La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, limpia el polvo a la propuesta de eliminar la exención del IVA para la sanidad y la educación privada. Con el argumento de acabar con las "injusticias sociales", la vicepresidenta segunda del Gobierno ha recuperado esta polémica medida de cara a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 que tendrá que abordar con el PSOE, su socio de coalición. Al igual que en 2020, cuando puso esta proposición en la mesa en plena pandemia como miembro de Unidas Podemos, la posibilidad de comenzar a gravar estas actividades reaviva el debate sobre sus efectos.
Un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluye que el resultado de fijar un IVA del 21% en este tipo de actividades se traduciría en un aumento de la recaudación de 1.763 millones. No obstante, esto derivaría en un traslado de pacientes al ámbito público cuyo aumento del gasto oscilaría entre los 195 millones en la situación más benévolo y los 2.145 millones en un caso más extremo, lo que supondría un coste de 382 millones para la administración. Es decir, que el alza de impuestos derivado de esta situación no compensaría los mayores gastos asociados en el peor de los escenarios, aunque matizan que sus consecuencias finales dependerían de que parte de la demanda se traspasaría al sistema público.
"Dado que el objetivo del beneficio fiscal es reducir los precios de las prestaciones de servicios esenciales y favorecer el acceso universal de la población a la protección sanitaria, es razonable plantear un escenario en que la exención del IVA sanitario se mantenga para aquellos servicios que, considerándose esenciales, no están cubiertos públicamente", destacan, poniendo el foco en la atención odontológica. El cambio tributario afectaría no sólo a los dentistas, también repercutiría en todo tipo de actividades privadas sanitarias entre las que se encuentran la fisioterapia o la podología.
En este contexto, portavoces de Unespa se remiten a este estudio y comentan en declaraciones a La Información que "no resulta previsible que la exención se elimine en el futuro, ya que en su momento el Gobierno se echó para atrás tras la publicación de dicho informe". "Las circunstancias no han cambiado", alegan. Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal sectorial, han sido más tajante al recordar que la exención del IVA está armonizada con Europa, por lo que ninguno de los grandes países de la UE introduce estas limitaciones.
"La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes, ya que en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública", ha reprochado Carlos Rus, presidente de esta organización. En este sentido, alertan de que se podría añadir más presión al sistema de salud público ante el desplazamiento de usuarios que hasta ahora no lo utilizan o sólo de manera parcial debido al encarecimiento de los servicios privados.
Cabe destacar que el seguro de salud ha crecido en los últimos años en términos de demanda a raíz del coronavirus, hasta cerrar 2023 con un volumen de primas de 11.238 millones de euros, un 6,6% más con respecto al cierre del año anterior, con un número de clientes que también ha ido en aumento hasta superar los 14,3 millones. Por grupos, Mutua Madrileña -que engloba a SegurCaixa- y Sanitas han liderado el crecimiento en ingresos de entre los cinco grandes durante 2023 con mejoras superiores al 12% en ambos casos, según los datos recopilados por ICEA.
Este mayor número de usuarios e ingresos ha ido en consonancia con el repunte de precios que han experimentado por encima, incluso de la inflación. De cara a este 2024, la expectativa es que el incremento continúe al alza con subidas de entre el 7 y el 8%, en línea con el contabilizado el año anterior. Pese a ello, sería inferior a la media europea, donde se prevé que suban alrededor del 10%. El elevado coste de las nuevas tecnologías, la menor disponibilidad de proveedores debido a los conflictos geopolíticos, además del creciente aumento de enfermedades asociadas a la salud mental o al cáncer son las causas que están detrás.
La previsión coincide con la realizada por Marsh, que advierte de que más de la mitad de los mercados mundiales afrontan subidas de costes a doble dígito en el seguro de salud, identificando entre los factores de riesgo para la atención médica el hecho de que los sistemas sanitarios se encuentran con obstáculos vinculados con la falta de habilidades de los profesionales en un momento en el que la atención médica digital se encuentra en una etapa temprana.
