El Consejo Empresarial por la Competitividad (CEC), integrado por los grandes empresarios de España, propone nuevas reformas para crear 2,3 millones de empleo en cuatro años y asegura que la tasa de paro podría reducirse así al 14,2 % en 2018.
El presidente de Telefónica y del CEC, César Alierta, ha presentado hoy el informe "España 2018" ante los medios de comunicación y ha aseverado que una lucha contra el fraude laboral también podría hacer aflorar más de 800.000 empleos y reducir la tasa de paro en otros 3,9 puntos porcentuales, hasta el 10,3%.
Según el CEC la recuperación de la economía española es constante y sus previsiones son que el PIB crezca el 1,3 % este año y el 2 % en 2015.
Alierta ha dicho que España "se puede situar entre los diez mejores países en todo el mundo" y ha abogado por profundizar en las reformas, mejorar el marco regulatorio e incrementar la capacidad de innovación.
El presidente de Telefónica ha asegurado que con un plan de choque de reformas en nueve bloques "volveremos a ser un país que sorprenda".
Algunas de las medidas que propone el informe son aumentar el tamaño de las empresas y su internacionalización, así como reformas educativas y en política energética sostenible.
El aumento de la dimensión de las empresas y la mejora del marco institucional del país supondrían la reducción de 4,2 puntos en la tasa de desempleo, mientras que una reforma educativa rebajaría el paro en 0,9 puntos.
Asimismo, la mejora de la economía del conocimiento, la sostenibilidad energética y una mayor fluidez financiera aportarían una reducción de 1,9 puntos en la tasa de desempleo.
El director general del CEC, Fernando Casado, ha indicado que la lucha contra el empleo sumergido, que actualmente ronda el 11% del PIB, supondría un ahorro fiscal del 1 % y ha abogado por homogeneizar un plan nacional de lucha contra el fraude en todos los territorios e instituciones, así como por el aumento del número de inspectores.
Por su parte, el economista jefe del BBVA, Jorge Sicilia, ha dicho que es muy importante aumentar el tamaño de las empresas para que sean más innovadoras y más internacionales y ha abogado por revisar los marcos fiscales y regulatorios para facilitar el incremento de su dimensión.
"Menos del 1 % de las empresas españolas son medianas y grandes, la mitad del promedio de Alemania, Francia e Italia", añade el informe, que se plantea como objetivo aumentar en 15.000 las empresas medianas y grandes en España hasta 2018.
De ser así, la productividad crecería un 15 % y el empleo neto en 400.000 puestos de trabajo.
Por otra parte, el documento del CEC pide un ajuste fiscal "más ambicioso" sin penalizar el crecimiento, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la deuda.
Para ello propone medidas enfocadas a reducir la deuda pública por debajo del 90 % del PIB como gestionar de forma "activa" el patrimonio público, acometer procesos de externalización y subcontratación, o implementar "sin retrasos" una reforma del sistema de pensiones.
En cuanto al sistema financiero, el CEC pide incentivos fiscales al ahorro, fuentes de financiación alternativas, como las titulizaciones o un uso más eficiente de la financiación pública.
También habría que recuperar la inversión pública y privada en infraestructuras, según las grandes empresas, y evitar la depreciación del stock de capital.
Estas son las medidas:
1. Marco institucional
El informe del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) asegura que de los 3 millones de empresas existentes en España, sólo 24.000 son medianas (más de 50 empleados) y 3.800 grandes (plantilla superior a 250 trabajadores).
César Alierta, presidente del CEC y de Telefónica, y Jorge Sicilia, economista jefe del BBVA, han insistido en la presentación del informe España 2018 en que una de las claves para la creación de empleo es que el tejido empresarial gane tamaño, que se creen más empresas y que éstas y las ya existentes cuenten con un marco que las facilite ganar tamaño. A medida que son más grandes, han explicado, las compañías exportan y se internacionalizan más, y se vuelven más innovadoras, productivas y competitivas. Y, por tanto, más empleo generan.
