Los gigantes españoles de la construcción, que a su vez pasan por ser los mayores contratistas de obras y servicios de las Administraciones Públicas, están dispuestos a poner toda la carne en el asador para quedarse con una porción importante de los 140.000 millones de euros en fondos europeos que llegarán a España en los próximos años para alentar la recuperación de la castigada economía española. Este jueves la patronal que los representa, Seopan, presentará en sociedad un ambicioso plan de construcción de infraestructuras prioritarias que plantea la movilización de 100.000 millones en inversiones en los próximos cinco años al calor del efecto tractor de la financiación europea, según confirman fuentes empresariales.
El objetivo de Seopan - como el de tantas otras organizaciones sectoriales y empresas particulares - es poner sus planes encima de la mesa de Presidencia del Gobierno antes de que Moncloa empiece a decidir cuáles serán los primeros proyectos que recibirán la financiación procedente de Europa ya en la primera mitad del próximo año. El sector considera que en esa carrera dispone de una importante ventaja competitiva, que es su capacidad para captar y movilizar recursos financieros. En las últimas semanas, las organizaciones empresariales, empresas, consultoras y despachos de abogados que han tocado a la puerta de Presidencia del Gobierno para presentar proyectos e interesarse por el potencial destino de los fondos europeos han recibido un mensaje muy claro de los colaboradores de Pedro Sánchez: el tema no va de cuánto dinero puede llevarse una empresa u otra, o un sector u otro para sus proyectos, sino de cuánto dinero están las empresas y sectores dispuestos a aportar para desarrollarlos, según dejó claro este pasado martes el director del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia, Manuel de la Rocha, en un encuentro en Servimedia.
El Gobierno les ha dejado claro también que su objetivo es 'levantar' cuatro euros de inversión privada por cada euro que se aplique de los fondos europeos. Un objetivo nada sencillo, pero que las grandes constructoras están dispuestas a cumplir...con creces. El plan de inversiones que presentará Seopan el próximo jueves plantea la ejecución de más de seis euros de inversión privada por cada euro de fondos europeos que se canalice hacia la construcción de alguna de estas 'infraestructuras prioritarias'. Las grandes cifras las ha avanzado el secretario general de la asociación, Javier Montero, en un encuentro restringido en CEOE para dar a conocer a los socios los aspectos fundamentales del borrador de Real Decreto del Gobierno que aspira a regular la distribución de los fondos europeos.
El plan de las grandes constructoras pasa por captar nada menos que 13.000 millones de euros de los 75.000 millones en transferencias directas que España recibirá de Europa en el trienio 2021-2023 y por el que estos días se pelea la práctica totalidad del tejido productivo doméstico. Esa palanca financiera serviría para movilizar más de 87.000 millones de euros en inversión privada, suficientes para abordar la ejecución de cientos de proyectos de seguridad vial, agua y saneamientos, calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, conservación de carreteras, infraestructuras de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística, que han sido señaladas como prioritarias en informes de organismos internacionales o nacionales y que forman parte del déficit en infraestructuras generado en la década de contención inversora que ha separado la gran crisis financiera de hace una década de la actual pandemia.
La poderosa movilización de recursos financieros privados no es la única baza que pretende explotar Seopan en este pulso por seducir a las autoridades gubernamentales, que al cabo serán las que decidirán el destino de los fondos europeos, en una centralización que tanto empresas como comunidades autónomas no han tardado en criticar. Las estimaciones realizadas por la asociación de contratistas apuntan a que los retornos económicos y sociales de estas inversiones serían muy potentes, y tal vez menos inciertos que los que el Gobierno calcula para las inversiones en digitalización o proyectos de eficiencia energética. Seopan asegura que esos 100.000 millones generarían 190.000 millones de euros de actividad económica, favorecería la generación de 1,4 millones de puestos de trabajo y dejarían en las arcas del Estado unos ingresos fiscales extraordinarios de 46.000 millones de euros, unas cifras difíciles de superar de ser ciertas.
El 'planning' del Gobierno no convence a las empresas
Todo eso, sobre el papel, porque el borrador de Real Decreto que ha circulado el Gobierno para aclarar el marco regulatorio y el procedimiento que estará vigente para la distribución de los fondos europeos no termina de convencer a las empresas, que opinan que no resuelve la insuficiencia de medios de la Administración para hacer frente a la gestión de tantos recursos, no da carrete a la iniciativa privada y no garantiza los principios de concurrencia y transparencia que deberían regir en el proceso.
Los expertos en Derecho Público que armaron la propuesta que CEOE trasladó al Gobierno, a petición de éste, consideran que la norma no ha resuelto del todo la complejidad administrativa para la firma de convenios entre empresas privadas y Administraciones Públicas, mantiene plazos excesivos para la adjudicación de contratos y subvenciones, centraliza demasiadas decisiones en el Gobierno y no resuelve las dudas respecto a la compensación económica a las empresas para garantizar su rentabilidad en las concesiones de larga duración, lastradas por la operativa de la Ley de Desindexación que el Gobierno ha decidido no tocar en ese Real Decreto.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios