El Gobierno justifica la decisión de eliminar la 'golden visa' tras constatar que a partir de 2022 el número de visados por inversiones inmobiliarias se disparó en España y "encendió las alarmas". Estos permisos, que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en la recesión que en 2013 siguió a la crisis de deuda soberana, conceden la residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda de al menos 500.000 euros, sin tener en cuenta las cargas y las hipotecas. Por esta vía se han otorgado un total de 14.576 permisos en una década.
Si en 2016 apenas se concedían 461 visados por inversiones inmobiliarias al año y su cifra rondó los 900 los siguientes ejercicios (sólo se redujeron a 632 en 2020 por la pandemia), en los dos últimos años se han elevado de forma exponencial, al haberse otorgado 2.017 en 2022 y 3.273 en 2023. Sólo entre los meses de enero y febrero de este año la cifra alcanzaba ya los 426.
Este incremento obedece a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (el Brexit se hizo efectivo el 1 de febrero de 2020), si bien se ha registrado también un aumento notable de las 'golden visa' concedidas a estadounidenses, chinos y rusos. Todos ellos se mantienen a la cabeza de los extranjeros que han obtenido este tipo de visados. Y a este grupo se suman los ciudadanos procedentes de Ucrania, Irán, Venezuela y México.
Unos y otros focalizan sus compras de inmuebles en provincias muy concretas y Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia han concentrado el 90% de todas las autorizaciones concedidas. Desde el Gobierno han defendido que se trata de una medida que ya han tomado antes otros socios europeos, como Portugal, por la tensión que ha añadido a unos mercados inmobiliarios altamente tensionados y que este fenómeno estaba siendo observado por las instituciones europeas, especialmente, tras la Guerra de Ucrania.
"El problema de la vivienda es complejo y no se le pueden ofrecer soluciones sencillas", ha incidido Rodríguez. El desafío es mayor en ciudades donde la compra de viviendas ligadas a la 'golden visa' representa un porcentaje más elevado en relación al total de adquisiciones. Es el caso de Marbella (5,3%), Barcelona (7,1%) o el de algunos municipios de Baleares, donde alcanza incluso el 10%.
"Esta medida pretende dar respuesta a estas ciudades y, sobre todo, a quienes la habitan", ha incidido la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros. Así, ha animado a los extranjeros a invertir en este tipo de activos en España, pero de forma que contribuyan a la promoción de inmuebles a precios asequibles, a la rehabilitación de vivienda y a garantizar la misma como derecho.
Cerca de 25.000 viviendas para alquiler social con los fondos UE
En este sentido, Isabel Rodríguez ha confirmado que las autonomías se han comprometido con el Gobierno a poner en el mercado 24.964 viviendas de alquiler asequible en virtud del programa de 1.000 millones de euros vinculado a los fondos Next Generation. Se trata de inmuebles que se encuentran en distintas fases de ejecución, puesto que hay viviendas conveniadas, en construcción o ya entregadas.
Además ha asegurado que el Gobierno mantiene el compromiso, expresado por el presidente del Gobierno durante la pasada campaña electoral, de poner en el mercado un total de 185.000 viviendas destinadas al alquiler social a lo largo de la presente legislatura. Rodríguez ha presentado un informe sobre el estado de ejecución de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionados con el Componente 2 dedicado a la 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana'.
En el caso del programa de Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dotado con 1.080 millones, se han alcanzado más de la mitad de los 290.000 metros cuadrados rehabilitados comprometidos con Europa (56,95%). En lo que respecta a rehabilitación residencial de vivienda, el Ministerio tiene un total de 197.349 actuaciones aceptadas y 317.509 en estudio, lo que les permite ser optimistas para superar el compromiso con la UE de 410.000 actuaciones.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, además, al convenio para activar la puesta en marcha de la línea de avales del ICO dotada con 2.500 millones de euros para facilitar la adquisición de primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a hogares con menores a cargo. El Gobierno prevé que esta línea promueva la compra de hasta 50.000 inmuebles. La medida está dirigida a personas cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM) o, que no excedan la suma del límite fijado para cada uno en caso de que la vivienda la adquieran dos personas.
