Entre todos los deberes que quedaron por hacer en la pasada legislatura, la Ley de Movilidad Sostenible era el que corría más prisa para la cartera de Transportes recién asumida por Óscar Puente. El plan estrella del anterior mandato liderado por Raquel Sánchez murió en la orilla del Congreso de los Diputados cuando había recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y ya afrontaba la tramitación parlamentaria para su aprobación a finales del año anterior, cuando se estrelló con una convocatoria anticipada de elecciones que impidió su aprobación definitiva..
La necesidad de poner en marcha esta nueva ley es todavía mayor si se tiene en cuenta que de ella depende, en gran medida, la séptima entrega de los fondos europeos. Y esto precisamente, ha llevado al nuevo ministro a apurar los plazos para sacar del cajón esta medida. "He visto la ley y, honestamente, la haría de otra manera más ambiciosa, pero la realidad se impone y va a ser muy difícil hacer cambios", ha asegurado el exalcalde de Valladolid en un desayuno informativo celebrado este jueves por Fórum Europa.
Un sistema de sanciones medioambientales
A pesar de que Puente no ha querido entrar mucho en detalle con los cambios que podrían implementar en la nueva ley, sí ha expresado su deseo de premiar a aquellos municipios que trabajen a favor de la movilidad sostenible, y por el contrario, penalizar a aquellos que trabajen a contracorriente. Sobre esto, el ministro ha matizado que no tiene competencias en materia normativa para establecer estas sanciones a corto plazo, pero tratará de introducir políticas de estímulo para que las ciudades no se resistan al cambio de modelo.
"Corremos un riesgo real de que los fondos europeos tengan que revertirse y devolver 2.500 millones"
La primera de las sanciones, ha explicado, vendría desde Bruselas: "Corremos un riesgo real de que los fondos europeos tengan que revertirse y devolver 2.500 millones de euros. Esto nos puede arrastrar como país, ya que si incumplimos ese hito no recibiremos más fondos".
Apura plazos para sacar la ley
El escaso tiempo -debe entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2024 para cumplir con las exigencias de Bruselas- y el consenso que logró el anterior proyecto presentado por la cartera de Raquel Sánchez en el Consejo de Ministros, han acelerado los esfuerzos del equipo de Puente para presentar el proyecto "en el primer o segundo consejo de febrero". No obstante, el ministro ha puntualizado que desde el ministerio se trabaja para introducir alguna mejora o enmienda que no ocasione grietas en el consenso que había logrado reunir el proyecto anterior.
Un consenso, que el ministro ve en esta legislatura más complicado de conseguir ante la "complejidad" del Parlamento. Y por ende, cuenta con una capacidad más reducida para implementar medidas más ambiciosas. "Por eso, vamos a ser prácticos para tener la ley aprobada antes de que finalice este año", ha esgrimido Puente sobre una ley que será la piedra angular de la descarbonización de las carreteras, y que tal y como ha recordado, "somos uno de los pocos países de la Unión Europea que todavía no tiene una ley de este estilo".