Sicilia ha explicado que las empresas de nuestro país tienen un déficit de tamaño porque sólo el 0,8% son medianas y grandes, casi la mitad que el promedio de Alemania, Francia e Italia, que es del 1,5%.
El CEC se marca como objetivo alcanzar una estructura empresarial semejante a la de los países europeos de referencia, lo que supone prácticamente duplicar el número de compañías grandes, de más de 250 empleados; y aumentar un 60% el número de firmas medianas, las que emplean entre 50 y 250 trabajadores. Nuestro país debería sumar a las 27.800 empresas medianas y grandes de la actualidad 15.000 más. "Si España alcanzara el tamaño medio empresarial de Alemania, sería un 15% más productiva", se afirma en el informe.
De alcanzar esa meta, habría un efecto directo en la creación de empleo, generando más de 400.000 puestos de trabajo. Además, situarse en 2018 entre las posiciones 10 y 20 del ranking Doing Business de países, en el que España ocupa ahora el puesto 52, supondría una clarísima mejora en la productividad, el empleo y PIB a largo plazo.
Para conseguir estos objetivos, es necesario un marco institucional que elimine barreras legales (laborales y regulatorias); mejorar las condiciones financieras y fiscales a las que se enfrentan las empresas, fomentando las fusiones y adquisiciones de compañías y la transferencia tecnológica, lo que permitirá impulsar la cultura del crecimiento y la innovación. También la reducción de trabas administrativas y la aplicación efectiva de la Ley de Unidad de Mercado. Y proponen desarrollar plataformas para que las pymes contraten servicios tecnológicos y cursos de mejora de la calidad en la gestión.
El informe señala que aunque sólo hay un 15% de países con un PIB superior a España, los que nos ganan en competitividad global son el 25%, mismo porcentaje que nos adelanta en calidad institucional, un 32% en libertad económica, un 34% en el ranking Doing Business, y un 41% en transparencia institucional.
Para mejorar en estos indicadores hay que mejorar el marco regulatorio, la calidad del sistema educativo, la capacidad de innovación y disminuir la fragmentación empresarial.
2. Internacionalización de las empresas
Tras la mejora en 2013, el informe concluye que es indispensable dar continuidad al papel de las exportaciones como motor de crecimiento económico porque ejercen una función crucial como palanca de desendeudamiento y base del modelo de desarrollo futuro. El presidente de Telefónica y del CEC, César Alierta, ha destacado el espectacular crecimiento de las mismas que se ha producido y que España puede sorprender de nuevo en el panorama internacional como uno de los líderes mundiales en este terreno.
El reto es, señala el Consejo Empresarial para la Competitividad, conseguir que las empresas que comenzaron a vender al exterior en los últimos años se consoliden como compañías exportadoras. El informe señala que de las 151.000 empresas que exportaron en 2013, 41.000 lo hacen de forma continuada (durante cuatro años consecutivos).
Y se marca el de aumentar en un 80%: de 41.000 a 76.000 (+35.000) el número de empresas que exporta con regularidad de aquí a 2018, lo que supondría crear más de 700.000 puestos de trabajo.
Este crecimiento de la actividad internacional de nuestras empresas se consigue, señala el CEC, siendo competitivas en precios, con competencia en los mercados exteriores, con fuentes de financiación, con un mayor tamaño de las compañías, y con el tratamiento fiscal a la inversión extranjera directa (IED).
Además, los beneficios de un aumento del tamaño de las empresas y del crecimiento de su actividad internacional ejercen un efecto de arrastre sobre las pymes. El número de empresas que trabajan con una compañía aumenta a medida que ésta es más grande. Como ejemplo, según datos de PricewaterhouseCoopers recogidos en el informe del CEC, las multinacionales españolas que forman este Consejo Empresarial tienen casi 320.000 empresas proveedoras, el 26% de ellas españolas y generan un volumen de negocio estos proveedores españoles de 71.900 millones de euros.
