El Ministerio de Asuntos Exteriores lleva más de tres lustros viviendo de alquiler, desde febrero de 2004 para ser exactos. En aquellos días, el Gobierno se vio obligado a trasladar a todo el personal que prestaba servicio en el Palacete de la Plaza del Marqués de Salamanca tras detectarse emanaciones de un componente químico que causaban reacciones adversas más o menos severas en los trabajadores. Detectados los riesgos para la salud de los trabajadores de permanecer allí, el edificio se desalojó casi de un día para otro y la estructura del Ministerio se trasladó casi por completo a una sede provisional, en el edificio Torres Ágora - propiedad de la socimi Zambal Spain - cuyo arrendamiento le pasa una factura anual de 7,3 millones de euros al erario público. En conjunto, los diferentes alquileres que mantiene Exteriores para realojar a su plantilla le cuestan 9,5 millones de euros al año, según reveló en su día el ministro García-Margallo.
La Gran Crisis aparcó los planes para reformar y sanear el edificio ministerial en el corto plazo y hubo que esperar hasta el año 2016 para que el departamento activara de la mano de la empresa estatal Tragsa las obras de acondicionamiento del edificio de la Plaza del Marqués de Salamanca con el horizonte de ejecutar el traslado a la remozada sede ministerial en el primer trimestre de 2020. Desde entonces los problemas no han parado de sucederse. El último de ellos se ha desencadenado por la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - el órgano de vigilancia de la contratación pública que depende del Ministerio de Hacienda - de revocar la adjudicación por parte de Exteriores a la empresa Cobra, del Grupo ACS, de las obras de construcción del nuevo centro de procesamiento de datos que se pretende instalar en las renovadas instalaciones del futuro Ministerio.
El órgano dependiente de Hacienda entiende que Exteriores no actuó conforme a la norma al excluir del proceso a la oferta más competitiva, la de la empresa Fibratel, alegando una supuesta baja temeraria que haría imposible cumplir las condiciones previstas en el contrato. Hacienda considera que la decisión de Exteriores no estuvo suficientemente justificada y que, por tanto, procede retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a la exclusión de la oferta de Fibratel, hecho que sucedió el pasado 13 de marzo. Tres meses perdidos, a los que habrá que añadir el nuevo procedimiento de adjudicación que se abra ahora para poner a todos los candidatos en situación de igualdad: Fibratel, Cobra y Elecnor.
Una historia de retrasos con una factura elevadísima
Llueve sobre mojado. El pasado mes de septiembre el Ministerio de Asuntos Exteriores admitía en una respuesta parlamentaria que la obra iniciada en 2016 se estaba alargando "más de lo previsto" y que el periodo de 30 meses inicialmente estimado amenazaba con prolongarse. Argumentaba el Ministerio que la obra se había revelado como más compleja de lo que se preveía y que los tiempos precisos para completar las obras de algunas de las unidades del edificio no podrían completarse en el periodo esperado.
En un primer momento, Asuntos Exteriores retrasó el momento de la mudanza a finales de este año, pero según fuentes sindicales tras el parón de las obras provocado por la irrupción de la Covid-19 el último calendario que les ha traslado la Dirección General de Servicio Exterior del Ministerio apunta a que la mudanza no se producirá antes de septiembre de 2021. Si se tiene en cuenta que, según la información proporcionada por el Ministerio en la respuesta parlamentaria antes citada, la mudanza se prolongaría durante entre cuatro y seis meses, para disponer del tiempo suficiente para obtener todas las licencias municipales necesarias desde que la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda haga entrega del edificio, todo indica que será difícil que la nueva sede del Ministerio esté plenamente operativa antes del ejercicio de 2022.
La principal consecuencia del retraso, más allá de la sensación de incertidumbre al respecto en la que continuarán viviendo unos cuantos meses más los más de 1.200 trabajadores repartidos entre los servicios centrales de las Torres Ágora y la sede provisional de la Dirección General de Españoles en el Exterior, sita en la madrileña calle Pechuán, es el ensanchamiento de la gravosa factura que ha tenido para las arcas públicas los problemas en el Palacete de Marqués de Salamanca. Según una información publicada por El Confidencial, hasta el año 2016 los arrendamientos abonados para alojar al personal ministerial en tanto no se resolvieran los problemas estructurales en la sede legítima del Ministerio de Asuntos Exteriores habían pasado ya una factura de 127 millones de euros.
Cuatro años después, y según las estimaciones de ahorro anual en arrendamientos proporcionadas por el Ministerio cuando se presentó el proyecto de reforma - unos 9,5 millones de euros al año -, esa factura se ha disparado hasta los 165 millones de euros y como poco llegará hasta cerca de los 175 millones de euros porque la remozada sede de la Plaza del Marqués de Salamanca no estará lista para ser ocupada hasta el año 2022. Por lo que pudiera pasar, Exteriores ha decidido prolongar el contrato de arrendamiento que tiene con la socimi Zambal Spain hasta febrero de 2023, si bien esa prórroga solo es vinculante de manera obligatoria hasta febrero del año 2021, según comunicó la empresa inmobiliaria al MAB, informa Ep.
Las renovadas dependencias del Palacete de Marqués de Salamanca acogerán al grueso de la plantilla de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero la sede institucional del Ministerio se mantendrá en la sede de la Plaza de Santa Cruz, donde está el despacho de la ministra; del mismo modo que la previsión es que los actos protocolarios continúen haciéndose en el Palacio de Viana, ambos en pleno corazón de Madrid.
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