El sector pesquero español estudiará "opciones legales" en relación con la decisión anunciada este jueves por la Comisión Europea de cerrar 87 zonas de pesca, aprobada el pasado junio por un acto de aplicación en el marco del Reglamento sobre acceso a aguas profundas, según ha informado Cepesca. Desde el sector se ha celebrado una reunión de urgencia para analizar esta decisión por parte de la CE y no se descarta la convocatoria de paros y concentraciones ante distintos organismos europeos y españoles.
Así, desde Cepesca indicaron que se coordinarán con otras organizaciones europeas a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que también se reunirá este viernes con carácter de urgencia. "A la espera de conocer el texto legal, el sector denuncia que este no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas", explicó la organización.
Cepesca apuntó que el acto de aplicación prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda, lo que tendría "unas consecuencias devastadoras". "La normativa impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico y, por tanto, a más de 10.000 pescadores", afirmó, al tiempo que señaló que en el caso español, afectaría a unos 500 buques de distintas modalidades de pesca de fondo: sobre todo, las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz, las de palangre de fondo -pincho y volanta- y arrastre de NEAFC (Gran Sol), y las de arrastre, palangre de fondo, volanta y rasco, y artes menores del Cantábrico Noroeste; en total unos 500 buques que capturan gamba, cigala, merluza, besugo, alfonsino y sable negro, entre otras especies, y más de 2.500 pescadores.
En este sentido, el presidente de EBFA, Iván López van der Veen, apuntó que ya preveían que la Comisión Europea "no iba a atenerse a razones" y por ello ya estaba convocada para este viernes una asamblea general de EBFA. "Consideramos que ha habido mucha arbitrariedad en la creación de esta normativa y también dudamos de que la Comisión tenga capacidad para tomar estas decisiones en algunos casos. Por tanto, queremos ver el texto legal para tomar decisiones", añadió.
En concreto, Bruselas ha dado luz verde al cierre del acceso de la flota de arrastre a 87 zonas de protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental tras adoptar una norma a la que se oponían España e Irlanda, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros. "Al cerrar el acceso a las artes de pesca de fondo al 17% del área entre 400 y 800 metros de profundidad en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, estamos cumpliendo nuestro compromiso de proteger y restaurar la vida marina", ha explicado el comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
La decisión implica prohibir el acceso a la pesca de arrastre a una superficie de 16.419 kilómetros cuadrados de reservas para la protección de ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 metros, lo que presenta el 1,16% de las aguas comunitarias en el Atlántico Nororiental. El veto afecta a los buques equipados con artes de fondo como redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas y almadrabas, según ha explicado el Ejecutivo comunitario y entrará en vigor veinte días tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. "Cuatro años más tarde finalmente estamos implementando una de las disposiciones clave del Reglamento de Acceso a Aguas Profundas", ha agregado Sinkevicius.
La Comisión Europea ha dado luz verde al reglamento de aguas profundas en el Atlántico Nororiental, después de haber sido sometido a votación el pasado junio en el Comité de Pesca y Acuicultura a través de un acto de implementación que no obtuvo la mayoría requerida para salir adelante, con los votos en contra de España e Irlanda y las abstenciones de varios países. En este marco, la decisión quedó en manos de la Comisión Europea que ha dado luz verde a la regulación que protege a 57 ecosistemas vulnerables de aguas profundas del Atlántico Nororiental, donde habitan especies como corales o anémonas, una norma que ha suscitado el rechazo del sector pesquero.
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