Miércoles, 20.11.2019 - 07:45 h
Las dificultades para las pymes

Trabajo olvida la moratoria y ya actúa contra empresas sin registro horario

CE Consulting Empresarial revela que un mes después de la entrada en vigor de la normativa la Inspección ha iniciado diligencias a pymes que incumplen

Magdalena Valerio
Trabajo olvida la moratoria y empieza a actuar contra empresas sin registro horario. / EFE

"Ya lo advertimos. Hay muy pocas pymes que estén preparadas tecnológicamente para cumplir la nueva normativa de Registro Horario". La red de CE Consulting Empresarial se extiende por toda España y da servicio a cerca de 60.000 clientes, en su inmensa mayoría pymes, así que saben de lo que hablan cuando señalan las dificultades reales que la pequeña empresa se está encontrando para cumplir la normativa y cuando auguran problemas en su implementación.

Una cuestión de fondo que no está condicionando la actuación de la Inspección de Trabajo, que según fuentes de la red de consultoras, ya ha abierto las primeras diligencias sancionadoras contra empresas sin sistema de control horario implantado, a pesar de las dificultades objetivas de éstas para cumplir con la nueva normativa y a pesar también de la anunciada 'moratoria' comprometida desde el Ministerio de Trabajo. El Gobierno adelantó que no actuaría en primera instancia contra las empresas sin registro horario siempre que éstas acreditaran estar en proceso de implantar algún mecanismo para llevar ese registro, fuera por haber realizado algún trámite específico para ello bien por estar en un proceso de negociación dentro del diálogo social.

Pero esas coartadas, advierten desde CE Consulting Empresarial, no es válida para un puñado de sectores de gran peso en la economía del país y que están bajo sospecha, como la hostelería, donde no es fácil dar con un sistema de registro horario adecuado y dónde las condiciones de los empleados rara vez se dirimen por negociación colectiva. "Vemos que ha habido una cierta precipitación legislativa y un periodo de adaptación excesivamente corto, y eso ha generado un grado de incertidumbre muy importante en las empresas", recalca Fernando Núñez, presidente de CE Consulting.

"Las empresas no saben si es suficiente con una tabla de Excel o si tienen que adquirir una app, con el coste económico que ello supone, si deben firmar o no los registros, si deben computar o no la pausa del cigarro como tiempo de trabajo, qué pasa por las extensiones voluntarias de jornada...", denuncian desde la firma, que por contra si tiene noticias de actuaciones masivas de la Inspección en determinados sectores e incluso de apertura de diligencias contra empresas que no disponían de sistema de registro horario y no pudieron acreditar ninguna de las excusas absolutorias antes mencionadas.

Sanciones de hasta 6.500 euros

La obligación de llevar un registro de la jornada realizada por los trabajadores entró en vigor el pasado 12 de mayo entre quejas de las organizaciones empresariales, amonestaciones de la ministra de Trabajo a las empresas por no tomarse el tema demasiado en serio y la sensación generalizada -alentada también desde el Gobierno- de que la obligación de disponer de un sistema para controlar la jornada de sus empleados no se empezaría a chequear de forma estricta hasta pasadas unas semanas.

La directora de la Inspección de Trabajo, Soledad Serrano, deslizó en una reunión informativa con representantes de CEOE que se daría un cierto margen a las empresas para acordar con los representantes de los trabajadores el sistema de registro horario más apropiado en cada caso, sobre el bien entendido de que la normativa no lo definía y de que era una cuestión que podría resolverse mejor en el diálogo social. Algunos debieron entender ese mensaje como una suerte de 'laissez faire' de la Inspección a ese respecto. No ha sido así.

No hay todavía sanciones firmes. De momento, únicamente se han abierto diligencias a algunas empresas de sectores concretos, como el de talleres de automóviles, por la no disposición de un sistema de control horario y ahora las empresas podrán presentar sus alegaciones antes de que el expediente adquiera la condición de firme. Las multas previstas pueden llegar hasta los 6.500 euros para las incumplidoras.

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