Jorge Sicilia, economista jefe del BBVA, ha resumido que, en definitiva, "necesitamos generar las condiciones para que nazcan empresas y crezcan, aumentando la competitividad de la economía española".
3. Mejora del nivel educativo
Aumentar los niveles educativos de la educación podría generar más de 200.000 empleos a medio plazo y beneficios aún mayores a largo plazo, señala el informe del CEC. En el estudio se analiza el círculo vicioso que se produce en España entre el nivel de formación de la población, la inadecuada legislación laboral y el elevado fraude de la economía sumergida, que penalizan el funcionamiento del mercado de trabajo.
Esto explica que el paro en España esté cercano al 24%, por un 10,9% en la Unión Europea; que el desempleo juvenil se sitúe en nuestro país en el 53%, por el 23% de la UE; y que el paro de larga duración sea el 11% en España frente al 4% en la Unión.
Además, sólo el 5% de los jóvenes españoles, destaca el informe, estudia y trabaja al tiempo, tres veces menos que en la UE. Y el 25% ni estudia ni trabaja, 10 puntos más que la media de la OCDE.
El informe destaca que hay que corregir situaciones como que el 40,7% de la población en nuestro país sólo tenga estudios de Primaria mientras que la media en la Unión Europea es el 24,7%. Porcentaje que se eleva entre los parados al 55% en España, mientras que en la UE es sensiblemente inferior, del 38,5%.
Hay que aumentar la empleabilidad de los trabajadores a través de la formación, señala el CEC y avanzar hacia un modelo laboral basado en la flexiseguridad, con mejoras en la negociación colectiva y una conexión entre salarios y productividad.
Porque el cambio de modelo productivo hacia uno menos dependiente de la demanda interna y más basado en las exportaciones requerirá una cualificación especializada de la mano de obra que hoy un buen porcentaje de trabajadores no tiene. Ahora, por ejemplo, sólo el 5% de los adultos tiene un nivel máximo en comprensión lectora, la mitad que en la UE.
Para conseguir esta mejora educativa, hay que lograr una mayor eficiencia de los recursos destinados a la educación. El Consejo Empresarial propone concentrarlos especialmente en las etapas de Infantil y Primaria, y aumentar progresivamente el gasto en educación para acercarlo al promedio de la OCDE, que es el 6,2% del PIB. También incrementar también las becas y usar medidas como el cheque escolar para las familias. Además, introducir mayor competencia entre escuelas, dotarlas de un mayor grado de autonomía y vincular las retribuciones a la consecución de resultados. Asimismo, potenciar la formación dual y la orientación preuniversitaria.
El informe también propone mejorar la eficacia de las políticas activas para la empleabilidad de los parados; reforzar la meritocracia y el desarrollo de habilidades no cognitivas; y un mayor uso de las tecnologías digitales.
4. Economía del conocimiento
Los principales retos a los que se enfrenta nuestro país para acelerar la economía del conocimiento son el fomento del desarrollo científico y tecnológico y del espíritu empresarial, proyectando una marca España industrial sólida; y el impulso de una mayor inversión en I+D, clave para la generación y acumulación de conocimiento y capital tecnológico en la economía.
El informe apunta que en el año 2018 la inversión en I+D debería alcanzar el 3% del PIB frente al 1,3% actual, y que al menos dos terceras partes de esa inversión sea privada. Además, se fijan como objetivos fomentar la implantación de servicios digitales en pro de la eficiencia, revisar la actual aplicación de la ley de competencia europea asumiendo que se necesita mayor escala para ser más competitivo, y aumentar al menos hasta el nivel medio de la UE-15 la inversión en intangibles.
Se consideran intangibles la información digitalizada, como software y datos; la propiedad de la innovación (I+D, diseño y nuevos productos o servicios); y competencias económicas (marca, investigación de mercado y formación empresarial).
