La situación de extrema sequía en Cataluña y Andalucía ha colocado la gestión del agua en el primer plano de la actualidad, con permiso de las 'tractoradas'. A esto se le añade que esta semana Bruselas he denunciado a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por no cumplir con las directivas comunitarias del agua y sobre inundaciones. Académicos, entidades como la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), consultores y asociaciones de consumidores como Facua y OCU coinciden, con matices, en que las tarifas deben orientarse a incentivar las buenas prácticas y 'penalizar' el dispendio. En este sentido, constatan la diversidad tarifaria española, al tratarse de un servicio gestionado de formas muy diversas por los 8.131 municipios españoles junto a algunas comunidades autónomas.
El presidente de AEAS y exCEO del Canal Isabel II, Pascual Fernández, apuesta por "desincentivar el despilfarro" y destaca que "se ha reducido en un 30% el consumo urbano de agua, pasando de los 162 litros por habitante en 2007 a los 125 litros del año pasado". Además, añade, que según un estudio que realizan periódicamente desde esta asociación, una gran parte de la población paga de media por el agua 6 euros por habitante y mes. "Con esa tarifa, en muchas ciudades, no se cubren los costes de transporte, de personal...", apunta Fernández, quien añade que la media europea es "cerca del doble". ¿Por qué esta diferencia? El exCEO del Canal de Isabel II apunta que "en los países nórdicos se usa la tarificación como un instrumento de gestión medio ambiental para que no se despilfarre". Un modelo que cree que debería adoptar España.
"En los países nórdicos se usa la tarificación como un instrumento de gestión medioambiental, para que no se despilfarre", dice el presidente de AEAS
En una línea similar, el profesor y coordinador del Grado Recursos Hídricos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Francisco Carreño, recuerda la existencia de subvenciones y bonificaciones por este servicio en los diferentes municipios. "De todas formas, no es lo mismo la instalación para una ciudad como Madrid que para una población más baja", apunta Carreño, quien pide sopesar cuidadosamente "hasta qué punto subvencionar". A su juicio, no es lo mismo bonificar el agua para el abastecimiento de la población que para usos recreativos como el llenado de una piscina.
"Los ciudadanos nos volvemos más cuidadosos cuando nos afecta al bolsillo, si es grátis podemos incurrir en una serie de prácticas", observa el profesor de la URJC, que ve "complicado" encontrar el valor justo para el agua. Este profesor e investigador estima "un precio medio de en torno a 1,90 euros", aunque apunta que hay diferencias dependiendo de la zona geográfica. "En Cataluña, Alicante, Canarias y, en torno al Guadalquivir, suele ser más caro. Mientras que, a menudo, es más económico en el norte", concluye.
"España debe cumplir con la Directiva Marco del Agua"
Para Isabel García Tejerina, senior advisor de EY y exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2014-2018), "no hay uniformidad en las tarifas, pues por una parte los costes no son los mismos, y por otra, las distintas administraciones competentes toman sus propias decisiones". En este sentido, Tejerina añade que España tiene uno de los precios más bajos del agua de toda la Unión Europea (UE) y afirma que "con sequía o sin sequía, España debe cumplir con lo establecido en la Directiva Marco de Agua, que refleja todos los costes que debe afrontar el usuario". La exministra de Agricultura se pregunta abiertamente si se está ejecutando correctamente. Una cuestión pertinente ahora que Bruselas ha cuestionado la política de agua de España y elevado parte de ella a los tribunales europeos. "Con y sin sequía deberíamos valorar el agua en todo momento como bien escaso e insustituible que es y, por lo tanto, adoptar todas las medidas que permitan reducir la huella hídrica", apunta la consultora.
