Tras décadas pagando peajes, el jueves se cumple un año de que cuatro de las principales vías catalanas pasaran a ser de uso gratuito, siendo las arcas públicas las que soportan desde entonces su financiación, lo que ha venido acompañado tanto de un considerable aumento del tráfico como de la accidentalidad. El 1 de septiembre del año pasado finalizó la concesión de unos 550 kilómetros hasta entonces en manos de filiales de Abertis (en la AP-2, la AP-7, la C-32 Norte y la C-33) y que en algunos casos superaban el medio siglo de vida. Desde entonces en Cataluña quedan 130 kilómetros (en la C-32 Sur y en la C-16) en los que hay que seguir pagando peajes para circular, vías que son de la Generalitat.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha destinado 92 millones de euros a la conservación y explotación de la AP-2 y la AP-7 en Cataluña -un total de 375 kilómetros- durante un periodo de 24 meses, prorrogable durante otros 3 años. En el caso de la C-32 Norte y la C-33, el Govern adjudicó su conservación integral con un contrato de emergencia, dado que la licitación inicial prevista fue impugnada. Hasta marzo se desembolsaron 8,4 millones y el contrato se mantiene prorrogado a partir de entonces.
El contrato definitivo de conservación, una vez ya resuelta la impugnación, se adjudicará durante el primer trimestre de 2023, según estimaciones del Ejecutivo catalán: el Govern calcula que el mantenimiento de estas dos vías rondará los 6 millones anuales y requerirá de una inversión extraordinaria de 15 millones cada cinco años.
Incremento del tráfico y d ela accidentalidad
La ministra Raquel Sánchez ha cifrado en un 40% el aumento de tráfico en la AP-7, que se ha doblado en la AP-2. En el caso de los vehículos pesados, el crecimiento es del 80% en la AP-7 y del 200% en la AP-2. Por otro lado, la Generalitat, antes del fin de los peajes, ya auguró que la C-32 Norte ganaría entre un 2% y un 31% de tráfico -dependiendo del tramo- en detrimento de la N-II, que discurre paralela al mar. En el caso de la C-33, el Ejecutivo autonómico calculó un aumento de entre el 10% y el 20%. El Servei Català de Trànsit (SCT) prevé hacer público el balance de estos 12 meses sin peajes el día 1 de septiembre.
La AP-7 en el punto de mira
La AP-7 es la vía catalana que más accidentes mortales de tráfico concentra: 19 fallecidos hasta el 31 de julio, casi el 20% del total y un 137,5% más con relación al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Para hacer frente a esta problemática, el SCT ha planteado reducir la velocidad máxima en la AP-7 de 120 a 110 kilómetros por hora, lo que haría más fácil respetar las distancias de seguridad, factor que causa la mayoría de accidentes. Aunque esta es una solución que no convence, por ejemplo, al Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).
El Gobierno planea remediar esta situación invirtiendo unos 1.050 millones de euros en la AP-7 y en la AP-2 en Cataluña en un plazo de entre "cinco y siete años": se trata de una batería de 42 actuaciones con las que, entre otras cosas, se habilitarán 223,8 kilómetros de nuevos carriles, 160 de los cuales ya están programados.
¿Pago por su uso?
El modelo de financiación de las autopistas no está resuelto a medio plazo, pese a que la Comisión Europea apremia para que en 2024 se establezca una nueva forma de pago que asuma el principio de que paga quien usa las infraestructuras y paga más quien más contamina. Esta semana el Ministerio ha encargado un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación de la red de carreteras del Estado, si bien se da por hecho que no se aplicará en la presente legislatura.
El Govern, por su parte, ha defendido históricamente el modelo de viñeta que se aplica en 13 países europeos (una tarifa plana en función del uso) y lamenta que todavía no haya un sistema "armonizado" en todas las vías del Estado. El secretario general del Departamento, Ricard Font, indica en declaraciones a Efe que todo lo que se ingresara debería destinarse al mantenimiento de las vías y a la promoción del transporte público.
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