Nissan, Alcoa, Arcelor Mittal y Ferroatlántica, por citar algunas de las industrias más afectadas por el desplome de actividad y la crisis, forman parte del grupo de 600 empresas españolas que consumen más de un 1GWh de electricidad al año y al menos la mitad en hora valle. Juntas suponen el 17% de la demanda eléctrica del país. Están en la unidad de cuidados intensivos. "Esto es urgente; necesitamos ayuda aquí y ahora", sostiene el secretario general de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Andrés Barceló. Las empresas exigen que se concreten las medidas de apoyo que se vienen negociando desde 2018 y que, como sucede con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, siguen en el limbo administrativo.
El malestar dura ya dos años. No se trata sólo de la industria. También las grandes empresas agrupadas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) han manifestado durante meses su inquietud al Ejecutivo. Están todas las grandes: Acerinox, Megasa, Air Liquide, Atlantic Cooper, las petroleras de AOP, Ercros, Fertiberia, Cementos Molins y un largo etcétera de compañías. Total: 300.000 millones de facturación y tres millones de empleos agrupados especialmente -datos de los ministerios de Industria y de Transición-en Cataluña, con 153 grandes centros industriales; País Vasco (44); Galicia (31), Asturias (19) y Madrid (19).
Asociaciones y empresas mantienen un enfado ya antiguo. No se trata sólo del precio de la electricidad, para el que reclaman rebajas. La irritación viene también de otras medidas que han afectado a los ingresos, como los recortes a la actividad de cogeneración -400 millones- que permite a las empresas proveerse de energía térmica y al mismo tiempo generar electricidad para inyectar el sobrante en la red a una tarifa fija. La Administración echó sus cálculos y concluyó que en el periodo 2017-2019, las industrias cogeneradoras cobraron hasta 900 millones de exceso. Salió la tijera y engordó el enfado.
Tijeretazo y enfado
Tras el tijeretazo a la cogeneración y el consiguiente enfado, el bálsamo previsto tomó forma de rebaja en la factura eléctrica mediante un estatuto propio para las grandes empresas consumidoras. El borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo nació de la colaboración de la Secretaría de Estado de Energía (Sara Aagesen) y la Secretaría General de Industria (Raúl Blanco). Va por la segunda redacción y sus términos no han gustado. Tanto el director general de AEGE, Fernando Soto, como la alianza industrial de Barceló se lo hicieron saber al Gobierno. "La regulación no termina de ayudarnos", explicó la pasada semana Barceló en la Comisión de Industria del Congreso.
Empresas e industrias consideran insuficientes las ayudas previstas. Así de simple. El Estatuto, en su última versión, contempla rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo. En total, en torno a los 300 millones. Pero las empresas esperaban más, porque no alcanza las marcas de apoyo que aplican Francia o Alemania y tampoco concreta las partidas presupuestarias que lo respaldan. Las ayudas quedan muy lejos de los más de 580 millones que llegó a ingresar la industria con el sistema de la interrumpibilidad.
Un punto positivo
El punto más positivo del Estatuto, apuntan las mismas fuentes, es el de compensaciones por los costes del CO2 que las empresas pagan en el recibo. Este apartado sí tiene claras las cifras: 172 millones de euros, el máximo que autoriza Bruselas. Algo bueno, pero no lo bastante para calmar las aguas. Quieren más acción y más implicación. Las grandes industrias han apelado incluso a la intervención de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, un peldaño por encima de su interlocutora natural en el Ejecutivo: la ministra Reyes Maroto.
La alianza industrial ha llevado a la Comisión de Industria del Congreso la necesidad de más medidas para rebajar la factura energética -suspensión del 7% a la generación eléctrica- y también para impulsar las actividades industriales y de la construcción que tiren de la economía. La propuesta: "medidas urgentes que paralelamente estimulen la demanda y la competitividad de las empresas".
"Llevamos esperando y hablando desde 2018" ha explicado Barceló. "Como el día de la marmota (la ayuda) siempre se queda a la puerta". La crisis sanitaria ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los números del gestor de la red eléctrica, REE, revelan lo crudo del momento. En abril, mes y medio después de la primera declaración del estado de alarma, el sector de la automoción registraba caídas del consumo eléctrico superiores al 75%. Mal dato sobre mal dato porque en 2019, el frenazo del consumo en la metalurgia llegó al 13,2% y en la automoción al 10,5%. Es el podium de la caída.
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