FAcua: grandes variaciones en las facturas
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La organización de consumidores Facua publicó el pasado mes de diciembre un estudio sobre el precio del suministro de agua a los hogares españoles, basado en las tarifas de 2023 para 57 ciudades. Entre sus principales conclusiones destacó la existencia de grandes disparidades. Para la realización de este análisis diferenció entre dos perfiles de consumo (9 y 13 metros cúbicos al mes), y dos calibres de contador (13 y 15 milímetros). Por ejemplo, para el caso de contadores de 13 mm y un consumo de 9 metros cúbicos, Ceuta, Murcia, Cádiz, Alicante y Barcelona se encontraban entre las poblaciones con las tarifas más elevadas. Para esta combinación estimaban diferencias en el precio de hasta un 361,2% al año y unas facturas que iban desde los 6,24 euros al mes en León hasta los 28,79 euros de Ceuta.
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En el caso de los contadores de 15 mm, para un consumo de 13 metros cúbicos, los precios más elevados correspondían a Ceuta, Murcia, Alicante, Cádiz y Huelva. Esto conducía a diferencias anuales en las tarifas de hasta el 340,9%. En este caso, apuntaban desde Facua, las facturas mensuales oscilaban desde los 6,24 euros de León hasta los 33,38 euros de la ciudad autónoma. En opinión de Facua, los ayuntamientos deben adoptar "un sistema progresivo de tarificación, que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes" y, en la línea otros actores del sector del agua, penalice "los consumos excesivos de una manera más realista y justa"
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Por su parte, desde la OCU, tomaban como modelo un consumo de 175 metros cúbicos de media para un hogar con 3 o 4 miembros. Un tipo de vivienda que pagaba 164 euros anuales en Guadalajara, mientras que en Barcelona abonaba 520 euros. En poblaciones como Murcia, Alicante, Palma de Mallorca, y Huelva, la factura superaba los 400 euros.
Por su parte, Fernández (AEAS), reivindica los principios de 'recuperación de costes' y de 'quien contamina, paga'. En este sentido, cree que "el precio debería ser un poco más alto, no en línea con la media europea porque los salarios son más altos" y recuerda que "en muchas poblaciones no se está cubriendo el coste porque el alcalde decide que no". El responsable de la asociación que agrupa al sector del agua urbana apuesta por repercutir los costes de cada año y se pregunta si "una subida de entre el 5 y 10%" puede suponer un problema público para los vecinos de una población.
Tejerina (EY), menciona el obligatorio cumplimiento de la Directiva Marco de Agua y, especialmente, de su artículo 9 que establece que los estados miembros deben de contemplar el "principio de recuperación" de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los medioambientales. La exministra concluye que, independientemente de la falta o no de precipitaciones, "deberían establecerse tarifas que estimularan el ahorro de agua, y mientras, la población con sus distintos usos, deben ser consciente de que el hábito de ahorro va en beneficio individual pues, si hay sequía, el agua ahorrada es de la que se dispondrá en el futuro".
Cómo funciona la tarifa del agua
Desde la OCU explican que, por término medio, de toda la factura final, el 54% corresponde al suministro mientras que otro 45% a todo lo relacionado con el saneamiento (alcantarillado, depuración...) y un 1% a los equipos de medida (los contadores). También es habitual que, en cada concepto, haya una parte fija y otra variable que dependa de lo consumido. Sobre todo lo anterior, salvo excepciones, resulta aplicable un IVA del 10% (del 21% por el alquiler del contador). De igual modo, cabe la aplicación adicional de cánones provinciales o autonómicos para financiar gastos concretos relacionados, en muchos casos, con el saneamiento.
Francisco Carreño (Universidad Rey Juan Carlos): "Los ciudadanos nos volvemos más cuidadosos cuando nos afecta al bolsillo"
El caso del Canal de Isabel II
Como ejemplo de concienciación, Carreño (URJC) recuerda que "el Canal de Isabel II cuando mejora una infraestructura traslada el sobrecoste de esas actuaciones, incluyéndolo en la tarifa, a los usuarios beneficiados. Tal y como hizo, por ejemplo, en Fuenlabrada". En cualquier caso, se muestra "a favor de no penalizar, sino de fomentar el buen uso de los recursos hídricos" y propone dos ámbitos de actuación con motivo de esta última sequía: la agricultura y el turismo. Sobre esta última actividad apuesta por incentivar que se usen sistemas más eficientes de gestión del agua.
