La decimotercera legislatura de la democracia echará a andar, si no hay contratiempos, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y grandes retos en el horizonte. Entre los principales, la reforma laboral. Con 123 diputados los socialistas están obligados a apoyarse a uno y otro lado del arco parlamentario para sacar adelante sus iniciativas y esta "geometría variable" mantiene en vilo a los empresarios. En la CEOE empiezan a arrepentirse de no haber firmado una contrarreforma 'light' durante la etapa anterior al 28-A y temen ahora que un pacto con Podemos dé un vuelco a la legislación laboral en contra de sus intereses.
"Teníamos que haber firmado un real decreto-ley con lo que ya había más o menos acordado", se lamenta un miembro de la Junta Directiva que asegura que en la CEOE se empiezan a "arrepentir de no haber pactado con el Gobierno un viernes social" en la recta final de la legislatura anterior. La propia patronal convenció entonces al PDeCAT frente al PNV para frustrar la contrarreforma socialista y la ministra Magdalena Valerio acabó por tirar la toalla al comprobar que la formación independentista catalana impediría su aprobación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo, ahora en funciones, ya tenía preparado un texto legal que recuperaba la ultraactividad de los convenios colectivos y establecía la prevalencia del sectorial frente al de empresa en algunos aspectos, regulaba la subcontratación e imponía el registro obligatorio de la jornada laboral en las empresas. Eran los cuatro aspectos urgentes a reformar. Ya entonces, Valerio reconoció que aquella 'minireforma' no era "al cien por cien" lo que quería, pero advirtió: "A ver si por no tener el cien me quedo con cero".
Para no quedarse con "cero", el Gobierno 'coló' uno de los ingredientes de su receta laboral en otro real decreto-ley que estableció la obligación del control horario en todas las empresas. La medida acaba de entrar en vigor, dos meses después, no sin polémica. La vaga redacción del decreto del 8 de marzo provocó una avalancha de dudas entre los empresarios y ha obligado al Ministerio a publicar una "guía práctica" de aplicación.
El control horario no gusta a los empresarios, como tampoco el 'pack' de medidas que tienen en mente los socialistas para socavar los aspectos que consideran "más lesivos" de la legislación que aprobó en solitario el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, la CEOE le ha pedido moderación y estabilidad para no disparar los costes laborales a costa de los salariales y, en consecuencia, perjudicar la creación de empleo.
Tras su triunfo en las pasadas elecciones generales, la Confederación reiteró sus recomendaciones, consciente de que la suma de PSOE, Podemos y los independentistas de ERC da mayoría suficiente para derogar la reforma laboral. Con todo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió a Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos) abstenerse para favorecer un Gobierno de Sánchez en solitario. Fuentes de su entorno aseguran que aquellas declaraciones no estuvieron exentas de críticas internas dentro de la patronal.
Las mismas fuentes explican que Garamendi se expuso de aquella manera ante la presión del propio PSOE, que se comprometió a cambio a una legislatura moderada en la que Podemos tenga el menor poder de decisión posible. Fue una especie de "pacto de no agresión", matizan. De cualquier manera, en reuniones a puerta cerrada los empresarios empiezan a manifestar cierta inquietud ante la posibilidad de que los pactos entre Sánchez e Iglesias en materia laboral den lugar, como decimos, a reformas más agresivas de lo inicialmente planteado. Por ejemplo, la formación morada plantea que los trabajadores de las subcontratas tengan las mismas condiciones que los de la empresa matriz, también en salarios.
La reforma laboral, una prioridad para el PSOE
La reforma laboral es una prioridad para el PSOE de Pedro Sánchez. Es más, en el Gobierno en funciones se trabaja con un calendario que llevaría a modificar la normativa en dos tiempos. En un momento inicial prevén modificar los tres aspectos esenciales de la ley (ultraactividad, convenios y subcontratación). Consideran "perentorias" acabar con lo que han llamado "los aspectos más lesivos" y calculan poder hacer frente a esta contrarreforma a lo largo de este mismo año. Para más adelante, ya avanzada la legislatura, quedaría la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Los socialistas añaden que es el momento de aplicar estas primeras medidas por la vía de urgencia. La economía todavía mantiene sus fortalezas y se teme que las previsiones de invierno de organismos nacionales e internacionales recorten fuertemente el crecimiento previsto para las finanzas españolas a partir de 2020. Entonces sería más problemático tocar la reforma laboral de Fátima Báñez y Luis de Guindos.
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