El frente empresarial contra la liquidación del contrato de obra y servicio planteada por el Ministerio de Trabajo no vendrá sólo del sector privado. Varios responsables de empresas y organismos públicos dependientes del Estado han trasladado a los ministerios de los que dependen su preocupación por la medida incluida en la propuesta de reforma laboral presentada por el departamento que dirige Yolanda Díaz a los agentes sociales y han advertido sobre las consecuencias que la aplicación efectiva de la misma tendría sobre su operativa cotidiana, según han asegurado a La Información fuentes sindicales y de varios organismos públicos.
La medida impactaría singularmente sobre los llamados 'medios propios' de la Administración, que en el caso del Estado son empresas como Ineco, Isdefe, Segipsa o Tragsa entre otras, pero que también existen en el resto de ámbitos territoriales, cuya actividad depende en gran medida de las encomiendas y encargos temporales que reciben de las administraciones de las que dependen y que acostumbran a formalizar ese tipo de contratos de obra y servicio cuando sus recursos propios no alcanzan para atender todos los encargos que reciben.
El 'grupo de afectados' sostiene que en un escenario en el que el Gobierno restringiera al máximo la contratación temporal y se mantuvieran las actuales restricciones a la contratación sobre los organismos públicos - no hay visos de lo contrario, aunque los sindicatos de la Función Pública persisten en su reivindicación de acabar con la tasa de reposición de vacantes - muchos de ellos perderían la capacidad para atender las encomiendas y encargos que reciben de la Administración y el Gobierno tendría que acudir a la empresa privada para la prestación de servicios y la realización de obras.
Lo que cuentan las cifras del Instituto Nacional de Estadística es que en el sector público hay más de 200.000 trabajadores (204.700, en concreto) cuya relación se sustancia mediante este tipo de contrato y que desde el año 2014 ese número se ha incrementado más de un 33% al compás de la recuperación de la actividad económica tras la gran crisis financiera...y como consecuencia de las restricciones a la contratación en las empresas y organismos públicos.
Fuentes de tres de esas empresas y sociedades públicas que se consideran afectadas por la propuesta del Ministerio de Trabajo subrayan que la utilización del contrato de obra y servicio ha sido el recurso de emergencia del que se han servido para esquivar las duras restricciones a la contratación impuestas desde el Ministerio de Hacienda en los tiempos de la austeridad y que posteriormente se han mantenido durante la recuperación tanto con el Gobierno del Partido Popular, como con el del PSOE y posteriormente con el de coalición PSOE-Unidas Podemos. "Durante los últimos años no nos han permitido incrementar la plantilla, así que el exceso de carga de trabajo por los encargos que recibíamos se han resuelto con contratos de obra y servicios", asegura una de las fuentes consultadas.
"Lo cierto es que se ha abusado de esa fórmula de contratación en los últimos años", asegura una fuente sindical de una de las grandes empresas del Estado. "Pero también es verdad que las restricciones impuestas por Hacienda han dejado sin alternativas a las empresas públicas a la hora de contratar porque se ha vetado cualquier intento de incrementar la plantilla que se ha planteado, incluso en empresas que tienen beneficios de manera sistemática y que deberían poder contratar de manera estable".
Reforma laboral y lucha contra la temporalidad
La medida planteada por el Ministerio de Trabajo persigue acabar con las elevadas tasas de temporalidad en el empleo que España arrastra de manera endémica (de en torno al 25%) y que son particularmente escandalosas en el sector público, dónde alcanzan el 33%. Trabajo sostiene que la temporalidad sólo debe utilizarse para cubrir picos no esperados de la actividad y que la realización de una obra o servicio relacionada con la actividad principal de una empresa - sea ésta pública o privada - debe poder cubrirse con plantilla.
La posible eliminación del contrato de obra y servicio será uno de los elementos que Trabajo y agentes sociales empezarán a negociar la próxima semana. CEOE ya ha avanzado que no aceptará la supresión de esa modalidad contractual, aunque según fuentes de la organización empresarial si está dispuesta a negociar un nuevo marco más restringido, que impida el uso abusivo de esta fórmula contractual. La revuelta de una parte del sector público contra esta medida puede facilitar una negociación en ese sentido.
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