El Gobierno ya tiene programado un nuevo tajo fiscal a las grandes compañías eléctricas el año que viene. Afectará a las centrales hidroeléctricas y vendrá del controvertido 'canon hidráulico' aprobado en el año 2012 por el Gobierno del PP para gravar a las empresas por el aprovechamiento energético que obtienen de un recurso de naturaleza pública como es el agua de las cuencas hidrográficas. Transición Ecológica espera ingresar en 2022 por la operativa de esta tasa una cifra récord de 330 millones de euros, lo que implica básicamente que las eléctricas tendrán que pagar el año que viene un 65% más que este año por aprovechar el agua de los embalses para obtener energía.
En euros contantes y sonantes la factura extra que deberán afrontar las eléctricas el año que viene será de 130 millones de euros e impactará de manera muy especial sobre Iberdrola, la compañía titular de las concesiones que generan prácticamente la mitad de la producción hidroeléctrica nacional y también la compañía que lleva meses enredada en un pulso público con el Gobierno por la ofensiva del Ministerio de Transición Ecológica para contener el recibo de la luz a costa de los beneficios de las eléctricas.
Las centrales hidroeléctricas han estado de hecho en el centro de este pulso a lo largo de los últimos meses. Uno de los episodios más significativos ocurrió el pasado mes de agosto cuando la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, rostro visible de la ofensiva gubernamental contra las eléctricas, reveló el envío de una carta a Iberdrola informando a la compañía presidida por Ignacio Sánchez-Galán de la apertura de una investigación para comprobar el uso que se estaba haciendo de las reservas de agua en algunas centrales hidroeléctricas.
La actuación venía de la sospecha deslizada por varios alcaldes de que se estaban vaciando los embalses en una maniobra que organizaciones de consumidores y algunos expertos atribuyen a un intento de las eléctricas de maximizar los ingresos obtenidos por una forma de generación que depende, básicamente, de la decisión de abrir o cerrar las compuertas de una presa. Dado que en el mercado español el precio de la energía por las diferentes fórmulas de generación se equipara al del tipo de generación más costosa, la maniobra serviría para exprimir el pico de precios para obtener la mayor retribución posible de un método de generación de bajo coste.
Hacienda atribuye la subida del canon al precio de la luz
En el pecado iría la penitencia porque según fuentes del Ministerio de Hacienda el principal factor que explica que las eléctricas vayan a pagar el año que viene 330 millones de euros por el uso del agua de los embalses a través del denominado 'canon por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica' en lugar de los 200 millones de euros que se abonaron en 2021 es la subida del precio de la electricidad. Hacienda explica que el canon se paga sobre el valor económico de la energía producido en las centrales hidroeléctricas, luego un precio más elevado se traduciría en efecto en una factura fisca más alta para las eléctricas ya que el canon se paga a ejercicio vencido de modo que en 2022 se estaría pagando por el valor de la energía de 2021.
El relato de Hacienda abunda en el discurso que han venido manteniendo las eléctricas en las últimas semanas respecto a señalar las arcas del Estado como las principales beneficiadas por la espiral alcista del recibo de la luz por la recaudación extra que proporciona vía impuestos. Un discurso avalado por informes como el realizado por el que fuera presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética y director general de Política Energética y Minas del Gobierno, Jorge Sanz, experto de la consultora Nera Economic Consulting, que sugiere que el Estado ingresará el doble que las grandes eléctricas por la subida de los precios de la electricidad.
El proyecto de Presupuestos para 2022 no contempla, además, ninguna variación en el tipo fiscal del canon, que cuando se empezó a aplicar en 2015 era del 22% pero que en 2017 fue elevado de nuevo por el Gobierno Rajoy hasta el 25,5%, nivel en el que se mantiene a día de hoy. La previsión gubernamental de crecimiento del canon informa por tanto de que el encarecimiento del valor económico de la energía hidráulica habría sido del 65% a lo largo de 2021 cuando los precios en el mercado mayorista prácticamente han triplicado su valor y el coste del recibo se ha incrementado cerca de un 30% de septiembre de 2020 a septiembre de 2021.
La aplicación del canon no ha sido pacífica. Las eléctricas desencadenaron una batalla jurídica en los tribunales españoles y en los europeos contra una medida que estimaban arbitraria y cuya activación en 2015 previó además su aplicación retroactiva en 2013 y 2014. Los tribunales de justicia dieron la razón a las eléctricas en lo que hacía referencia a la ilegalidad de la aplicación retroactiva de esta tasa - que en 2022 supondrá el 50% de los ingresos por tasas del Estado, según el proyecto de Presupuestos -, lo que obligó al Estado a reintegrar alrededor de 500 millones de euros a las eléctricas, especialmente a Iberdrola y Endesa, pero avalaron la legalidad de la figura tributaria.
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