La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente a Naturgy la deuda resultante de las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo 2011-2015, que asciende a 17 millones de euros. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso tras presentar la gasista los avales prestados por BBVA, según la resolución número 453/2023 consultada por La Información.
Naturgy Energy Group S.A. interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) con fecha 22 de septiembre de 2022, solicitando la suspensión cautelar de la ejecución de las liquidaciones ofreciendo como garantía el aval bancario citado anteriormente vía económico administrativa. La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso y razona que al quedar suspendida la deuda y quedando la Administración Tributaria privada del ingreso de tal cantidad, se exige a la empresa la previa presentación de caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que de la falta de ingreso se derivan.
Por otro lado, no se impone a Naturgy ningún tipo de costas. La Sala lo justifica así con la nueva redacción que ha recibido el apartado 1 del artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con la entrada en vigor de la Ley 37/11, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. "En el supuesto examinado, la Sala considera que concurría una duda razonable en orden a la valoración de los hechos y, consecuentemente, en relación al sentido de la resolución que procediera adoptar en respuesta a la solicitud de medida cautelar, motivo por el que, conforme a las nuevas prescripciones que en materia de costas ha establecido la mencionada Ley 37/2011, no se efectúa ahora imposición de costas", señala la resolución.
En octubre de 2021, Naturgy, junto al Banco Santander, Suez Spain y Cirsa y MRW, interpuso también un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la orden que aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Las cinco empresas impugnaron la Orden Ministerial HAC/560/2021, de 4 de junio, alegando su inconstitucionalidad. Esta norma aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español para el periodo impositivo correspondiente al ejercicio 2020.
Impuesto energético
Lo que no ha dejado aún claro la compañía que preside Francisco Reynés es si recurrirá el impuesto energético, tal y como ya han hecho Repsol, Iberdrola, Endesa y EDP. Naturgy estima que pagará 150 millones de euros por ejercicio. El impuesto energético, con el que el Ejecutivo espera ingresar 2.000 millones de euros anuales, grava los ingresos no regulados en España, con un tipo del 1,2 %. Se trata de un impuesto temporal para dos ejercicios -gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, respectivamente-, aunque la propia normativa prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.
La petrolera que dirige Josu Jon Imaz solicitó que se aplicaran medidas cautelares contra la orden del Ministerio de Hacienda para imponer dicho gravamen a los ingresos de las energéticas, pero la Audiencia Nacional ha rechazado la petición. En el auto, la Sala de lo Contencioso considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos (llevando a efecto las compensaciones necesarias). La decisión se conoció un día después de que la patronal de las grandes eléctricas Aelec anunciara que había presentado recurso contencioso-administrativo. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB) también han hecho lo propio.
Repsol ha cifrado en 450 millones de euros el impacto que sufrirá la compañía por el gravamen, mientras que Iberdrola y Endesa lo calculan en 200 y 300 millones de euros, respectivamente. Imaz ha dicho que este impuesto no es compatible ni con la Constitución Española ni con la normativa europea. Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lo ha calificado de "arbitrario" y no espera que se produzca el fallo de los tribunales hasta el año que viene. Cepsa, que prevé un golpe de 325 millones, tampoco se ha pronunciado sobre si recurrirá o no.
Con la presentación de resultados de 2022, las energéticas se han jactado de los impuestos que pagan (tras beneficios récord). Iberdrola pagó 7.500 millones de euros en todo el mundo, de los cuales 2.600 millones correspondieron a España, al tiempo que Repsol reportó más de 17.000 millones de euros, el 70% en España (12.000 millones). La contribución fiscal total de Cepsa se situó en 6.654 millones de euros, "cifra récord en la historia de la compañía", de los que el 71% (4.721 millones de euros) correspondieron a impuestos pagados en el territorio nacional. Por su parte, Endesa contribuyó con 3.843 millones (el 85% en España).
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