La pandemia y el estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la crisis han dejado en segundo plano todos los planes que parecían bien encarrilados hace apenas unas semanas. Así sucede con el esquema de ayudas a los grandes consumidores de energía que diseñaron los ministerios de Transición Ecológica y de Industria para canalizar hasta 300 millones de euros anuales para 600 empresas. El plan tomó forma en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que iba a sustituir el esquema de subvenciones anterior, basado en las llamadas subastas de interrumpibilidad. El Estatuto aún no está en vigor y las grandes empresas temen que la crisis impida convocar una nueva subasta de ayudas para la segunda mitad del año.
El tiempo corre. Las subastas de interrumpibilidad que gestiona Red Eléctrica de España (REE) conllevan un proceso complejo de convocatoria y habilitación, lo que exige acciones inmediatas, según explican fuentes empresariales. En las subastas de interrumpibilidad, las grandes empresas ofrecen la posibilidad de reducir de potencia si lo pide REE, tanto por motivos técnicos -una emergencia- como por motivos económicos. A cambio, pagan menos por la factura de la luz. En la última subasta celebrada en diciembre, los apoyos hasta junio rondaron los cinco millones de euros para más de un centenar de compañías, lo que desató un alud de críticas. REE asegura que "es al ministerio (de Transición) al que corresponde convocar la subasta". A día de hoy no hay información al respecto.
En teoría, la convocatoria de ayudas de diciembre iba a ser el final de un sistema que había sido muy criticado tanto por la Comisión Europea como por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en España. Lo iba a reemplazar un mecanismo más moderno y presentable, trabajado de forma conjunta por la secretaria de Estado de Energía Sandra Aagesen y el secretario de Industria Raúl Blanco. Pero el coronavirus dejó todo en el limbo.
Para empresas como Alcoa, las ayudas son un asunto crucial. Alcoa forma parte del núcleo duro del consumo eléctrico industrial junto a Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc, Celsa, Acerinox y Ercros. Hace apenas unos días, el grupo industrial Riesgo se hizo cargo de la gestión de las fábricas de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés tras adquirírselas al grupo Parter. Su petición inmediata al Gobierno ha sido una rebaja en el precio de la factura energética para mantener la actividad.
"Todo va a depender de cuándo finalice el estado de alarma" explican fuentes de las organizaciones que agrupan a los grandes consumidores. En teoría, sostienen, hay tiempo para organizar una nueva subasta de interrumpibilidad, aunque en el Ministerio de Transición Ecológica, sostienen. no da detalles sobre los planes en marcha. La Informacion trató de obtener la versión del ministerio, sin éxito.
Sin planes presupuestarios claros, con un estado de alarma prorrogado y personal en teletrabajo, el estatuto que iba a actuar como apoyo a la competitividad de la industria está en el aire. El dinero en ayudas a los grandes consumidores eran un estimulante bien recibido tras los recortes en las subvenciones desde el año 2017, cuando los apoyos llegaron a alcanzar los 525 millones. Ahora, apuntan las empresas, mandan las necesidades y la incertidumbre ante los próximos meses. Una posible solución, apuntan, sería tener en cuenta compensaciones a las industria y grandes consumidores de ejercicios anteriores.
Hasta el gran parón por la pandemia, el Gobierno manejaba la cifra de 300 millones como estímulo a los sectores electrointensivos mediante rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo. Iban a beneficiar a 600 empresas, de las que una cuarta parte, 153, estarían en Cataluña.
Los Ministerios de Transición Ecológica y de Industria no han cerrado definitivamente las cifras de ayudas porque dependen de la negociación presupuestaria. Sí concretaron en su momento, sin embargo, alguna de las partidas. Así, habría 90 millones para rebajar los cargos de la parte fija de la factura hasta en un 85% y 172 millones para compensar los costes del CO2 que pagan las compañías a través del recibo. El resto, hasta superar probablemente los 300 millones, correspondería un fondo público para que las empresas firmen contratos de suministro de energía limpia a largo plazo -más de cinco años-.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las reclamaciones de las grandes empresas e industrias no solo son causa desgaste político. La industria electrointensiva factura 107.000 millones de euros, emplea a 220.000 personas y supone un 12% del producto interior bruto. Cifras para tener en cuenta, más en tiempos de incertidumbre económica.
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