El Ministerio de Industria va a reelaborar el estatuto de consumidor electrointensivo que reclama la gran empresa. Así se lo comunicó el secretario general, Raúl Blanco, a una amplia representación del mundo empresarial e industrial en una cumbre celebrada hace unos días y a la que también asistieron la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO. En la cumbre no hubo representación del Ministerio de Transición Ecológica, responsable del área de energía en el Gobierno. La nueva redacción del decreto para abaratar la factura eléctrica de las grandes empresas es obligada. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cuestionó el plan y Bruselas también recela.
Industria perdió una carrera contra el reloj. No pudo cumplir el objetivo de aprobar un estatuto favorable a la industria antes del fin de la legislatura. Pero no quiere perder la prueba de fondo. Y esa prueba son los cierres, expedientes de regulación y recortes de producción que han anunciado grandes compañias como Alcoa o Arcelor, que se quejan, entre otras cosas, de la carestía de la electricidad. Para empresas como Celsa, la propia Alcoa, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Solvay, Atlantic Copper, Air Liquide o Ercros, el estatuto es clave. Todas están atentas al resultado de las gestiones políticas que pueden traducirse en partidas de los presupuestos y en más dinero para rebajar su factura energética. Por si acaso, mantienen la presión.
También lo hacen los sindicatos y las administraciones autonómicas afectadas. El Gobierno Sánchez elaboró el proyecto de consumidor electrointensivo para evitar medidas drásticas de las industrias, pero la amenaza no ha desaparecido. El proyecto incluía medidas para abaratar la factura de las grandes empresas como la exención de su aportación en el pago de los sistemas de capacidad que cobran las eléctricas por tener potencia sobrante y la regulación de contratos bilaterales con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas.
Nuevos contactos con Bruselas
Ni a la CNMC ni a Bruselas les convenció el plan. Fuentes del Ministerio de Industria admiten que hay y habrá nuevos contactos con Bruselas y se solicitará de nuevo la opinión -no vinculante- de la CNMC. La Comisión Europea, según fuentes al tanto de las conversaciones, cuestiona aspectos como los pagos a las empresas por acceder a desconectarse de la red en caso necesario (interrumpibilidad). En su lugar, prefiere fórmulas a la alemana, con mecanismos para compensar a las empresas por los costes del desarrollo renovable.
El plan del departamento que dirige Maroto es aprobar el estatuto en cuestión de semanas. En cuanto se forme nuevo Gobierno y antes de que culminen los cierres industriales anunciados. Aunque los plazos son ajustados. El Ministerio podría acortar el periodo de información pública en la aprobación del nuevo borrador. Pero tiene que pasar por la CNMC y el Consejo de Estado. Y ahí no hay atajos.
Por eso se trabaja a marchas forzadas para perfilar las medidas al gusto de Bruselas y para calmar los ánimos de las empresas. En el primer apartado colabora Cesce, la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) . Cesce, según fuentes al tanto del proceso, está aconsejando en el diseño de nuevos modelos de contratación de energía -bilaterales- que funcionan con éxito en países como Noruega. En el apartado de apaciguar las aguas, Industria mantiene el compromiso de elevar hasta 200 millones de euros las compensaciones a las industrias por los costes indirectos del CO2, el máximo permitido por Bruselas.
En la cumbre de Industria participaron dos decenas de representantes de la empresa y de los sindicatos, aunque hubo ausencias notables. El secretario general de Industria disculpó la ausencia de sus colegas del Ministerio de Transición Ecológica, según fuentes de los asistentes. Pero tampoco hubo representación de la multinacional Alcoa a apenas un mes de que se cumpla el plazo de cierre de las factorías de Avilés y A Coruña. "Se nos resumieron los esfuerzos realizados, para los que no ha habido resultados" explica Andrés Barceló, de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid).
El problema es el dinero
El problema, como sucede casi siempre, es de dinero. El Estatuto que reclaman las empresas no calma los recelos. Las empresas saben que el apoyo que reciben por la vía de la interrumpibilidad -cobran por desconectarse de la red eléctrica cuando es necesario- es un sistema destinado a desparecer por la presión de Bruselas y que está dejando de manar: la última subasta celebrada en diciembre de 2018 repartió apenas 186 millones, tras años en los que la media superaba los 500 millones.
En ese ambiente de inquietud, Alcoa, Cemex, Vestas, ArcelorMittal y Ence, entre otras grandes empresas, han anunciado medidas de reestructuración que achacan, entre otros factores, a los elevados precios de la electricidad en España. ArcelorMittal ha sido la última en poner sobre la mesa recortes de producción que afectarán a los altos hornos de Gijón y a la acería de Avilés.
También Ferroatlántica del grupo Villar Mir o Tubos Reunidos han vinculado sus dificultades al precio de la energía. Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal de dos años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores. Tubos Reunidos pasa también por una situación delicada.
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