La UE pierde 5.000 millones al año por su falta de control al comercio 'online'

Un lastre de 5.000 millones de euros en pérdidas es la consecuencia de la falta de control de la Unión Europea en el comercio electrónico. Según ha informado el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA), la combinación del fraude al IVA y las tasas aduaneras  

En el informe del ECA publicado este martes, el órgano fiscalizador europeo admite que no hay estimaciones del importe del IVA que no se recauda por la venta de servicios a través de Internet entre países, aunque la Comisión Europea estima que "las pérdidas por entregas de bienes de escaso valor desde terceros países ascienden a 5.000 millones de euros anuales".

El tribunal constata que persisten las dificultades en los países de la UE para recaudar los importes correctos del IVA y de los derechos de aduana por productos y servicios vendidos a través de Internet, afea los controles "deficientes" de las autoridades tributarias nacionales, mientras que las inspecciones del IVA y derechos de aduana recaudados que lleva a cabo la Comisión Europea resultan "insuficientes" y denuncia la ejecución ineficaz de la recaudación.

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"Las aduanas de la UE no pueden evitar los abusos del sistema de franquicia para envíos de escaso valor en el caso de los bienes importados desde terceros países", alertan los auditores en su informe. Los auditores afean a los gobiernos que no aprovechan "al máximo" los acuerdos de cooperación administrativa con terceros países para intercambiar información con ellos y la infrautilización de las disposiciones sobre asistencia mutua en materia de cobro de impuestos.

También que no lleven a cabo "auditorías eficaces de la venta de bienes a distancia en el interior de la UE" por parte de los gobiernos y los "problemas con los pagos de la mini ventanilla única" entre estados miembro. Además, incide en que no sólo no hay estimaciones "de la brecha de incumplimiento del IVA en la prestación de servicios" sino que "las de entrega de bienes son contradictorias".

El tribunal valora que las nuevas normas europeas que entrarán en vigor en 2021 persiguen "resolver algunas insuficientes" y se atienden a "las mejores prácticas internacionales" pero alerta de que siguen sin resolver el problema de "la infravaloración".