Nuevo cerco del Ministerio para la Transición Ecológica a comercializadoras de luz y gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido sendos informes en los que avala el 'veto' a seguir operando a Solelec Ibérica, Seven Trade Solutions, Frasead Comercializadora, Wego Energy y Henar Energía tras la detección de irregularidades por parte de la cartera que dirige Teresa Ribera.
En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas acordó el 23 de mayo el inicio del procedimiento por el que se inhabilita a Solelec para la venta de gas natural y el posterior traspaso de sus clientes a un comercializador de último recurso. El organismo adscrito a Transición Ecológica ha recibido varios comunicados de Enagás, en calidad de operador del sistema gasístico, en los que se expone el incumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de las operaciones de contratación de capacidad. A la empresa se le requería 24.323 euros en concepto de reposición de las garantías para clientes conectados a redes de distribución correspondiente al segundo periodo de 2023 y cumplido el plazo (el 16 de mayo) no las ha constituido.
La propuesta de orden de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de comercialización de Solelec es por un periodo de 2 años. Aunque Competencia da el visto bueno al 'veto', subraya que cabría valorar la posibilidad de que la compañía acreditase la reposición de garantías durante la tramitación de este procedimiento, sin incurrir en impagos adicionales, "teniendo en cuenta que los incumplimientos con el sistema gasista son de pequeña entidad económica y que la comercializadora está reduciendo su cartera de clientes". "En caso de que no se produzca esta acreditación, y teniendo en cuenta los antecedentes de Solelec como comercializadora de electricidad, la CNMC considera apropiada la inhabilitación y el traspaso de sus clientes a los comercializadores de último recurso", matiza el organismo. Solelec ya ha sido inhabilitada como comercializadora de electricidad.
Comercializadoras de luz y gas en la lista negra
Por su parte, Seven Trade Solutions tampoco habría cumplido con la obligación de prestar las garantías que exige el operador del sistema eléctrico, es decir, Red Eléctrica. De hecho, desde noviembre del año pasado aparece en el listado de sujetos con incumplimiento de la obligación de pago, "generando desde esta fecha pérdidas a los sujetos acreedores de las liquidaciones del operador del sistema". Los impagos acumulados son confidenciales. La empresa ha realizado pagos fuera de plazo y también se le han ejecutado garantías por cantidad que no es pública, pero aun así no ha podido cubrir las pérdidas acumuladas.
En este sentido, "con el fin de minimizar los perjuicios para el sistema y para proteger a posibles consumidores que potencialmente podrían empezar a ser suministrados por esta comercializadora", la propuesta de resolución para la inhabilitación incluye medidas cautelares como la prohibición del traspaso de los clientes a cualquier otra empresa del mismo grupo o a compañías vinculadas al mismo (las que posean o hayan tenido un mismo administrador), mientras que las distribuidoras tampoco podrán tramitar nuevas altas de clientes o cambios de comercializador en favor de Seven Trade Solutions. También se eliminarán las ofertas en el comparador de la CNMC. Estas medidas cautelares serían finalmente ratificadas si la inhabilitación y la resolución de traspaso fueran firmes.
El informe del Consejo de la CNMC concluye que Seven Trade Solutions habría incurrido hasta en tres causas de inhabilitación: el pago de los peajes de acceso a la red y de los cargos; la compra de energía para los consumidores en el mercado (desde julio de 2022 no ha realizado ninguna) y acreditar la capacidad económica. En este sentido, asegura que la inhabilitación limitaría los posibles impagos adicionales que pudieran derivarse de su falta de garantías. Lo mismo ocurre con Frasead Comercializadora, Wego Energy y Henar Energía. Para que el inicio del procedimientos de inhabilitación sea totalmente efectivo tiene que publicarse aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista son los culpables de que muchas comercializadoras independientes hayan quebrado tras no poder hacer frente a los pagos. Bajo este contexto, a finales de 2021, la CNMC aprobó medidas para aliviar las cargas financieras a estas compañías y consumidores directos en sus operaciones de compra y venta en el mercado eléctrico. También modificó las reglas de los mercados eléctricos diario e intradiarios, e incorporó un mecanismo de pago anticipado, previo a la emisión de las liquidaciones semanales, que permitió a las comercializadoras que compran energía en el mercado liberar sus obligaciones de pago antes de la fecha de vencimiento de las facturas. Un año después adoptó nuevas medidas para aliviar la presión financiera, entre las que destacaba la eliminación la de la garantía operación adicional intramensual.
Con la puesta en marcha de la 'excepción ibérica' (el 15 de junio de 2022), las comercializadoras tuvieron presentar un mayor respaldo económico para poder participar en el 'pool'. El volumen de garantías, a grandes rasgos, debe cubrir las obligaciones de pago resultantes de la actividad semanal. Las comercializadoras independientes también están teniendo una mayor dificultad para acceder a avales bancarios.
Una de las medidas que planteó Transición Ecológica para intentar campear la crisis que sufren estas empresas fue la de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía 'barata' entre ellas y la industrias. Sin embargo, la puja nunca se ha llegado a celebrar pese a contar con el apoyo de la propia CNMC. La idea era forzar a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a que ofertaran parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año. La primera puja tendría que haberse dado antes de que terminara 2021, según el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre.
Postura de la patronal
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) defiende que esta medida "fomentaría la contratación a plazo por parte de los comercializadores no tradicionales, mientras se mantenga el contexto de incremento de la concentración del nivel del mercado minorista y la reducida liquidez de los mercados a plazo". La patronal, de la que forman parte empresas como Acciona, Engie España, Factorenegía, Feníe Energía o TotalEnergies, entre otras, recordó que la puja es una petición que "lleva meses solicitando al Ministerio de Transición Ecológica con el objetivo de alcanzar una competencia más equitativa con las grandes empresas verticalmente integradas, y que está pendiente de implantación desde 2021".
En agosto del año pasado, el ministerio de Ribera ya inhabilitó durante un año a Elektron Comercializadora de Energía, Kipin Energy, Relax Energía y Simples Energía de España y sus clientes pasaron a un comercializador de referencia. En España hay ocho, que son las que ofertan la tarifa regulada o el denominado Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). De estas, seis actúan en la península ibérica, Canarias y Baleares, mientras que hay dos específicas para Ceuta y Melilla. En concreto, son Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser COR (EDP), Régsiti (Repsol), CHC COR (CHC), Teramelcor (Gaselec Diversificación) y Energía Ceuta XXI (Endesa).
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