La eólica marina exige cambios legales para no quedarse atrás frente al Báltico

Los jefes de Gobierno y ministros de Energía de ocho países del Mar Báltico sellaron un acuerdo este martes para potenciar la energía eólica marina o 'offshore' con el objetivo de alcanzar los 19,6 GW de potencia instalada en 2030, por ahora solo cuentan con 2,8GW, pero para el final de esta década podrían tomar la delantera si el resto de países comunitarios no actúan rápido. El Gobierno de España aprobó en diciembre de 2021 la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar, en la que se fijaba la meta de contar con entre 1 y 3 GW de capacidad de potencia. Sin embargo, su desarrollo está totalmente parado porque la guía no se ha visto acompañada de la aprobación de la normativa necesaria para que esta energía de sus primeros pasos en España.

Para el sector, el segundo semestre de 2022 es clave para que se pueda producir la primera subasta de energía eólica marina en el primer trimestre de 2023, como anunció el ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y es que a escasos cuatro meses de finalizar el año el Ejecutivo debe ponerse manos a la obra si quiere darle el impulso que necesita a esta energía. El director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Tomás Romagosa, identifica tres tareas pendientes que se deben abordar antes de poder celebrar la primera subasta y a las que se le debe dar prioridad si se quieren cumplir los objetivos fijados en la Hoja de Ruta: identificar las zonas donde es viable desarrollar esta energía en el espacio marino, armonizar la capacidad de acceso y conexión de dichas zonas y aprobar la normativa de tramitación de los parques eólicos marinos.

Romagosa explica que el marco regulatorio vigente se remonta a 2007 y está totalmente obsoleto. “Los objetivos que se marcan en la Hoja de Ruta son positivos y certifican que hay una serie de medidas tomadas, pero a muy alto nivel y es necesario aterrizarlas para que puedan ejecutarse”, señala en conversación con La Información. Desde el sector, llevan años transmitiendo esta demanda, pero tras el atisbo de avance se esconde la realidad de que es imposible llevar adelante proyectos eólicos marinos en España por la falta de desarrollo normativo. El experto considera urgente que se avance en el más corto plazo, para poder competir con los países que ya han iniciado su andadura. Muchos de ellos, tomaron la vanguardia con la eólica marina de cimentación fija, para la que las características geográficas de España no son las adecuadas, debido a la estrecha plataforma continental que hace que a pocos metros de la costa se den grandes profundidades.

“Tenemos el ecosistema perfecto para ser competitivos y es una pena que por falta de regulación otros países avancen más que nosotros y adquieran esa ventaja competitiva”

En cambio, la variante flotante constituye una gran oportunidad para España, ya que cuenta con cuatro zonas que reúnen los requisitos, fundamentalmente tener el viento necesario para la generación de energía. Estas son Galicia y la parte asturiana de la Cornisa Cantábrica, al norte de Cataluña en Gerona, el litoral más próximo al Estrecho de Gibraltar en Andalucía y las islas, en especial en Gran Canaria y Tenerife, explica Romagosa. Las zonas ‘ideales’ para su desarrollo están identificadas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), pero estos aún están pendientes de ser aprobados, ya que deben analizarse las incompatibilidades medioambientales o de otro tipo que pueden presentar estas áreas.

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Además, España cuenta con otra ventaja, la que a ojos de Romagosa debería ser impulsada como estrategia país para constituirse como una potencia tecnológica. “Tenemos promotores con experiencia offshore con mucho interés en desarrollar este tipo de proyectos aquí, somos el primer país en patentes, con unas 13 de las cerca de 50 que hay en todo el mundo, y además tenemos una red de astilleros y empresas capaces de construir los componentes de dimensiones muy elevadas requeridas para estos parques, tanto en el acero como en hormigón”. Romagosa también destaca la red de puertos con la que cuenta el país, que deben servir de nodo logístico para el desarrollo de esta energía. “Tenemos el ecosistema perfecto para ser competitivos y es una pena que por falta de regulación otros países avancen más que nosotros y adquieran esa ventaja competitiva”, reprocha.

Además, Romagosa entiende como fundamental que se coordine la identificación de zonas con la disponibilidad de conexión a la red de transporte en tierra para que la energía pueda llegar a los puntos de consumo. “En la normativa de 2007 se recogía que al ganador del concurso se le garantizaba el acceso al punto de conexión, pero el desarrollo de la marina es diferente a la eólica en tierra, el mar no está sujeto a la propiedad privada y es un bien de uso común”, explica. Esto conlleva que esté sujeto a un régimen de concesiones diferente, que hace necesario que el proyecto esté planificado con antelación, ya que no existe la posibilidad de “irse a la parcela de al lado” si no se consigue un acuerdo con un propietario privado, como ocurre en el caso de la eólica convencional.

Esta energía enfrenta unos meses clave, dado que el grado de desarrollo en el próximo medio año podría condicionar de manera irrevocable que España avance y sea competitivo en el mercado de la energía verde, al igual que ya lo ha hecho en la eólica terrestre o en el plano fotovoltaico. “Es frustrante ver que se está desaprovechando una gran oportunidad de ser líderes en un sector en el que ya lo somos en tierra y se podría replicar perfectamente en la eólica flotante, que va a ser una de las energías que más va a despegar en la próxima década”, concluye. El Gobierno se propuso, hace más de un año y medio, generar el 40% del objetivo comunitario para esta energía, para lo que preveía invertir 200 millones de euros hasta 2023, sin embargo, las reformas que lo harían posible permanecen en el tintero.