La subida del coste de los tratamientos 'se come' las ayudas a la dependencia

Para cumplir con los objetivos marcados dentro del Plan Estratégico sobre Discapacidad 2022-2030, El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado unas subidas, que oscilan entre los 100 y los 200 euros, destinadas a satisfacer las necesidades de las personas amparadas por la Ley de la Dependencia. No obstante, la gran subida de la inflación y el aumento de los costes de todo tipo ha provocado que los tratamientos que necesitan estas personas sean cada vez más difíciles de sufragar, creando un escenario en el que las necesidades psicoterapéuticas  'se comen' las ayudas y reducen la capacidad económica de las familias.  

Actualmente, según el informe AROPE 2022,  en el 17,9% de los hogares españoles hay al menos un miembro de la unidad familiar con algún tipo de  discapacidad, pero tan solo el 19% de estas personas han recibido prestaciones monetarias durante los últimos doce meses. Esto supone que tan solo el 23,3% de los españoles que tiene una discapacidad permanente hayan percibido la prestación de la dependencia. De esta forma, la renta media por persona refleja una diferencia que se ha agravado hasta el 5,4% entre los ciudadanos con algún tipo de discapacidad y el resto de españoles.

Para hablar de la precariedad en términos de discapacidad debemos tener en cuenta un contexto socioeconómico en el que hay que valorar factores como el acceso especializado al sistema educativo, la cobertura de las necesidades sanitarias, los tratamientos especializados para un correcto seguimiento médico, el acceso gratuito a prótesis, la nutrición, la prevención precoz de los riesgos en la salud, la asistencia personal o las políticas de inserción laboral. En definitiva, un gran número de acciones que se deben destinar al cuidado y atención de estas personas. 

No obstante, debido a la inflación, los tratamientos que se necesitan son cada vez más difíciles de cubrir y a día de hoy es muy complicado para el bolsillo de estas familias encontrar una forma de solventar estas necesidades de una forma íntegra que no reduzca la calidad en la atención de estas personas amparadas por la Ley de la Dependencia.

El mercado laboral y la discapacidad intelectual

Por si fuera poco, la mala situación económica provocada por la pandemia de la Covid-19 ha reducido la contratación de las personas con discapacidad en un 30% desde que AROPE empezó a registrar estos datos, creando un escenario en el que asociaciones como Plena Inclusión han tenido que demandar a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una mejora de los accesos al empleo, tanto en el sector público como en el privado.

Las personas con discapacidad intelectual son las que más barreras tienen dentro de España a la hora de optar a un empleo dentro del sector público. Pese a que el 2% de las plazas ofertadas garantiza una reserva, desde que esta normativa se aprobó en 2012 solamente se han ofrecido 711 plazas de esta índole a las que se han presentado más de 13.000 aspirantes, según Plena Inclusión. En este contexto, la presidenta de la asociación, Carmen Laucirica, ha solicitado que desde el Ministerio “se promuevan nuevas oportunidades para que el acceso al derecho al empleo mejore sustancialmente para las personas con discapacidad intelectual, tanto en el sector privado como en el público”.

Actualmente, el sector laboral formado por trabajadores con algún tipo de discapacidad ha llegado a crecer un 24% desde la gran bajada sufrida en 2020. Sin embargo, apenas se llega a las tasas registradas durante 2016 y, como agravante de estas denuncias, el Estado no está cumpliendo con las perspectivas de contratación que tenía para las personas con discapacidad dentro del empleo público.

Aún con los futuros incrementos de las partidas para dependencia, el Estado debe mejorar sus políticas de empleo para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder al empleo público con las mismas oportunidades que el resto de opositores, ya que, según denuncian desde el sector, este sistema lleva colapsado desde 2018, lo que ha provocado que la mayoría de las plazas reservadas desde la Administración no hayan sido cubiertas.

Aunque la nueva Ley de Empleo defiende que los trabajos desempeñados por las personas con discapacidad están más protegidos que el resto, el 15,7% de estos empleados vive con riesgos de caer en la pobreza debido al desequilibrio entre los salarios percibidos y los gastos a los que están sujetos de manera irreversible. Además, desde el 2008 el número de personas paradas con discapacidad se ha elevado un total de 11,8 puntos porcentuales, según AROPE.

Las ayudas contra el deterioro

En este contexto, las subidas de la dependencia llegan en un momento en el que las personas con algún tipo de discapacidad están sujetas a un mayor riesgo de pobreza, ya que, desde el 2015, la tasa de las personas con discapacidad en ese estado se ha incrementado desde el 20,5% hasta el 23,1%, cifra que AROPE contrasta con los registros generales del resto de los españoles en los que la tasa ha mejorado un total de 1,7 puntos porcentuales.

Respecto a los jóvenes con discapacidad, la cifra de pobreza ha alcanzado el 24,5% a lo largo de los últimos años, ya que las rentas más humildes no pueden asumir los costes que conlleva tener una discapacidad intelectual o física del 65% o más. Asimismo, las personas mayores en edad de jubilación que tienen discapacidad sufren la pobreza un 54,4% más respecto a los datos del 2015.

Estas cifras muestran la necesidad de incrementar las prestaciones para la dependencia, puesto que el 27% de las personas que las disfrutan sufren dificultades para llegar a final de mes con sus rentas actuales, de forma que los incrementos lanzados por el Gobierno apenas sirven para poder afrontar la subida de los tratamientos médicos.

Por otra parte, la asistencia personal es un recurso indispensable para muchas familias. Las prestaciones de la dependencia suponen una fuente de ingresos que les permite contratar a estos cuidadores que trabajan en el seno del hogar. No obstante, debido a que el modelo de regulación autonómica está obsoleto, cada vez es más difícil establecer este tipo de contratos, por lo tanto, el precio de estos servicios y los acuerdos laborales no están regulados en su totalidad e impiden que muchas familias puedan contar con esta ayuda adicional.

En definitiva, las prestaciones por dependencia son un aspecto fundamental para apoyar la integración de las personas que más lo necesitan. Pero desde este ámbito social recuerdan que para luchar contra la desigualdad debemos integrar nuevas políticas que vayan más allá de subir simbólicamente las mensualidades. La integración afronta momentos complicados en España y no podemos permitir que la discapacidad quede desprotegida ante el nuevo panorama económico tan condicionado por la inflación y los desajustes entre oferta y demanda. Por lo tanto, se considera fundamental que esta subida proporcional de la dependencia sea aprobada y revaluada  a lo largo del tiempo sin que haya más discusiones políticas que contaminen la atención social.