Viernes, 14.12.2018 - 16:37 h
Los bancos reclaman 1.350 millones

Santander, Caixabank y Bankia dan una tregua a Sánchez por el caso del Castor

El Gobierno y la banca evitan el enfrentamiento: ha pasado medio año desde que las entidades interpusieron una reclamación al Estado

Almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón.
Almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón. / EP

Los bancos que financiaron el cierre del almacén de gas Castor y la  indemnización de 1.350 millones a la sociedad promotora Escal-UGS - participada por ACS- están en modo tregua con el Gobierno de Pedro Sánchez. Santander, Caixabank y Bankia dejaron de cobrar en enero los 80 millones pactados cada año durante tres décadas. En abril iniciaron acciones legales, pero seis meses después, nada se ha movido.

La CNMC paralizó los pagos después de que el Tribunal Constitucional tumbara el decreto que amparó el cierre del almacén en el año 2014. Hace ya seis meses, los bancos presentaron una reclamación de "responsabilidad del Estado legislador" en la que argumentaron un "enriquecimiento injusto del Estado" al paralizar los pagos.

Pero desde abril, todo está parado. En teoría, el Gobierno disponía de medio año para contestar a la reclamación que interpusieron los bancos el 6 de abril. El anterior ministro de Energía del PP, Álvaro Nadal, había optado por el silencio administrativo. Con el cambio de Gobierno en junio, el silencio sigue. Pero hay un matiz. Los bancos afectados, Santander (700 millones); Caixabank (450) y Bankia (200), están en modo tregua frente al Ejecutivo de Sánchez.

No hay preguntas

Gráficamente, fuentes de una de las tres entidades afectadas explica así la situación: "Ni nos han dicho nada (desde el Gobierno), ni nosotros hemos preguntado". Mus. Los tres bancos coinciden en que no hay ninguna novedad reseñable desde que en abril movieran ficha. Las tres entidades reclamaron apelando a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que prevé responsabilidad patrimonial del Estado "siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley".

Antes habían preparado las baterías. Los tres bancos coordinaron estrategia y contrataron asesores externos. El despacho elegido para preparar una posible larga batalla fue el británico Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales. Linklaters ha intervenido, entre otros asuntos, en la suspensión de pagos y reestructuración de deuda de Abengoa. BP, Air France o EDF también han contado con sus servicios de asesoramiento.

Por el momento, las baterías están calladas. El Gobierno de Mariano Rajoy, con Álvaro Nadal como responsable en la pelea, anunció que solicitaría un informe sobre el caso al Consejo de Estado antes de valorar las reclamaciones de los bancos. En el registro del Consejo de Estado no figura mención alguna a un informe, según explican a La Información en el organismo que preside Maria Teresa Fernández de la Vega. 

Un cuadro difuso

La tregua de la banca con el Gobierno Sánchez difumina el cuadro. En principio, el Ministerio de Transición Ecológica es el que lleva la voz cantante en el desaguisado que acabó con el cierre de Castor tras provocar la alarma en las costas de Castellón con múltiples movimientos sísmicos. Ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Industria han aclarado si también están involucrados en una posible solución.

Mientras la banca tantea al nuevo Gobierno, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analiza un recurso contra la decisión de la juez Lamela de no admitir la querella de varias organizaciones contra cinco exministros socialistas y del PP por su papel en la autorización del fallido almacén de gas.

La querella fue interpuesta por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya contra ex ministros y ex altos cargos dela época de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy.

En el auto recurrido, la juez Lamela asumió la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que se oponía a la admisión de la querella al analizar las circunstancias en torno al contrato de ACS y comprobar que no había indicios de delito en el comportamiento de los denunciados: Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Ignasi Nieto, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa, Juan Gabriel Cotino y los empresarios Florentino Pérez ACS) y Recaredo del Potro (Escal-UGS).

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