En este sentido el informe subraya las políticas de los países anglosajones como el modelo a seguir: Estados Unidos ya invierte en intangibles dos veces lo que lo hace en bienes tangibles y el Reino 1,5 veces; mientras que la UE se queda en 0,8 veces y España en 0,5 veces. Es decir, nuestro país sigue invirtiendo en tangibles el doble que en intangibles.
El informe explica, además, que la aportación de la economía del conocimiento al desarrollo necesita actuaciones en cuatro ejes clave: impulsar el desarrollo industrial en clave digital; incorporar técnicas digitales en la comercialización; transformar el modelo educativo para capacitar a las personas en las nuevas competencias; y acelerar la ejecución de la Agenda Digital, en la que las telecomunicaciones tienen un papel fundamental.
El CEC concluye que si se logran equiparar en 2018 estos indicadores a las mejores prácticas de los socios europeos se conseguiría un impacto equivalente al 1,5% del PIB, que se trasladaría a una creación neta de empleo de 130.000 puestos de trabajo por año.
5. Política energética
El Consejo Empresarial para la Competitividad destaca en su informe que con una contribución directa del 3,1% al PIB y del 2,5% al empleo nacional, el sector energético es un pilar básico para el crecimiento económico y para la generación de puestos de trabajo.
El efecto de tracción que representan para la economía sus ratios de inversiones y compras, hace necesario incluir las vertientes técnicas y económicas en el debate social ahora centrado en aspectos medioambientales.
También apoyar la actividad exploratoria con el fin de atraer inversión. Con un plan de inversiones razonable a medio plazo es posible aumentar el PIB un 0,8%, creando 100.000 nuevos empleos hasta el año 2018, considerando el efecto directo e inducido de esa inversión.
El informe señala que los costes ajenos al suministro son la causa principal del sobrecoste de la energía eléctrica en España y otros países europeos. Por ello, creen que la solución debe venir de Europa, a través de un marco estable y predecible que garantice las inversiones con un retorno razonable y camine hacia un mercado interior de la energía europeo; y con un regulador único con visión a largo plazo.
A España le piden eliminar los costes ajenos al suministro y redefinir la retribución de las actividades reguladas sin aplicar retroactividad; y una solución al problema financiero derivado de las primas, en línea con las medidas de recapitalización de la banca. El director económico financiero de Iberdrola, José Sainz, ha explicado que sería una suerte de banco malo para las plantas que se construyeron con costes de generación muy altos, en lugar de repercutir esos costes a los consumidores.
También propone diversificar el mix energético a través de las renovables; el aprovechamiento del gas no convencional que puede albergar España, sobre todo en Burgos y Álava; y aprovechar nuestra situación estratégica como paso del gas argelino al resto de Europa, vía Francia.
Para ello, es necesario un programa coordinado de ampliación de redes en Europa, analizando el coste/beneficio para evitar ineficiencias y no dañar la competitividad; valorar la sostenibilidad medioambiental y utilizar tecnologías eficientes en las renovables, impulsando la competitividad del sistema; y explorar el potencial del gas no convencional (que se extrae con la polémica técnica del fracking), creando incentivos y un marco regulatorio proclive para inversión, desarrollando la tecnología necesaria y abriendo un debate social sobre el tema.
6. Infraestructuras
En el informe se destaca la posición privilegiada de nuestro país en cuanto a infraestructuras de transporte, situándolo como el 6º a nivel mundial.
Pero advierte de que para seguir mejorando nuestro posicionamiento logístico hay que aumentar las actuales tasas de inversión, reducidas sustancialmente por la crisis, ya que el sector tiene un elevado impacto directo en el empleo a corto plazo y tiene un efecto derrame sobre el resto de la economía. Especialmente, en un entorno como el actual de tipos nominales cercanos a cero, se debe evitar que el stock de capital acumulado se reduzca consecuencia de la aceleración del ratio de depreciación.
