Cerca de 100.000 viviendas se encuentran ocupadas de manera ilegal en España. Según los datos de un estudio del Institut Cerdà elaborado en 2017 más de 260.000 personas ocupaban viviendas de manera irregular, esta cifra equivalía al inmovilizado de hasta el 20% de los activos de vivienda pública. Con el objetivo de reducir esta situación, en julio de 2018 se aprobó la denominada Ley de Desahucio Exprés que agiliza el desalojo si el propietario es una persona física. A continuación analizamos cuáles son las herramientas concretas con las que cuenta el propietario para evitar a los 'okupas' y cómo echarlos cuanto antes.
En concreto, la ley de Desahucio Exprés es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que busca permitir a las personas físicas recuperar su vivienda de manera inmediata cuando haya sido privada de ella sin su consentimiento. Además de a las personas físicas, también reconoce este derecho a a las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
Estos propietarios podrán interponer la demanda contra los personas que hayan ocupado su inmueble de manera irregular, "desconocidos ocupantes" cuando se desconozcan los nombres, y que no tengan título suficiente para vivir en ella. Esto último implica cualquier contrato que autoriza a una persona distinta al propietario a vivir en una casa, por ejemplo, un contrato de arrendamiento o cesión del inmueble.
Cómo actuar
Antes de presentar la demanda, hay que tener en cuenta que esta debe pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de la vivienda, ya de que lo contrario los plazos para ejecutar el desahucio serían mucho mayores.
Una vez admitida a trámite la demanda se notificará a los 'okupas'. En concreto, la demanda se notifica a cualquier persona que esté en la casa y dispondrán de cinco días para presentar la documentación necesaria para acreditar que están residiendo en la vivienda de manera regular. Si los 'okupas' presentan un título válido no se produciría el desahucio inmediato, sino que habría que esperar a un juicio, donde las partes expondrán sus versiones y se decidirá sobre la validez y la continuación del contrato firmado entre las partes.
Cuánto se tarda en desalojar a los 'okupas'
Por el contrario, si no responden a la demanda o si la documentación entregada no es válida, el juez emitirá un auto para ordenar el lanzamiento, desalojo, de la vivienda. Este auto no admite recurso y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encuentren en ese momento en la vivienda. Por último se produce el desalojo de la vivienda en la fecha estipulada en el auto. Generalmente se realiza casi de forma inmediata, ya que no hace falta que transcurra el plazo de 20 días habitual en otros procedimientos.
Pese a que en estos casos no se ofrece una alternativa habitacional a los ocupantes, si estos lo consienten se notifica su situación a los servicios sociales, para que en un plazo de siete días puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.
El coste de echar a los 'okupas'
Pese a que la modificación de la normativa permite agilizar los trámites en favor de los propietarios, estos últimos igualmente tendrán que asumir los costes del proceso. En concreto, para echar los ‘okupas’ de una vivienda, el propietario deberá contratar como mínimo a un abogado y a un procurador y asumir sus tasas. Ambos deberán firmar la demanda interpuesta para que sea admitida a trámite.
A estos costes, habrá que sumar los impuestos para realizar este trámite junto a los posibles gastos al recuperar la vivienda, ya sea un cerrajero para cambiar la cerradura de la vivienda o cualquier otro profesional que será necesario si la casa ha sufrido desperfectos durante la ocupación ilegal.
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