Moncloa busca una fórmula que le permita costear los gastos de mantenimiento de las autopistas. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha encargado a la empresa de ingeniería pública Ineco un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación de la red de carreteras del Estado, como se recoge en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
Según han explicado este martes fuentes del Ministerio a Efe, la elaboración de este informe no supone retomar el modelo de peajes que el Gobierno planteó hace unos meses, sino que está enfocado a buscar alternativas para tomar una decisión "cuando llegue el momento adecuado y siempre con el consenso del sector". A día de hoy, dichas fuentes aseguran que "no se dan las circunstancias buscar el consenso necesario en este debate". En este sentido, la ministra de Transporte Raquel Sánchez, ha señalado en varias ocasiones que "este será un tema que tendrá que ser consensuado con toda la sociedad y el resto de las fuerzas políticas". Sánchez considera que el momento actual no es el más "propicio" para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la red de carreteras del Estado.
Así, pese a que el Gobierno sigue estudiando alternativas para lograr la financiación necesaria para mantener en buen estado las carreteras españolas de alta capacidad, difícilmente se podrá aplicar en el corto plazo debido a los efectos económicos provocados por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, fuentes del ministerio recuerdan que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible ya recoge el estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación, siempre teniendo en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, y buscando un amplio consenso social y político.
El planteamiento del pago por uso puesto sobre la mesa en la época de Ábalos generó revuelo entre el sector del transporte. En su momento se defendió que el resto de medios de transporte -marítimo, aéreo y ferroviario- se paga un canon por uso, algo que en el transporte por carretera solo ocurre en determinadas vías y supone una desigualdad de algunas comunidades autónomas con respecto a otras. La liberalización de las autopistas es una de las promesas que el Gobierno realizó al principio de la legislatura. La idea pasaba por desarrollar un sistema homogéneo para todas las CCAA en el que deberá ser quien contamine quien financie el mantenimiento de las autopistas, que irá a cargo del Estado pero que el Ejecutivo no quería cargar a los Presupuestos Generales del Estado.
Según la patronal de la construcción Seopan, la introducción de peajes en la red de 14.130 kilómetros de autovías actualmente libres de pago en España generaría unos ingresos de 12.649 millones de euros anuales por tarificación. Asimismo, solo Hacienda ingresaría 4.700 millones de euros por IVA, Impuesto de Sociedades e IBI cada año, mientras que el conjunto de las administraciones públicas obtendrían un pago inicial de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827 millones de euros durante un periodo de 25 años, así como un ahorro de 850 millones en conservación. Según sus cálculos, el déficit anual generado por la reversión de las autopistas, que ya suma 1.907 kilómetros revertidos al Estado entre 2019 y 2021, alcanza casi 1.000 millones de euros, debido a la pérdida de recaudación fiscal y al aumento del gasto de conservación.
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