Los registradores de la propiedad buscan el apoyo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que defienda el mantenimiento de su base de datos sobre titularidad real de forma que sea la que se utilice de forma preferente en la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo, frente al Indice Único Informatizado (IUI) que elaboran sus ‘enemigos’ históricos del Consejo General del Notariado.
Los registradores han contactado con el ministro, que quiere conocer de cerca como funciona su “registro de beneficiarios últimos”, la reciente base de datos que mantienen y que se lleva elaborando con la titularidad real de la sociedades desde que el pasado mes de marzo les habilitara para ello una orden publicada por el Ministerio de Justicia.
La cuestión es que la decisión última al respecto la tendrá el Ministerio de Justicia, que dirige Lola Delgado, y no del de Justicia de Grande-Marlaska. Pero en su última etapa como juez, el ahora titular de Interior fue ponente de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que cuestionaba la validez de los datos de los notarios para satisfacer las exigencias de la directiva europea que hay que trasponer a la legislación española en esta materia.
Dependiendo de cómo se establezca y se legisle a la hora de establecer una base de datos única, serán los notarios o los registradores los encargados de controlar y difundir los datos clave en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y su interconexión con la UE.
La 'orden' de la discordia
La orden ministerial del pasado mes de marzo, con Rajoy (que es registrador) en el Gobierno y Catalá en Justicia, vino a contravenir el modelo que desde hace más de seis años se viene utilizando y que daba validez a los datos recogidos por el Notariado, cuya eficacia ha sido reconocida incluso por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Frente a ello, los registradores defienden el servicio público del Registro Mercantil como el lugar lógico e idóneo para tener esos datos de titularidad real, aunque se hayan puesto ha recogerlos desde hace apenas tres meses.
Esa es la gran crítica, entre otras, que se lanza desde el Notariado a los datos del Registro: su escaso tiempo y falta de experiencia en este tema de la titularidad real hace que se queden fuera muchos datos y no permite una actualización de los mismos de forma fehaciente y segura. Según sus cálculos, se quedarían fuera el 28% de las empresas que deben registrar los datos reales sobre sus propietarios y socios.
Para defender su posición, los notarios han llegado incluso a denunciar la situación ante la Audiencia Nacional y a exigir la paralización de la orden como medida cautelar hasta que el Ejecutivo tomara una decisión y se plasmara todo en una legislación actualizada. Hasta que se traspongan las directivas sobre blanqueo de capitales, la norma más cercana que trata el tema es el anteproyecto de Ley Hipotecaria, que está en periodo de enmiendas y que se ha convertido en un campo de batalla para la presión de notarios y registradores.
Desde el bando de los registradores se critica con dureza el hecho de que los notarios estén utilizando los datos que recogen para elaborar ese índice, y en la mayor parte de las escrituras públicas que realizan, para cedérselos a una empresa privada, Ancert, unipersonal y controlada por el Consejo General del Notariado.
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