El Ministerio de Trabajo se desdice. La petición de las patronales CEOE y Cepyme de poder trasladar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los contratos públicos ha dejado de ser una reclamación lógica para la cartera de Yolanda Díaz, a pesar de que este reclamo cuenta con el apoyo de los sindicatos sentados en la mesa, CCOO y UGT. El grupo de trabajo, en el que se encuentran representados los sociales, que negocia el incremento a aplicar en la renta mínima en la sede del Ministerio no tomará ninguna decisión sobre la indexación de las contratas públicas, ha asegurado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha dibujado un escenario propicio para que los empresarios abandonen el debate al amenazar con una subida superior al 4% ofertado en el caso de que no firmen un acuerdo con los sindicatos.
Esta postura es completamente diferente a la defendida antes de las Navidades, donde la cartera veía una demanda lógica por parte de los empresarios ahora ve una excusa para "cumplir la ley" y aplicar el aumento de la retribución mínima legal. El número dos del Ministerio de Trabajo argumentaba este lunes que esta ha pasado a ser una política repetida del Gobierno y por tanto, "no constituye una sorpresa", de manera que deberían haberlas incorporado a sus líneas estratégicas de año. "Una revisión general no parece que tenga mucho sentido" ha zanjado, a pesar de que hace solo unas semanas era este representante el que se comprometía a ejercer como interlocutor con el Ministerio de Hacienda para conseguir un cambio en este tema. Si bien, la ahora vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se mantuvo en el no.
El equipo de Yolanda Díaz tampoco está dispuesto a atender la segunda reclamación de las organizaciones empresariales, la reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes del sector agrario. "No tenemos referencias empíricas de que tengan [las subidas del SMI] un efecto negativo en el empleo. No deben existir mecanismos de compensación para ningún sector por cumplir la ley" ha sostenido Pérez para rechazar esta segunda propuesta, la que contaba con el firme rechazo de los representantes de los trabajadores. Además, compete al área de Seguridad Social que ni siquiera ha llegado a pronunciarse al respecto, a diferencia de Hacienda.
La reunión de este lunes ha concluido sin que las partes hayan conseguido llegar a un acuerdo. La patronal se ha comprometido a consultar con su organización la respuesta al 'no' a la indexación de los salarios en los contratos públicos y a enviar su posición antes del próximo encuentro, que tendrá lugar el jueves o el viernes, según han explicado los negociadores de los sindicatos a la salida de la cita en el Ministerio.
El SMI puede llegar a 1.134 euros en 2024
El secretario de Estado de Empleo ha evitado confirmar si la subida del SMI irá al Consejo de Ministros de este martes, dado que los agentes sociales podrían tener que consultar a sus ejecutivas antes de tomar la decisión final. Por lo pronto, el Gobierno no iba a llevar una nueva cifra hasta conocer la reacción de los empresarios al saber que su demanda de indexación de los contratos públicos no será atendida. Aunque, el Ejecutivo parece descartar la posibilidad de cerrar una cifra a tres, como confiaban hacer en un primer momento, puesto que fue la patronal la primera en poner la propuesta del 3% sobre la mesa, en línea con lo firmado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmada en el mes de mayo para los convenios.
"Si no alcanzaremos un acuerdo para el 4%, el Gobierno se desvincula de esa cifra" ha defendido el número dos de Trabajo abriéndose a estudiar un alza más ambiciosa como la que reclamaban los sindicatos. La Unión General de Trabajadores no definió una cifra después de situar en 1.200 euros la referencia con la que entienden que se alcanzaría el umbral del 60% del salario medio, si bien este lunes el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que esta no debería ser inferior a las subidas aplicadas a las pensiones mínimas o el IMV, de casi el 7%.
En cambio, Comisiones Obreras apostó desde el inicio por un incremento del 5% que situaría el salario mínimo en 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, para cubrir el aumento de los precios de los alimentos y de la vivienda, según explicó entonces el secretario general del sindicato, Unai Sordo. Su representante en la mesa, Mari Cruz Vicente ha recordado que es a partir de esta referencia desde la que negociará el sindicato con una postura flexible. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo deberá medir qué subida estará dispuesta a aceptar la otra parte del Gobierno, la del flanco socialista con el que presumiblemente no dejará de haber roces tras la salida de Nadia Calviño de la cartera de Economía, Comercio y Empresa.
A falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirme el dato de inflación del mes de diciembre, en cualquiera de los escenarios planteados, el aumento sería superior a la subida media que experimentaron los precios en 2023. El IPC del último mes del año se sitúo en el 3,1% llevando el dato medio al 3,55%, por lo que un alza del 4% como la planteada por el Ministerio de Trabajo y sobre la que los empresarios no han puesto pegas superaría en casi medio punto al incremento medio del IPC del año y en consecuencia, una que tocase el 5% excedería en más de un punto el aumento aplicado en términos generales a las pensiones del 3,8% y que ya ha entrado en vigor.
