La expresión "nunca llueve a gusto de todos" suele repetirse en el sector energético y en esta ocasión no iba a ser menos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha otorgado una prórroga de seis meses para que los promotores de proyectos renovables acrediten la autorización de administrativa de construcción y las fuentes consultadas lo valoran a medias. Agradecen la iniciativa del Ejecutivo, pero la ven como "una patada hacia delante" a 43 gigavatios (GW) que podían haber decaído en plenas elecciones generales.
Las mismas fuentes consideran que la medida no arregla el problema de fondo, que, en su opinión, no es otro que conseguir la autorización administrativa de explotación definitiva a tiempo. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo, pero desde el sector advierten de que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar prácticamente construidos para finales de 2024 o principios de 2025 para entrar en plazo, algo que el sector energético y los proveedores ven muy complicado. Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación. Este último requisito es el que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación.
En este sentido, aseguran que los promotores irán "muy apurados" ante los problemas que está experimentando la cadena de suministro como consecuencia de la explosión 'verde'. Las fuentes explican que, por ejemplo, en el caso de los transformadores de tensión pueden tardar hasta 24 meses en recibirlos. "La elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica", reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica.
Hasta 18 meses para construir
Hay que tener en cuenta que una planta fotovoltaica puede tardar en construirse entre seis y 12 meces en función del tamaño, mientras que el plazo para los parques eólicos se eleva a entre 12 y 18 meses. Así, las fuentes consultadas dudan de que para el 25 de junio de 2025 se puedan poner en marcha la cantidad de proyectos que están en juego y defienden que hubiera sido más favorable ampliar el último hito. La cartera que dirige Teresa Ribera ha optado finalmente por dar más tiempo para conseguir la autorización de construcción debido a que muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.
Deste Transición Ecológica subrayan que así también se facilita la participación pública en la nueva configuración de los proyectos y se aumenta las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, insisten desde el Ejecutivo. Según el Real Decreto-leyL 23/2020, la no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supone la ejecución de las garantías presentadas por el promotor. Sin embargo, si se produce un fallo administrativo por atasco burocrático, sería la propia Administración Pública quien tendría que compensar al promotor.
Red Eléctrica, en su condición de operador del sistema eléctrico, es quien publica las capacidades de acceso de los nudos que conforman la red de transporte para la conexión de futuras instalaciones de generación renovable. La última actualización tuvo en cuenta los escenarios planteados en la planificación eléctrica con horizonte 2026 aprobada en marzo 2022. Transición Ecológica viene denunciando movimientos especulativos por parte de determinados agentes que inician los primeros pasos en las tramitaciones y luego no les dan continuidad.
La cartera de Ribera gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW o afecta a dos o más comunidades autónomas, mientras que esta últimas se encargan cuando la capacidad es inferior. El Gobierno ya aprobó en diciembre de 2021 una extensión de plazo por 9 meses adicionales para la obtención de la DIA y Ribera se negó en varias ocasiones a dar otro aplazamiento pese a que la administración estaba completamente desbordada y a la petición por activa y pasiva del sector. Reaccionó ante el atasco burocrático después del lío con las DIAs creando la División de Proyectos de Energía Eléctrica.
Entre las empresas que comunicaron obtener DIAs favorables destaca Naturgy, con luz verde ambiental para 18 proyectos eólicos y fotovoltaicos, que suman una potencia total de más de 1,3 GW. Endesa también la recibió para la construcción del parque eólico Galatea, ubicado en la Jonquera (Girona) y que será el primero que construya en Cataluña. Por su parte, Opdenergy ha logrado la autorización administrativa previa favorable (el siguiente hito a la DIA) para la totalidad de sus proyectos en España, que suman 2,32 GW.
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