Sábado, 21.09.2019 - 13:08 h
El debate económico

Los candidatos riñen por los impuestos y se olvidan de los 3,3 millones de parados

La 'guerra fiscal' centra un debate deslabazado que pasa de puntillas por las pensiones y no deja ni una sola propuesta para impulsar el empleo.

Fotografía Pablo Casado / EFE
El candidato del PP, Pablo Casado, instantes antes del inicio del debate / EFE

Por orden de representación en el último Congreso de los Diputados y dejando para el final al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cosa fue más o menos así. Pablo Casado (PP) prometió la mayor revolución fiscal que se ha visto en España, con reducciones muy significativas de los tipos impositivos en el IRPF y el Impuesto de Sociedades junto a la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y el de Actos Jurídicos Documentados, para poner en el bolsillo de los españoles unos 700 euros por cabeza que hoy gestiona el Estado y que, si gobierna el PP, volverán a las cuentas corrientes de los españoles, al menos de los que tienen la obligación de tributar por el IRPF, que no son todos.

Pablo Iglesias (Unidas Podemos) abogó por bajar los impuestos a las clases medias, los autónomos y las pymes, "que ya pagan suficientes", y por subir la recaudación global a golpe de elevar los impuestos a los grandes patrimonios y a la banca, a la que acusó de no pagar por el Impuesto de Sociedades. Albert Rivera (Ciudadanos) prometió también terminar con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y por rebajar el IRPF a las clases medias. Pedro Sánchez, curiosamente, dado el activismo fiscal practicado durante sus nueve meses de Gobierno, no entró ahí de inicio, pero le metieron...

Porque vino la refriega. Casado acusó a Pedro Sánchez de 'cargar' 6.000 millones de euros extra en impuestos en solo nueve meses; Sánchez, por su parte, acusó a Casado de bajar los impuestos a los ricos a costa de los servicios sociales de los menos afortunados con un recorte fiscal de 18.000 millones de euros, que, ilustró, supone el 25% del gasto sanitario anual, un tercio del gasto educativo y todo el déficit del sistema público de pensiones. Albert Rivera cargó contra Casado por ser cómplice -votó a favor como diputado- de la mayor subida del IRPF y del IVA de la historia reciente de España y contra Sánchez e Iglesias por plantear un IRPF confiscatorio. Y Pablo Iglesias, de nuevo, blandió la Constitución y recordó que ésta establece que los impuestos están para financiar los servicios públicos y que deben ser progresivos y suficientes, algo que en su opinión no se cumple y debe ser corregido, imponiendo, por ejemplo, un recargo a la banca en el Impuesto de Sociedades para que empiece a devolver los 60.000 millones de euros, que según ha venido repitiendo Unidas Podemos durante toda la campaña la banca ha recibido para su rescate y que le toca empezar a devolver.

Ahí se fue buena parte del debate, con el PP y Ciudadanos tratando de recordar que ellos son los que bajan impuestos y Podemos recordando que para cumplir la Constitución hay que subir los impuestos a las grandes corporaciones y a los grandes patrimonios. A partir de ahí, una acumulación de cuestiones a medio camino entre los planteamientos de argumentario que ya han venido desgranando en la campaña y algún que otro capirotazo al oponente. 

Que no, que no, que el empleo sube más conmigo

España tiene 3,3 millones de parados y una tasa de desempleo del 14,45%, unas cifras casi sin parangón en el marco europeo y en el de los países desarrollados. El debate sobre el empleo sin embargo se deslizó hacia la refriega y no dejó ni una sola medida, objetivo estratégico o titular sobre la necesidad de crear empleo para acabar con esa pesada mochila del desempleo. El candidato del PP retorció la estadística para encontrar un dato llamativo, que el día que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en España se crearon 7.900 empleos, mientras que el día que dejó la Presidencia - se entiende que el día que anunció elecciones- se destruyeron 6.800 puestos de trabajo. Una forma original de decir lo que el PP sostiene desde hace años, que con el PSOE se destruye empleo y con el Partido Popular se crea. "Cuando el PSOE entra en la puerta del Gobierno, la creación de empleo salta por la ventana", remachó.

Pablo Iglesias enarboló, de nuevo, la Constitución para recordar que no se cumple, que los españoles tienen derecho a un empleo digno y bien retribuido y que eso en España supuestamente no ocurre. Albert Rivera recurrió, también, a un pirueta estadística para ilustrar que tanto con el PP como con el PSOE nueve de cada diez empleos que se crean en España desde hace lustros son temporales y que lo que hace falta es empleo de calidad. ¿Cómo? Pues, a juzgar por su intervención, creando autónomos. Ésa fue su principal propuesta. Esta vez no salió el contrato único, que continúa en su programa electoral, y sí la ampliación de la tarifa plana de 50 euros a 24 meses para fomentar el emprendimiento. "Queremos ser el Gobierno de los autónomos", dijo Rivera.

Sánchez optó por recordar lo que el Gobierno ya ha hecho en nueve meses de reales decretos y 'viernes sociales'. La recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años -una cobertura asistencial que no aspira a crear empleo sino a garantizar a los parados una renta mínima-; el plan de empleo digno que, según sus datos, ha conseguido convertir en indefinidos 190.000 contratos temporales -eso tampoco reduce el paro-; y la subida del Salario Mínimo a 900 euros, que reivindicó, la más alta desde la instauración de la democracia, pero cuya 'paternidad' reivindicó Pablo Iglesias. "Tuvimos que arrancársela al PSOE".

Después de varios meses debatiendo sobre la revalorización o no de las pensiones con el IPC, el asunto pasó en el primer gran debate de la campaña a un discreto segundo plano. Solo Iglesias se descolgó con una propuesta para garantizar la revalorización del IPC por ley, que Sánchez respaldó con la boca pequeña y que Casado obvió diciendo que con el PP las pensiones siempre se revalorizarían, "no como con el PSOE que las congeló durante años". Rivera movió el foco a los ingresos, a su conocida propuesta de impulsar la natalidad considerando familias numerosas a las que tienen dos hijos y garantizando todo tipo de coberturas sociales a las familias monoparentales.

Las posiciones, bien marcadas

En la cosa económica, las posiciones tras el debate están tan claras como antes del mismo. El PSOE de Pedro Sánchez pone el acento en la lucha contra la desigualdad, que identifica como el mayor problema económico de España, y ahí entra todo un abanico de objetivos para promover la justicia social y fiscal entre las que subrayó la lucha contra la pobreza infantil, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.  

El principal aspirante, Pablo Casado (PP), apela al 'track record' del Partido Popular en cuanto a estabilidad económica y creación de puestos de trabajo, y presenta como gran propuesta electoral su rebaja fiscal, que promete repartir 700 euros por español si gana las elecciones.

Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, se presentó como el candidato más 'constitucionalista'. Reclamó el cumplimiento de hasta cuatro derechos constitucionales (vivienda, progresividad fiscal, empleo digno y pensiones dignas) que están recogidos en la Carta Magna, pero que a su juicio no se cumplen de manera efectiva. Para conseguirlo, plantea blindar por ley la actualización de las pensiones con el IPC, intervenir el precio de la vivienda para garantizar el acceso a la misma, eliminar las reformas laborales del PP y bajar los impuestos a las clases medidas para subirlos a las grandes empresas y los grandes patrimonios.

Albert Rivera (Ciudadanos) promete menos impuestos a las clases medias, más ayuda para que los autónomos consoliden sus negocios y mayor respaldo público a la natalidad, una "revolución", la llamó él, para poner fin a lo que considera una década perdida de reformas bajo los gobiernos del PP y del PSOE.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios