El PP recurre a la política de vivienda para hacer oposición a Sánchez desde las CCAA

Salvo sorpresa, el partido que ganó las últimas elecciones generales no encabezará el nuevo Gobierno, como ha quedado constatado este miércoles tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, los comicios autonómicos decantaron este nivel de gobierno a favor del Partido Popular, una posición que utilizará para hacer oposición al nuevo ejecutivo que presumiblemente volverá a estar liderado por Pedro Sánchez, mientras el PSOE flaquea en el mapa territorial. En este contexto, la política de vivienda se constituye como un as bajo la manga de los 'populares' frente a una Ley de Vivienda que está descafeinada a falta de desarrollo del índice de precios del alquiler. 

Los dirigentes del PP mostraron su negativa a la norma estatal desde que se hicieron públicas las primeras negociaciones entre los grupos progresistas para sacarla adelante -ERC, EH-Bildu, Unidas Podemos y Más País- y ha llevado a tres de ellos a presentar recursos contra el Tribunal Constitucional (Andalucía, Madrid y Baleares), así como a 50 de los diputados que integraban el Grupo Parlamentario Popular en la anterior legislatura. El Alto Tribunal decidió el martes admitir a trámite los tres recursos junto al presentado por el Parlament de Cataluña, dado que los cuatro incidían en la posible invasión de competencias de la ley aprobada en mayo. 

No obstante, la norma impulsada por el departamento de Raquel Sánchez constituye solo una de las patas de la política de vivienda promovida por el Ejecutivo central, ahora en funciones, que también puso en marcha los créditos ICO para garantizar el acceso a la vivienda a los jóvenes que cuentan con un salario que les permitiría hacer frente a una hipoteca, pero no han podido ahorrar el importe correspondiente a la entrada del piso. Además prometió destinar a alquiler social los pisos de la Sareb (unos 50.000 inmuebles) y engrosar el parque público de vivienda hasta alcanzar los 183.000 pisos a lo largo de esta legislatura. 

Este modelo ha sido trasladado y en ocasiones implementado antes por algunos de los territorios gobernados por el PP. La Comunidad de Madrid lanzó en 2022 el programa 'Mi Primera Vivienda' en colaboración con diferentes entidades bancarias para cubrir un 95% de los préstamos hipotecarios, destinado a menores de 35 años. En la misma línea se ha diseñado el plan 'Garantía Vivienda Joven' aprobado por la Junta de Andalucía hace apenas tres semanas y que también cubrirá el 95% del préstamo. Estos territorios tampoco se han quedado atrás a la hora de prometer nuevas viviendas públicas, tanto a nivel autonómico como municipal, el alcalde de la capital se ha marcado el objetivo de impulsar la construcción de 12.000 inmuebles. 

Deducciones en el IRPF y rebajas en el ITP

No obstante, los líderes 'populares' también salen del plano marcado por el Ejecutivo central -ahora en funciones- para recuperar fórmulas que habían sido descartadas por el importante coste que tuvieron en el pasado para las arcas públicas y su posible contribución a la burbuja inmobiliaria: las deducciones en el IRPF por la compra de la primera vivienda. Este ha sido el caso de La Rioja donde hubo un cambio de color en el Gobierno tras el 28-M. El presidente, Gonzalo Capellán, anunció este lunes la medida destinada a paliar la subida del euríbor que supondrá una deducción del 15% hasta un máximo de 5.000 euros al año. El Ejecutivo con sede en Logroño calcula que la deducción sobre la vivienda y otra para el deporte supondrán un ahorro de 10,8 millones de euros para sus ciudadanos (y que el territorio dejará de ingresar). 

El gobierno valenciano de Carlos Mazón también ha incluido la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 35 años que compren una vivienda de menos de 180.000 euros en el anteproyecto de medidas fiscales. El tipo actual era del 8% y a finales de 2023 pasaría a ser del 6%, una rebaja que ha cifrado en 14,7 millones de euros al poder beneficiar a más de 15.000 jóvenes. Este grupo social también se ve beneficiado por un ITP reducido del 3,5% en Andalucía si adquieren una vivienda habitual con un valor inferior a 150.000 euros, el Gobierno de Juanma Moreno ha cifrado este ahorro fiscal en 82,2 millones de euros.

El gobierno de coalición de Extremadura, integrado por Vox y PP, también se ha sumado a las medidas de sus compañeros de partido con la eliminación del impuesto a los grandes tenedores aprobado por el ejecutivo socialista anterior y que no había llegado a entrar en vigor. Mientras que en Aragón, el equipo de gobierno formado por los dos partidos de derecha ha transmitido que la política de vivienda se centrará en los menores de 35 años. "Van a tener un tratamiento especial por parte de este gobierno para el tema de la vivienda desde todos los puntos de vista", sostuvo el consejero de Movilidad y Vivienda en declaraciones a Cadena Ser, si bien por el momento no han confirmado las políticas que pondrán en marcha.