El Tribunal de Cuentas ve "margen de mejora" en el diseño de los planes de prevención, detección, corrección y persecución del fraude a todas las entidades participantes en la ejecución de los Fondos Next Generation.
Esta es una de las conclusiones extraídas del informe del Tribunal sobre las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El documento, cuyo ámbito de fiscalización se extiende hasta el 31 de mayo de 2022, pone de manifiesto algunas incidencias en el funcionamiento del sistema creado para la gobernanza del PRTR.
Análisis de entidades
El Tribunal de Cuentas ha analizado los Planes Antifraude (PA) de 75 órganos y entidades del sector público estatal aprobados el 31 de mayo de 2022. De las 75 entidades analizadas, 64 disponían de un plan y las 11 entidades restantes estaban en proceso avanzado de implantación.
La institución valora un "alto grado de implantación" de estos planes antifraude en el sector público estatal. Pero también señala que "en general, el desarrollo de dichas medidas ha tenido un alcance limitado, debido a que el plazo previsto en la normativa para que las entidades dispusieran de un PA ha sido excesivamente breve".
Según el informe, esta rápida implementación ha sido la causa de que las entidades no dispusiesen de un sistema lo suficientemente desarrollado para afrontar los riesgos que se asumirían en la gestión de los fondos europeos.
El organismo reconoce que en los planes antifraude analizados la mayor parte de las medidas esenciales están presentes, pero aún "existía margen de mejora". El 66% de estos planes se centran en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación exclusivamente, sin hacerlo extensivos a toda su gestión.
Se "erosiona" el compromiso antifraude
A juicio del Tribunal de Cuentas, esto podría "erosionar" la credibilidad del compromiso antifraude ante los ciudadanos y los trabajadores de las entidades. Es por ello que ha recordado que una verdadera cultura antifraude requiere también un proceso posterior de revisión e interiorización por las personas afectadas, mediante la formación adecuada.
Para mejorar el control del fraude el organismo recomienda que la diversidad de planes antifraude aprobados se integren en el marco común de la Estrategia Nacional Antifraude (ENA), lo que permitirá generalizar la aplicación de las medidas antifraude a todas las actividades económicas, con independencia del origen de los fondos que las financian y encajar los PA en políticas de integridad globales.
Pero no es el único informe de fiscalización relativo a los fondos europeos que ha hecho el Tribunal de Cuentas. En un segundo documento analiza las medidas adoptadas en el ámbito de la administración general del Estado para la implementación del Plan de Recuperación.
Críticas al programa informático
El informe destaca que el "desarrollo más lento de lo previsto" del sistema informático de gestión y seguimiento del PRTR, denominado COFFEE-MRR, ha desembocado en "retrasos en la carga de proyectos en dicho sistema, su falta de interoperabilidad con otras aplicaciones y la ausencia de uso como instrumento para el análisis de riesgos".
Además, en lo relativo a este sistema, el Tribunal de Cuentas recomienda que permita la elaboración, de forma automatizada, de los informes previstos en la normativa, facilite datos de ejecución efectiva en términos de los hitos y gastos acometidos e integre la información necesaria para realizar análisis de riesgos e identificar a los beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas.
También advierte el organismo que los informes de ejecución publicados en la página web para exponer los avances del Plan de Recuperación proporcionan información en términos "excesivamente generales" sobre el estado de implementación de las inversiones y reformas, según recoge Europa Press.
Sistema de gobernanza
En este marco, se recomienda la continuación con el proceso de coordinación entre los departamentos gestores del PRTR y entre estos y la autoridad responsable. Por otra parte, se sugiere la inclusión en las páginas web de los distintos departamentos ministeriales de toda la información prevista en el Manual de Comunicación elaborado por la autoridad responsable.
En este mismo informe, el organismo ha puesto de manifiesto algunas incidencias en el funcionamiento del sistema creado para la gobernanza del Plan de Recuperación, así como incidencias en la cobertura de las necesidades de personal surgidas para atender la gestión del plan con los recursos humanos preexistentes en la Administración.
Esas incidencias se han producido, apunta el Tribunal, en el Comité Técnico, que no ha realizado parte de sus funciones de coordinación y apoyo a la gestión de los ministerios y, en algunos casos, han sido asumidas por los propios gestores o por órganos especializados por razón de materia, como la Intervención General de la Administración del Estado o la Junta Consultiva de Contratación Pública.
