El Gobierno descarta reactivar por el momento el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), un mecanismo que iba a nacer con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz de los hogares en cinco años y cuyo proyecto de ley decayó en la anterior legislatura. Lo ha avanzado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras recordar que sigue existiendo incertidumbre en torno al precio del gas en el arranque de la nueva legislatura.
Ribera, que ha participado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha considerado que no es momento de activar este instrumento con inmediatez, si bien sí habrá que considerarlo en un futuro porque a su juicio "estaba bien diseñado". El fondo iba a financiarse con las aportaciones de las comercializadoras de electricidad y gas y con las de los operadores de productos petrolíferos (combustibles fósiles) para poder sacar de la factura de los hogares determinados cargos.
Ribera ha recordado que cuando el mecanismo iba a aprobarse se produjo la invasión rusa de Ucrania, lo que disparó el precio de los combustibles y el gas en los mercados internacionales. Así, el Ejecutivo optó por aprobar otro tipo de medidas para proteger a los consumidores ante un alza de precios que habría sido "inasumible" para las familias y para la industria.
El gravamen a las energéticas y los incentivos fiscales
La vicepresidenta tercera se ha pronunciado también sobre el gravamen a las energéticas, considerando que, si bien es el momento para extenderlo, su diseño deberá ajustarse a los nuevos incentivos a la inversión estratégica que incorporarán los Presupuestos de 2024, en cuya elaboración está centrado estas semanas el ministerio de Hacienda. Estos incentivos alentarán la inversión en hidrógeno verde, entre otras energías alternativas.
"Estamos un momento en el que tenemos que acelerar la transformación del sistema energético y el Gobierno debe estar velando siempre porque no se produzcan esas distorsiones. Pero simultáneamente tiene que facilitar que haya un volumen de inversión, y esa es la manera en la que podemos orientar esa figura para conseguir que sea un incentivo a la inversión y que, por tanto, pueda dar estabilidad", ha apuntado Ribera en respuesta a las preguntas de los medios.
La extensión del impuesto a las energéticas fue uno de los acuerdos que PSOE y Sumar alcanzaron en su pacto para conformar el actual gobierno de coalición. Ahora, Ribera incide en que las inversiones en la transformación del sistema energético que se proyectan son críticas para que en el medio plazo España disponga de unos precios de la energía asumibles, estables y alejados de la alta volatilidad de los combustibles fósiles. Con este objetivo, se intentaría dar estabilidad a unos volúmenes de inversión que el Ejecutivo cifra en el entorno de los 30.000 millones anuales a lo largo de los próximos ejercicios.
Exigencias inasumibles de la Xunta en la crisis de los péllets
En relación a la crisis medioambiental que afecta a la costa gallega y a la de otras autonomías del Cantábrico por el vertido de péllets, Ribera ha acusado a la Xunta de Galicia de reclamar al Gobierno "casi el triple de medios" de los que pidió durante la crisis del Prestige. La ministra ha asegurado que si el Ejecutivo central atendiese esta petición el resto del país quedaría desprotegido ante emergencias graves en alta mar.
La titular de Transición Ecológica ha reiterado, con todo, su disposición "máxima" a colaborar con las autoridades gallegas, una colaboración que deberá funcionar en las dos direcciones, según ha apostillado. Teresa Ribera ha criticado que la Xunta reclame ahora un auxilio inmediato mientras, por el contrario, rechaza otro tipo de ayuda como la de los medios terrestres, exigiendo a la vez que "estén disponibles por si acaso".
En la misma línea, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ha intervenido en el acto para presentar a Ribera, ha instado a las administraciones a trabajar unidas y en una misma dirección "sin insidias ni desidias".
