El establecimiento de nuevos incentivos fiscales a las empresas energéticas cuando decidan reinvertir sus beneficios en proyectos estratégicos para la industria relacionados con la descarbonización del sistema productivo, tal y como le habían pedido a Pedro Sánchez algunos de los dirigentes de estas compañías, ha sido el gran punto de fricción entre la parte socialista del Ejecutivo y los responsables de Sumar que lidera Yolanda Díaz, que no entienden que haya que facilitarle las cosas a las grandes compañías del sector. Según explican fuentes empresariales relacionadas con este proceso, los incentivos que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) van a suponer un gran paso a la hora de desbloquear muchos procesos de inversión relacionados con las energías renovables y la descarbonización, que son fundamentales para poder recuperar costes en otros ámbitos de la industria intensivos en el uso de energía.
La decisión del Consejo de Ministros, liderada por el propio presidente y su equipo económico, surge después de las peticiones que a tal efecto había recibido de algunas empresas del sector, sobre todo las petroleras, que han visto este año como el gravamen sobre los ingresos les penalizaba sobremanera y retraía dinero que iba a ser destinado directamente a la reinversión, no al pago de más dividendos ni a proyectos fuera del ámbito industrial. Con ese compromiso sobre la mesa, se abre ahora una etapa, liderada por el Ministerio de Industria que dirige Jordi Hereu (PSC), en la que habrá que definir los detalles que justifiquen la adopción de los incentivos previstos que, en cualquier caso, tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024.
El propio Hereu ha aprovechado los últimos encuentros con la patronal y algunos empresarios del sector para dejar claro que el objetivo que se ha marcado en este mandato es llevar a cabo la reindustrialización del país, dentro de las opciones que ofrece la transición ecológica y la descarbonización, y con el impulso que suponen los fondos europeos. Desde el sector energético no ocultan que todo este proceso, más el apoyo de Moncloa, pueden servir para retomar una relación con las grandes compañías que estaba bajo mínimos en los últimos meses. El enfrentamiento con Teresa Ribera y su cruzada contra los combustibles fósiles y los beneficios de las eléctricas, tras la crisis de precios ocasionada por la guerra de Ucrania, ha generado un malestar que, tanto entre las empresas como en el sector público, consideran necesario ‘salvar’.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecologóca admitió desde la COP28 celebrada en Dubai la conveniencia de revisar la situación del tributo extra que soportan las energéticas en España, a la vista de que las circunstancias que generó la guerra habían cambiado mucho. El propio Sánchez recordaba este mismo miércoles como el precio del gas y de la electricidad se había estabilizado a finales de este año, después de los récords marcados en este mismo mes hace apenas doce meses, con cifras que multiplicaban por cinco y seis veces las actuales. Mientras que la ministra de Economía también hizo comentarios en este sentido que generaron las primeras reticencias en el entorno de Sumar.
Sumar se opone frontalmente a estos incentivos
Esta ha sido una decisión que no ha compartido el ala rosa del Ejecutivo y el entorno de Yolanda Díaz no ha ocultado sus discrepancias con el texto que ha sido aprobado finalmente en el Consejo de Ministros de este miércoles. “No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo está pasando mal” escribía la líder de Sumar en su perfil de X (Twitter) al término de la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno desde La Moncloa.
"No estamos de acuerdo con el PSOE en que una fiscalidad justa y verde sea un problema para la inversión" añadía a continuación para introducir la necesidad de una reforma estructural del sistema fiscal por la que los que más ganen, también paguen más. "Mantenemos una discrepancia seria con el PSOE: cuando las grandes energéticas están multiplicando beneficios, no es el momento de hacerles regalos fiscales" apuntaba en el mismo sentido el diputado de Sumar y fundador de Más País Íñigo Errejón a través de una publicación en la misma red social.
Dicho esto, no compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo esta pasando mal.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 27, 2023
El malestar del socio minoritario es notorio, especialmente porque esta formación no quería reabrir el debate sobre el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas hasta alcanzar la última parte de 2024, dado que ambos socios se habían comprometido a "readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual". Sin embargo, las ministras socialistas y en concreto, Nadia Calviño se abrieron a atender las demandas del sector y revisar el tributo de cara a 2024, acusando un cambio en la situación extraordinaria que había dado lugar a crearlos hace un año.
Además, se trata del segundo choque frontal entre las dos almas del Ejecutivo sin que se haya cumplido un mes y medio desde la investidura de Pedro Sánchez. La semana pasada fue a causa del subsidio por desempleo, en el que parecía que la líder de Sumar se había terminado por imponer al criterio de la responsable de Economía, pero esta también logró introducir contrapesos como la reducción de la cotización de los mayores de 52 años o el recorte de la ayuda después de encontrar un empleo. Y en las dos ocasiones, los roces han llevado a rematar el texto 'in extremis' e incluso retrasar la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
