La patronal de las grandes eléctricas, Aelec, ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector energético. La decisión llega justo antes de que presenten sus resultados correspondientes a 2022 (que se esperan de récord) y secunda los pasos de las patronales bancarias.
La patronal, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, denuncia en un comunicado que "el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español". También argumenta que la Unión Europea (UE) ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas "en el que nada se dice sobre el sector eléctrico". "Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior", ha subrayado la asociación.
De esta forma, ha recurrido directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del impuesto. El impuesto energético, con el que el Gobierno espera ingresar 2.000 millones de euros anuales -una cifra que se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria- grava los ingresos no regulados en España, con un tipo del 1,2 %. Se trata de un impuesto temporal para dos ejercicios -gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, respectivamente-, aunque la propia normativa prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.
Iberdrola y Endesa han cifrado el impacto en 400 millones de euros, mientras que Naturgy, que no forma parte de la patronal y no ha aclarado aún si lo recurrirá, lo ha calculado en 300 millones. Aelec señala, además, que el impuesto que plantea Bruselas sobre las petroleras, gasistas y el carbón es sobre beneficios y no sobre ingresos. También defiende que es discriminatorio porque "solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas".
Asimismo, argumenta "incoherencia fiscal". "Grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas", sentencia la asociación presidida por Marina Serrano.
Repsol ha dicho este miércoles que pagará este año 450 millones por este concepto y también ha avanzado que lo recurrirá. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, ha explicado en una conferencia con analistas que que el pago extraordinario se realizará en dos partes, una en febrero y la otra en septiembre, aunque ha asegurado que no tendrá un impacto "material" en las cuentas de 2023.
El directivo ha considerado que este impuesto no es compatible ni con la Constitución Española ni con la normativa europea. Repsol ha reportado el segundo mejor beneficio de su historia, ha sido la última empresa del sector en pronunciarse sobre el citado impuesto. "Los mensajes populistas solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad", ha señalado la empresa en un comunicado.
Postura de la banca
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB) informaron este miércoles de que han interpuesto interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos contra el impuesto extraordinario. Con el recurso interpuesto, el asunto llegará a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que dará traslado del recurso a la parte demandada, en este caso el Ministerio de Hacienda, para que valore el expediente antes de que el tribunal escuche los argumentos de las dos partes, explicaron fuentes jurídicas a Efe.
De esa forma, pasarían aproximadamente unos dos meses hasta que se formalice la demanda. En cualquier caso, lo que está claro es que la banca ha decidido recurrir la orden ministerial y hay varios puntos en los que pondrá el foco, entre ellos que el nuevo tributo grava los ingresos -el margen de intereses más comisiones- en lugar de los beneficios, que el Gobierno considera extraordinarios por el alza de los tipos.
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