El Ministerio para la Transición Ecológica ha extendido seis meses el plazo otorgado para la acreditación de la obtención de la autorización de construcción a los titulares de proyectos renovables y almacenamiento con permisos de acceso posteriores al 1 de enero de 2018. La fecha límite era el 25 de julio y la prórroga llega tras el enorme atasco que ya generó a principios de año la obtención de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs).
Así lo han avanzado a La Información fuentes gubernamentales y lo ha confirmado la cartera que dirige Teresa ribera en un comunicado tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. el Real Decreto-ley 'ómnibus' también introduce la figura de comunidades de energías renovables. La Administración se vio obligada en enero a pegar una acelerón a la tramitación del informe medioambiental para que miles de megavatios 'verdes' no perdieran los permisos de acceso y conexión a la red. El siguiente paso que tuvieron que solventar los promotores era conseguir la autorización administrativa previa, con fecha tope el 25 de abril. Esta concede el derecho a realizar una instalación concreta y en unas determinadas condiciones.
Posteriormente, con otros tres meses de margen, hasta el 25 de julio, debían obtener la autorización administrativa de construcción y aquí es donde se ha vuelto a generar atasco, pese a que el sector lo veía un paso "bastante salvable" y no esperaba que generara un nuevo caos. El siguiente paso será la autorización administrativa de explotación definitiva. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo. Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación, por lo que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar ya construidos para finales de 2024 para entrar en plazo. Este último requisito es el que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación.
"El volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos"
Transición Ecológica reaccionó ante el atasco burocrático de los proyectos renovables después del lío con las DIAs creando la División de Proyectos de Energía Eléctrica. "El volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de la tramitación de los proyectos, lo que ha generado importantes retrasos en los tiempos de tramitación y, paradójicamente, que el ritmo de la potencia renovable que entra en servicio cada año se haya ralentizado", señala la Orden TED/189/2023, de 21 de febrero.
El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW o afecta a dos o más comunidades autónomas, mientras que esta últimas se encargan cuando la capacidad es inferior. Los promotores deben presentar unas garantías económicas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución y la caducidad de los procedimientos de autorización supone la ejecución de estas. No obstante, en este caso, al ser un fallo administrativo, sería la propia Administración Pública quien tendría que compensar al promotor.
43 GW pendientes
Según el Ejecutivo, en la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia (el 80% fotovoltaica y el 20% eólica) que debían obtener la autorización de construcción antes del 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el RDL 23/20.
Por otro lado, el Real Decreto-ley modifica las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, "introduciendo unos valores más acordes a la situación actual de los mercados que reflejan de una manera más fiel los ingresos y costes de estas instalaciones". Esta medida incrementará en 180 millones los ingresos regulados de las instalaciones renovables en 2023, a lo que se añaden otros 20 millones para las plantas de cogeneración a computar en el primer semestre.
Asimismo, el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician las empresas electrointensivas desde el 1 de enero de 2022. La medida se acompaña de una disposición por la que se habilita al traspaso a 2023 del superávit de 6.000 millones de euros del sistema eléctrico del año pasado, lo que permitirá su financiación sin que conlleve coste presupuestario ni incremente la factura de los consumidores.
Compra de coches eléctricos
En el Real Decreto-ley para prorrogar algunas anticrisis que caducaban el 30 de junio, también se ha incluido una simplificación de la tramitación administrativa para la instalación de infraestructura de recarga para coches eléctricos. En concreto, se declaran de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 MW, eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el fin de semana una desgravación en el Impuesto de la Renta de las personas físicas (IRPF) del 15% para la compra de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre de 2025. El máximo de la deducción, que se podrá aplicar desde el momento de adquisición del vehículo, será de 20.000 euro
El Consejo de Ministros también ha acordado remitir a Bruselas el borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), para lo que este mismo miércoles abrirá el proceso de consulta pública sobre el documento, con el objetivo de tenerlo finalizado en junio de 2024, según ha precisado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
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