Las energías renovables son el camino hacia la descarbonización y en España suponen ya más de la mitad de la capacidad eléctrica instalada. Según datos de Red Eléctrica, las fuentes 'verdes' de generación (hidráulica, hidroeólica, eólica, fotovoltaica, solar térmica, residuos renovables y otras renovables) suman una potencia de 71.971 megavatios (MW), lo que supone el 60% del total del sistema eléctrico nacional.
El operador del sistema eléctrico prevé así que las renovables generen la mitad de electricidad este año y gran parte de 'culpa' la tiene el actual Gobierno. Desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa en junio de 2018, fruto de una moción de censura al Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, se han desplegado alrededor de 27.000 MW de energía eólica, solar fotovoltaica, autoconsumo, solar térmica, hidráulica, biomasa y otras fuentes hasta 2022, según datos de Red Eléctrica y de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables). En comparación con los años que Rajoy estuvo al frente del Gobierno, es un 456% más, es decir, significa quintuplicar los 4.853 MW que se instalaron entre 2012 y 2018.
El parón renovable durante los dos gobiernos anteriores del Partido Popular se debió a la moratoria sobre la concesión de ayudas para nuevas plantas renovables que introdujo José Manuel Soria en 2012 como ministro de Industria, Turismo y Energía. El objetivo era contener el déficit de tarifa y, en consecuencia, frenó en seco el desarrollo de plantas solares y eólicas. Las primas a las renovables las puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 bajo el Real Decreto 661/2007, el cual les garantizaba, con ciertas condiciones, una rentabilidad del 7%. No obstante, tan solo tres años después comenzó a aplicar los recortes que luego continuó el PP.
Por otro lado, Soria, que acabó trabajando para el desarrollador fotovoltaico británico Island Green Power, también aprobó un Real Decreto sobre autoconsumo que incluyó un peaje de respaldo, el conocido como el 'impuesto al sol', que debía pagar el autoconsumidor por gastar la energía que generaba con su propia instalación. De su lado, con Teresa Ribera al mando del ministerio para la Transición Ecológica, España se ha consolidado como una de las potencias mundiales en energías renovables.
"Por fin este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayoría de observadores internacionales"
En 2018, el Gobierno actual puso fin al polémico 'impuesto al sol' e introdujo una serie de medidas para favorecer el autoconsumo, entre las que destacaron una simplificación de los trámites como la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica para aquellas con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW) y el derecho al autoconsumo compartido. "Por fin este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayoría de observadores internacionales", celebró Ribera en su día. A cierre de 2022, más de 298.000 viviendas y 54.000 instalaciones en empresas generaban desde sus tejados el equivalente al 1,8% de la demanda eléctrica nacional, según el I Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaica de Appa Renovables. En total, en 2022 se instalaron en España 2.649 MW de autoconsumo: 1.024 MW en hogares y 1.625 MW en empresas.
La Hoja de Ruta del Autoconsumo aprobada por el Gobierno en diciembre de 2021 prevé un "escenario objetivo" de 9 GW para 2030 y otro de "alta penetración" de 14 gigavatios. La explosión por las renovables y la actual crisis energética ha obligado a elaborar una actualización del documento con metas más ambiciosas, en línea con el incremento de los objetivos climáticos aprobados en el ámbito de la Unión Europea (UE) para 2030. Por otro lado, el ministerio también ha creado una división específica para desatascar la tramitación de proyectos renovables, tras el lío que se montó con las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
Ampliar hitos renovables
En este sentido, está valorando ampliar los plazos en los hitos para el desarrollo de los proyectos renovables, que tienen hasta el 25 de julio para obtener la autorización administrativa de construcción. No obstante, tal y como publicó este medio a finales de enero, lo complicado se centrará en la autorización administrativa de explotación definitiva. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo y desde el sector advierten que aquí es donde se producirá el "verdadero cuello de botella".
Las mismas fuentes explican que Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación, por lo que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar ya construidos para finales de 2024 para entrar en plazo. Este último requisito es el que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación. El plazo necesario para la construcción de una instalación fotovoltaica se sitúa en unos 18 meses, mientras que para una instalación eólica se incrementa hasta los 24 meses.
Pese a que el sector privado ha venido denunciando inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria, el último informe Renewable Energy Country Attractiveness Index (Recai) mantiene a España como el octavo país del mundo más atractivo para invertir en renovables, por detrás de Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Francia, India y Australia. Además, España fue el país europeo donde más acuerdos de compraventa de energía se cerraron el año pasado. En concreto se firmaron 31 contratos PPA (Power Purchase Agreement) por valor de 3,2 GW de capacidad renovable, según el informe European PPA Market Outlook 2023 realizado por Pexapark.
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