El Partido Popular promete que desbloqueará el proceso de concesión de permisos para la instalación de proyectos renovables. Para ello impondrá una 'tasa por hito' que, con cargo al promotor del proyecto, financie el coste extra que produce el atasco burocrático en la Administración y que así esta pueda agilizar la gestión de los expedientes. Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo afirma que mapeará todo el territorio nacional para determinar las mayores o menores necesidades de evaluación ambiental que se requiera en cada zona.
Así lo recoge el programa electoral con el que concurrirá a las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio, presentado este martes. La medida llega después de que el Gobierno se haya visto obligado a dar una prórroga de seis meses para que los promotores de proyectos renovables acrediten la autorización de administrativa de construcción y no mueran 43 gigavatios (GW) en plena campaña.
Desde el sector lo ven como "una patada hacia delante" que no arregla el problema de fondo, que, en su opinión, no es otro que conseguir la autorización administrativa de explotación definitiva a tiempo. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo, pero desde el sector advierten de que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar prácticamente construidos para finales de 2024 o principios de 2025 para entrar en plazo, algo que el sector energético y los proveedores ven muy complicado ante los problemas que está experimentando la cadena de suministro como consecuencia de la explosión 'verde'.
Más vida a la nuclear
Otra de las medidas por las que apuesta el Partido Popular y que ya era conocida es la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, "con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear". Ahora el dilema está en si podrá asegurar la rentabilidad que demandan las eléctricas que operan dichas centrales. Actualmente, el apagón nuclear está programado hasta 2035, según lo pactado entre las empresas propietarias de las centrales y el Ministerio para la Transición Ecológica.
Las cuatro grandes empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP España) firmaron su compromiso para el apagón nuclear en marzo de 2019. Los reactores dejarán de funcionar de manera escalonada entre 2027 y 2035. A la central de Trillo se le acaba el permiso de actividad el 17 de noviembre de 2024 y no podrá operar más si Iberdrola (dueña de la planta) no solicita la renovación de la autorización y se le concede. Tiene hasta un año antes para hacerlo. Por su parte, está previsto que las tareas de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz comiencen en 2031, tres años después del cese de su actividad productiva.
Por otro lado, el partido de Feijóo plantea en su hoja de ruta para el 23-J "acabar con las medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista de la electricidad", haciendo alusión a la 'excepción ibérica' y al límite de los ingresos extra que obtienen las eléctricas por la generación nuclear, hidroeléctrica y parte de las renovables. "España tiene que estar en el centro del debate energético de la UE y no en la política energética que nos ha aislado regulatoriamente de las propuestas por la UE, provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el sector energético", señala el programa, que tiene un total de 119 objetivos.
Pese a que desde la oposición y el sector privado se ha venido denunciando inseguridad jurídica, el último informe Renewable Energy Country Attractiveness Index (Recai), elaborado por la consultora EY, mantiene a España como el octavo país del mundo más atractivo para invertir en renovables, por detrás de Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Francia, India y Australia.
Otro asunto en materia de energía que ha traído cola este año ha sido el bono social eléctrico y térmico. Tras conocerse que determinados políticos lo recibían por su condición de familia numerosa y aun contando con ingresos altos, el PP propone ahora unificarlo bajo un Bono Social Único (BSU). Se ejecutaría como un pago único al consumidor y será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas. En este sentido, subraya que obligará a las comercializadoras a estandarizar una "amplia oferta" de productos en el mercado libre (con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas y tarifas planas) para todos los clientes en baja tensión.
El programa también recoge un impulso a la electrificación y la descarbonización de la economía, así como al almacenamiento de energía renovable "mediante un mecanismo de capacidad y condiciones flexibles de acceso y conexión". En la misma línea, y con el objetivo de descarbonizar los sectores difícilmente electrificables, apostará por el biogás, el biometano, los eco combustibles y la biomasa. Otro vector energético que será importante para el PP es el hidrógeno verde. "Utilizaremos nuestra ventaja competitiva en energías renovables para la producción de hidrógeno verde que fomente la reindustrialización española", indica el documento, aunque sin entrar en detalle de cómo lo hará.
Interconexiones eléctricas
Finalmente, en materia energética, desde Génova apuntan que acelerarán el desarrollo de las interconexiones eléctricas "bajo criterios técnicos y económicos que aseguren un reparto proporcional del coste en base a los beneficios a cada sistema eléctrico interconectado". El grado de interconexión del sistema eléctrico ibérico con el resto de Europa se encuentra por debajo de los objetivos establecidos por la normativa comunitaria y, en 2023, España será el único miembro de la UE que no cumplirá con la meta (que se tendría que haber alcanzado ya en 2020).
En concreto, la interconexión que permite intercambiar energía a España con el resto de los países miembros de la UE, excepto Portugal, se realiza a través de Francia y alcanza el 2,8%. Aun contando con la interconexión con el país vecino, se queda en un escaso 5%. El Ejecutivo comunitario recomendó a todos los países alcanzar ya en 2020 este mínimo del 10% y, actualmente, la meta establecida para 2030 se eleva al 15%. Todo ello con el objetivo de acabar con los sistemas aislados y promover una red unificada que permita un suministro eléctrico más seguro, limpio y económicamente eficiente. En este sentido, a España le quedan muchos deberes por hacer.
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