"¿Estás listo para realizar entregas con Amazon Flex? Empieza ahora". Tan sencillo como lo vende el mensaje de bienvenida de su web. El controvertido modelo de Amazon Flex, importado de Estados Unidos y puesto en marcha en España a finales de 2017, permite a cualquier particular con carné de conducir, vehículo propio y alta en el régimen de autónomos ganarse un jornal de unos 14 euros la hora repartiendo a tiempo parcial en las proximidades de su zona de residencia paquetes del gigante estadounidense de la distribución, solo con darse de alta en su aplicación móvil. Una suerte de 'uberización de la logística', contra la que no tardaron en reaccionar los sindicatos y también la patronal del sector de las empresas de transporte urgente, UNO, que incluso llevó el asunto ante la Inspección de Trabajo ante lo que consideraba un caso evidente de competencia desleal.
Un puñado de denuncias sindicales ante la Inspección de Trabajo más tarde y con la amenaza latente de la patronal que agrupa a las grandes del sector del transporte urgente -Seur, UPS, DHL, Correos o Tourline (ahora CTT Express)- de sustanciar la cuestión ante los tribunales, Amazon ha optado por la vía pacífica y por cerrar la integración de su filial de reparto en la gran patronal del sector, UNO, en un intento por resolver de puertas para adentro los desencuentros que se puedan generar por la particular operativa de su modelo de negocio.
Y no son pocos. UNO estima que el modelo de solventar el reparto de última milla con particulares choca con la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre que obliga a tener una licencia para desempeñar este tipo de actividad, con el código de circulación y también con la legislación laboral, y que genera al modelo de Amazon Flex una ventaja competitiva impropia. Según fuentes de la organización empresarial, Amazon ha tenido que aceptar estos argumentos para integrarse en UNO y ha asumido que deberá operar a partir de ahora dentro del marco regulatorio en el que se mueve el sector.
De hecho UNO no ha retirado la denuncia ante la Inspección de Trabajo que planteó en su día contra el esquema de Amazon Flex de recurrir a particulares sin licencia para realizar sus repartos.Dicha demanda, junto a las denuncias de los sindicatos, sirvió para que el Ministerio de Trabajo abriera una investigación sobre la operativa de la filial de repartos del gigante estadounidense de la distribución.
El gigante del comercio electrónico y el sector logístico viven desde hace años una relación de 'amor-odio'. Unos y otros se necesitan, pero hay diferencias importantes. Las grandes paqueteras se han quejado por los escasos márgenes que exige la multinacional estadounidense por cada uno de los pedidos que ellas gestionan. Y ésta última ha despertado aún más recelos desde que ha creado su propia compañía de reparto Amazon Logistics, para la que subcontrata a firmas más pequeñas del sector como Aravinc o Tipsa y así consigue saltarse a los grandes nombres.
Sindicatos, a la espera de la Inspección
Mientras tanto, la compañía se enfrenta a un aluvión de denuncias ante la Inspección de Trabajo por parte de los sindicatos. UGT movió ficha en un primer momento hace un par de años. Presentó una primera demanda apenas unos meses después del lanzamiento de Flex en España, en noviembre de 2017, en Valencia. Ese primer proceso acabó, según explican fuentes sindicales, en el levantamiento de un acta de obstrucción, pues la multinacional estadounidense no aportó la documentación que le exigían los inspectores.
A esta primera denuncia se sumaron otras tantas en Madrid, Barcelona o Bilbao, con los mismos argumentos que aquella. De estos procesos jurídicos aún no hay ninguna resolución de la Inspección, según las mismas fuentes, que señalan la similitud con los casos de los 'riders' en plataformas como Glovo o Deliveroo. Con una salvedad que podría ir contra el gigante tecnológico: el servicio Flex no asigna pedidos como las 'apps' de reparto de comida a domicilio, sino bloques de horas de trabajo que son remuneradas a 14 euros brutos. Y esto puede ser, según UGT, un indicio de laboralidad aún mayor.
Fuentes oficiales de Amazon aseguran que cumplen "con la normativa aplicable en los sectores donde opera". En este caso, se refiere al "pequeño porcentaje de autónomos que colaboran con nosotros repartiendo paquetes de forma independiente, con la opción y flexibilidad de entregar cuando ellos decidan, obteniendo así ingresos adicionales a través de Amazon Flex".
El atasco en la Inspección va a hacer que todos estos casos se alarguen en el tiempo. Los procedimientos de oficio trasladarán la pelea a los tribunales. Y la experiencia con los 'riders' indica que pueden pasar varios años hasta que haya sentencias firmes. De hecho, este año 2020 ha llegado por primera vez un caso de Glovo al Tribunal Supremo después de pasar por la primera instancia y el TSJ de Madrid. El Alto Tribunal es el llamado a regular esta actividad, mientras el Gobierno de PSOE y Podemos aún no ha dado el paso . A finales del pasado mes, la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se limitó a decir que la legislación llegará "con celeridad".
Es evidente que Amazon tiene varios frentes abiertos con Flex, que se suman a los que ya tenía en su centro logístico de cabecera en San Fernando de Henares (Madrid), donde mantiene un conflicto laboral por las condiciones de trabajo de sus empleados. Todas estas batallas las librará ahora bajo el paraguas de la patronal logística, aquella con la que acumula años de un 'tira y afloja'.
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