Por ello, se debe aumentar al menos un 1% del PIB la inversión pública para igualar a Europa, con el objetivo de mantener la calidad de la red actual y mejorar el posicionamiento logístico.
7. Financiación
Otro de los ámbitos de actuación debería ser el de la financiación, especialmente después de que España haya sido uno de los países de la Eurozona en los que el crédito ha experimentado un ajuste más intenso.
Así, aunque en los dos últimos años se han producido importantes avances tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta, existen campos de mejora que serían de utilidad para incrementar la fluidez del acceso al crédito del sector privado y, especialmente, de las pymes.
El informe del CEC señala que es necesario al menos mantener los niveles de ahorro que garanticen el proceso de desendeudamiento público y privado.
Aunque, según ha explicado José Manuel Campa, director general de relaciones con los inversores del Grupo Santander, mientras el sector privado ha disminuido su apalancamiento en 18 puntos desde el año 2009, el sector público lo ha aumentado en casi 50 puntos.
De esta forma, los niveles de ahorro del sector privado ya están prácticamente en línea con el resto de Europa, mientras que se sigue deteriorando el diferencial del sector público con la media europea.
8. Lucha contra el fraude laboral
El CEC también cuantifica, describe y propone medidas para hacer frente al fraude laboral por su impacto sobre el empleo y, por lo tanto, en la tasa de paro. Tanto es así que el nivel de la economía sumergida en España se estima en torno al 23% del PIB (unos 230.000 millones de euros), lo que equivale a aproximadamente 4 millones de empleos equivalentes, suponiendo una tasa muy superior a la de otros países de la Eurozona, como Alemania (15%), Francia (15%) y Holanda (11%).
El nivel del fraude puramente laboral en nuestro país sería casi el doble de la media de Alemania, Francia y Holanda. Mientras que en España equivale al 11% del PIB y 1,85 millones de empleos equivalentes, el promedio de esos tres países europeos está en el 6% (Alemania 7,9%; Francia 6,2%; Holanda 4,2%).
El informe propone homogeneizar y evaluar las medidas de lucha contra el fraude laboral ya en marcha, aumentar el número de inspectores y darles mayor capacidad de control, trabajar para cambiar las actitudes sociales frente al fraude e incentivar la transición a la economía formal.
De esta forma, podrían aflorarse 827.000 empleos de la economía sumergida y generar un ahorro fiscal equivalente al 1% del PIB por el aumento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y por el IRPF, y el ahorro de prestaciones por desempleo (calcula que unos 300.000 españoles cobran el paro y trabajan en la economía sumergida).
9. Ajuste fiscal
El informe del CEC explica también que, sin olvidar el esfuerzo realizado, la situación fiscal de España en relación con Europa no ha mejorado sustancialmente en los últimos 12 meses; e incide en la importancia de cumplir e incluso de exceder el cumplimiento de la agenda prevista para garantizar la sostenibilidad de la deuda y evitar así que se sitúe por encima del 100% del PIB de manera sucesiva durante la próxima década.
Para ello sería fundamental aumentar la tasa de crecimiento económico potencial con las medidas citas en el informe, a la par que realizar un ajuste fiscal más ambicioso aún para alcanzar un superávit primario que garantice la reducción de la deuda.
No obstante, la consecución de este superávit debería ser compatible con el incremento de la inversión pública hasta niveles que garanticen la estabilidad del stock de capital. El informe señala que sus medidas mejorarían 3,7 puntos porcentuales el saldo fiscal, situando la deuda por debajo del 90% del PIB en 2018 y alcanzando un superávit público del 2,6% en esa fecha, en lugar del déficit del 1,1% previsto.
Para ello se recomienda una gestión activa del patrimonio público; incrementar la lucha contra el fraude, la racionalización y la eficiencia, la externalización y la subcontratación; así como implementar sin retrasos la reforma del sistema de pensiones. En este sentido, indica algunas medidas concretas, como la reducción del número de ayuntamientos en nuestro país.
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