Domingo, 16.12.2018 - 00:39 h
Recurso de amparo

Activistas recurren al Constitucional el archivo de la querella por el 'Caso Castor'

El colectivo alega "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" tras la ratificación por parte de la Audiencia Nacional.

El Supremo rechaza anular la compensación en caso de negligencia en Castor
Activistas recurren al Constitucional el archivo de la querella por el 'Caso Castor' / Archivo

El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, han anunciado que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional "por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" tras la ratificación del archivo de su querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional.

El colectivo hace alusión a la decisión tomada el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional, que desestimó y confirmó el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables ESCAL-UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, presentada por este grupo ciudadano el pasado 27 de febrero.

El colectivo cargaba contra los exministros de Industria Joan Glos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS -accionista de Escal-, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

En el recurso de amparo presentado ahora ante el TC, el grupo ciudadano afirma que "en este caso está en juego la credibilidad del conjunto del sistema político y económico, y también del judicial si no investiga".

Asimismo, denuncia la "existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de un conjunto de elementos acreditados que demuestran, más allá de la complejidad del proyecto, una inaudita facilidad de tramitación del proyecto Castor acompañada de un singular resultado: una infraestructura que no es operativa pero que mediante su construcción la proyectista ha ingresado altísimas cantidades (sobrecostes añadidos) y todo ello asumido por la ciudadanía en la factura del gas por un valor de 1.350.730.000 euros (2.419.940.000 más los intereses)".

Además, lamentan que "el marco jurídico internacional de la lucha contra la gran corrupción" quede "huérfano de tutela en el presente caso" y hacen alusión a la "corrupción medioambiental" generada al respecto, pues los "bienes jurídicos afectados no son únicamente de naturaleza económica y por lo tanto la tutela judicial efectiva deviene más necesaria y su acceso debería entenderse como menos exigente".

"En el presente caso, es notorio y conocido que el proyecto Castor ha sido la causa de importantes movimientos sísmicos en la zona de Tarragona y Castelló (...) Sin embargo, y más allá del resultado concreto del procedimiento, nadie puede negar a estas alturas que ha existido afectación medioambiental a raíz del fallido proyecto Castor", prosigue el recurso.

"Por lo tanto, la investigación que se pretende por parte de la entidad hoy recurrente es una acción popular que busca perseguir y castigar la corrupción en un caso en el que además de haber provocado un grave perjuicio económico al conjunto de la ciudadanía, también ha generado un grave resultado en cuanto a la afectación medioambiental", añade.

Además, advierte de que la falta de investigación sea "generadora de impunidad" y concluye que "anticipar que no puede realizarse reproche penal alguno a los hechos denunciados sin tan siquiera practicar diligencia de investigación alguna, como hace la resolución recurrida, a pesar de los indicios y argumentos alegados, significa omitir totalmente la actividad propia de los tribunales ante un caso grave como el presente y alejarse de su función constitucional como impartidores de justicia emanada del pueblo sometidos únicamente al imperio de la Ley".

El colectivo añade en un comunicado que seguirán persiguiendo el objetivo de que "se esclarezcan los hechos, se diriman responsabilidades y se acabe con la impunidad hasta las más altas instancias" al estimar que "el agujero" dejado por el proyecto "es un indicio suficiente de que ha habido un problema, como mínimo, de mala praxis de la administración y que esto debe ser investigado", ya que argumentan que no se trata de "una simple fatalidad", al tiempo que anuncian futuras acciones paralelas.

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