Sin Podemos ni Sumar

El rechazo de los socios aboca al Gobierno a pedir el apoyo del PP para la Ley de Suelo

El rechazo de Podemos y Sumar ha provocado que Isabel Rodríguez haya animado al PP a apoyar la reforma de la Ley de Suelo, al estimar que podría reducir trabas burocráticas y agilizar los planeamientos urbanísticos.

Isabel Rodríguez, Ministra de vivienda
El Gobierno solicita el apoyo del PP para aprobar la reforma de la Ley del Suelo
Agencia EFE

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha pedido al Partido Popular su apoyo para aprobar en el Congreso la reforma de la Ley del Suelo, recién ratificada en Consejo de Ministros y que ha contado con el rechazo de las formaciones políticas de Podemos y Sumar. 

"Espero contar con el apoyo del Grupo Popular" ha expresado Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles en respuesta a Nacho Martín, diputado del PP por Barcelona, que ha cuestionado la política de vivienda.  

Miguel Tellado, portavoz del PP en la Cámara Baja, ya avisó al Gobierno que no pidieran apoyo cuando no contasen con el respaldo de sus aliados políticos. "Cuando le fallen sus socios, no venga a buscarme", avisó el dirigente 'popular'.

No obstante, Isabel Rodríguez ha animado al PP a apoyar la reforma de la Ley de Suelo, al considerar que servirá para reducir las trabas burocráticas y agilizar los planeamientos urbanísticos, con el objetivo de asegurar el derecho al acceso a una vivienda.  

La ministra ha destacado la decisión del Ejecutivo de multiplicar por ocho el presupuesto destinado a vivienda, desde los 475 millones del Partido Popular hasta los 3.500 millones, que han permitido la construcción de 12.000 nuevas viviendas en Cataluña. También ha ensalzado la aprobación de los avales y prestamos por parte del Consejo de Ministros, con 8.500 millones de euros para promotores, familias y jóvenes con el fin de continuar ampliando el parque público de viviendas. 

Fin de las Golden Visa

Para Rodríguez, la eliminación de las 'Golden Visa', que funcionaban como visado para extranjeros por una inversión inmobiliaria mayor de 500.000 euros, es una medida que antepone "el derecho a la vivienda por encima de la especulación".

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