El Consejo de Ministros aprobará este martes un plan de ahorro y eficiencia energética en la administración general del Estado (AGE) que incluirá el control de la temperatura en los edificios públicos. El Ministerio de Hacienda y el de Transición Ecológica, impulsores del plan, buscan "reducir el consumo de energía" y limitarán a 19 grados el uso de la calefacción y de 27 grados para los aparatos de refrigeración, según consta en el borrador del acuerdo al que ha tenido acceso este periódico. El plan, que forma parte del de respuesta a la guerra de Ucrania, consta de una decena de medidas entre las que se incluye el teletrabajo para los funcionarios, como publicó La Información, y el fomento del uso del transporte público.
El Gobierno quiere evaluar el consumo energético de la administración para reducirlo. Para limitar las temperaturas, "se impulsará la implementación de sistemas que permitan incorporar el control de temperaturas" y se llevará a cabo "la instalación de elementos automáticos de encendido y apagado y de control de iluminación y temperatura". Además, el Ejecutivo revisará las potencias contratadas en los edificios administrativos para adecuarlas a las "demandas punta de consumo" y se ajustarán los horarios de limpieza de los edificios, así como de "iluminación y ventilación de aparcamientos, almacenes o zonas de ocupación no permanente".
Con este plan de ahorro, Transición Ecológica prevé el despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo en las infraestructuras de la administración y en el sector público institucional. Para ello, solicitará a cada organismo que identifique cuál es la ubicación más pertinente para albergar placas fotovoltaicas. Además, insta a crear un "inventario de cubiertas de la Administración General del Estado y el sector público estatal" y la instalación de los primeros 50Mw de capacidad este mismo año. Según consta en el borrador, las medidas estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de este año, pero también se incluyen algunas referentes al alumbrado navideño, por ejemplo, que se apagará a la 1 de la madrugada, excepto en vísperas y festivos.
El plan también tendrá consecuencias para la contratación pública, porque se tendrá en cuenta la mejor calificación energética para las adjudicaciones. En la adquisición de equipamiento, se valorarán las etiquetas energéticas; en la renovación de flotas y vehículos, se optará por la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo y en términos de contratación de servicio se tendrá en cuenta la eficiencia energética en mantenimiento. También "se llevará a cabo un seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles" en todas las administraciones públicas para conocer la "repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua".
Teletrabajo, formación y transporte
En cuanto al trabajo de los empleados públicos, Función Pública da la posibilidad de trabajar a distancia hasta tres días a la semana "para reducir el impacto energético y que posibilite la reducción de desplazamientos, con el consiguiente ahorro energético". Se trata de una adaptación temporal del acuerdo para el teletrabajo que las organizaciones sindicales firmaron junto al ex ministro de Función Pública, Miquel Iceta, hasta que éste se apruebe como Real Decreto, algo previsto para octubre. La del teletrabajo es precisamente una de las recomendaciones que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) lanzó como opciones para paliar los efectos de la crisis energética, agravada por la invasión de Ucrania.
Los empleados públicos recibirán formación para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en el uso del automóvil. Serán cursos gratuitos y online, según consta en el borrador. Además, el Ministerio de Transición Ecológica promoverá actuaciones de comunicación para sensibilizar a los funcionarios sobre ahorro energético, movilidad y uso de la energía.
Los empleados públicos recibirán formación para promover la utilización eficiente de la energía
Con respecto al transporte, el Gobierno se compromete a implantar aparcamientos para bicicletas en los edificios públicos con lugar de aparcamiento. También se promoverá el uso del transporte colectivo, aunque no se contemplan incentivos para ello. De hecho, el conjunto de iniciativas no tienen ningún presupuesto asignado, sino que se espera de ellas un ahorro energético para las arcas públicas. No obstante, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial entre Hacienda y Transición Ecológica para la coordinación del plan y el seguimiento del mismo.
Oferta pública de empleo
También está previsto que se apruebe este martes la convocatoria de empleo público para la AGE correspondiente a este año. Según los datos facilitados por las organizaciones sindicales, las plazas alcanzarían las 29.578 frente a las 23.491 del pasado año, por lo que se trata de una oferta histórica para la administración general. En total, habrá 15.880 plazas de nuevo ingreso y 9.591 plazas de promoción interna. Además, tal como avanzó La Información, Hacienda dará luz verde a una convocatoria extraordinaria de 1.150 plazas para la Seguridad Social y, específicamente, para la gestión del ingreso mínimo vital.
La oferta pública de empleo de este año también tendrá en cuenta el compromiso del Gobierno sobre la estabilización del personal interino y para ello se convocarán 4.107 plazas. Pese a las cifras, los sindicatos esperan que se agilicen las convocatorias para que las plazas se cubran lo antes posible. Además, confían en el compromiso de la planificación plurianual de los recursos de la administración y abren la puerta a que comience la negociación para la revalorización salarial de los funcionarios.
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