Vox ha presentado una proposición no de ley para aportar mayor protección a los usuarios frente a la nueva política de 'cookies', que obliga a elegir entre pagar o aceptarlas. Por ello, la formación política quiere que las grandes compañías tecnológicas paguen por transferir los datos obtenidos en España a sedes fuera del país.
A través de esta medida, que el partido de Santiago Abascal ha registrado en el Congreso, se busca compensar a los usuarios por tener que elegir ofrecer su información para navegar por internet de manera gratuita gracias a la nueva norma para la protección de datos.
Vox se ha mostrado en contra de la política, que surge de las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos y la formación política califica de "chantaje". El partido ha llegado a afirmar que se trata de una vulneración de los derechos fundamentales de los españoles y ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, por esta inciativa.
Denuncian que las tecnológicas transfieren los datos
Lo que también denuncia Vox es que, en la práctica, las empresas titulares de los portales de Internet pueden utilizar la información que obtienen de las 'cookies' para el estudio de comportamiento y preferencias del usuario en caso de aceptación y también para su venta a otras compañías nacionales o extranjeras dedicadas al análisis de datos.
"Ante la preocupante transformación en la política de aceptación de 'cookies' que está teniendo lugar en el ámbito digital, los españoles necesitan certidumbre en cuanto al uso que se da a sus datos", advierte el grupo parlamentario en su PNL, recogida por Europa Press.
En este contexto, Vox propone impulsar el establecimiento de una pasarela de datos de peaje obligatorio "para que las grandes empresas tecnológicas extranjeras que deseen transferir datos obtenidos en territorio español a sedes en el extranjero, con el objeto de compensar a los individuos de quienes se obtienen los datos, además de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes".
Asimismo, hay un segundo punto en la propuesta que pide promover la protección de la soberanía "de los datos de los ciudadanos españoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de datos personales en línea", siempre y cuando no represente una amenaza para la seguridad nacional, la defensa y el interés general.
