La fecha límite era el 31 de marzo de 2019. Si llegada esa fecha Adif no acreditaba ante Bruselas la realización efectiva de los trabajos -de ingeniería, de obra...- cuya financiación justificó la transferencia de cerca de 800 millones de euros de fondos europeos al Reino de España para desarrollar su red ferroviaria de alta velocidad no le quedaría otro remedio que reintegrar a las arcas comunitarias el dinero no gastado según lo convenido. El último aviso de la Comisión llegó el pasado mes de noviembre y apuntaba de forma explícita a 30 millones de euros de cofinanciación europea del periodo 2007-2013 aún no certificados y vinculados a los tramos de AVE a Galicia y del túnel de Pajares.
La amenaza no era menor. El reintegro de las ayudas supondría que Adif tendría que soportar con fondos propios, o inyectados desde el Estado, esos 30 millones de euros de financiación europea no ejecutada en tiempo y forma. Para hacerse una idea del impacto del asunto sobre las cuentas del gestor público de la red ferroviaria de alta velocidad del Estado basta decir que el fallido se habría comido dos terceras partes de los beneficios de explotación de 49 millones de euros registrados en 2018.
La advertencia de Bruselas del pasado mes de noviembre puso a los Ministerios de Fomento y Hacienda en guardia, según se reconoce en las últimas cuentas anuales de la sociedad Adif AV. Hacienda negoció con la Comisión la posibilidad de suavizar un tanto el criterio de cumplimiento aplicado a esta cofinanciación, para la que Europa exige disponer de acta de recepción y certificado de disponibilidad de la infraestructura o documento equivalente antes del fin del plazo estipulado, en el sentido de aplicar un criterio de proporcionalidad que evitara retirar el conjunto de la subvención europea por un incumplimiento parcial en la finalización de los trabajadores financiados con fondos europeos.
El Ministerio de Fomento, por su parte, activó las palancas necesarias para facilitar a Adif la finalización de los trabajos pendientes, acelerando las obras y haciendo un seguimiento exhaustivo de las mismas para garantizar su certificación antes del 31 de marzo de 2019.
El acelerón de última hora de Fomento con las obras pendientes de rematar y la negociación de Hacienda con Bruselas sobre los criterios de certificación de las obras, que permitieron acordar un criterio de proporcionalidad en el reintegro de las ayudas en el caso de los grandes proyectos no sean funcionales en su totalidad, han permitido a Adif llegar a tiempo y salvar la práctica totalidad de los 30 millones de euros que podrían haber acabado de nuevo en las arcas de Europa.
Según fuentes de Adif, la compañía consiguió certificar la mayor parte de los trabajos 'en cuestión' antes del 31 de marzo y la Comisión Europea únicamente descertificó ayudas europeas por valor de 1,5 millones de euros por unos trabajos de ingeniería relacionados con el desarrollo de la línea ferroviaria de alta velocidad para conectar la meseta con Galicia.
Ello fue posible gracias a la aceptación por parte de la Comisión del criterio de que el reintegro de las ayudas se realizar sobre la base de los expedientes de obras y asistencias técnicas asociadas para los que no se dispusiera de la documentación requerida, y no sobre el conjunto de la obra cuyo impacto hubiera sido más dañino para la compañía estatal.
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