montero es consciente de ello, como admitía este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al esbozar que la Seguridad Social no alcanzará los objetivos de déficit hasta 2026, cuatro años más tarde que las Entidades Locales y dos más que las Comunidades Autónomas.
En esta ocasión, la OCDE no ha emitido recomendaciones específicas para España dado que ya advirtió hace menos de un mes que las medidas tomadas en la reforma de pensiones "es improbable que sean suficientes para equilibrar por completo el sistema" y que por tanto, requeriría nuevos cambios en la tasa de cálculo de las prestaciones. Pero sí ha recordado que la decisión del exministro de esta cartera José Luis Escrivá de no extender el periodo de cómputo sobre el que se calcula la pensión de acceso a la jubilación supone una excepción entre los países que conforman la organización -solo Colombia, Costa Rica, Francia, Portugal, Eslovenia y Estados Unidos tienen en cuenta parte de los años cotizados y no toda la carrera laboral-.
La Comisión Europea tendrá que revisar la reforma
La organización internacional insiste en que esta fue una exigencia específica de la Comisión Europea que en efecto, llevó al Gobierno a subir de los 25 años de carrera que se tenían en cuenta hasta ahora a 29 años, con la posibilidad de excluir los dos peores -es decir, en los que se hayan percibido salarios más bajos-. Esta decisión propició una intensa negociación parlamentaria dado que uno de los socios del Ejecutivo, Unidas Podemos, no estaba dispuesto a aceptarla por considerar que era un recorte de facto de las prestaciones públicas por lo que se adoptó esta fórmula flexible que comenzará a desplegarse en 2027, aunque la Seguridad Social se ha comprometido a elegir de oficio el cálculo que sea más favorable al contribuyente.
La reforma del sistema público de pensiones, aprobada en dos partes, la primera que se centraba en el gasto con el apoyo de la patronal y la segunda, que se focalizaba en los ingresos solo con el respaldo de los sindicatos tendrá que ser examinada por la Comisión Europea cuando el Gobierno solicite el cuarto pago de los fondos europeos, que desde Moncloa van a solicitar en las próximas semanas a pesar de que admiten estar a la espera de que se resuelva la reforma del subsidio por desempleo que ha enfrentado a las carteras de Trabajo y Economía. Esta revisión será clave puesto que la norma ha recibido sendas críticas por parte de la Airef, Fedea o BBVA Research y parece probable que se tendrán que hacer ajustes en 2025 para equilibrar la balanza de gastos e ingresos a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
