La caída del Popular pone al descubierto otra falla del sistema a ojos de Ciudadanos. La entidad podrá solicitar a Hacienda monetizar sus activos fiscales diferidos contra las pérdidas que arroje en 2017 sin verificación previa de la fiabilidad del resultado contable por parte del Cuerpo de Inspectores del Estado. La formación naranja está decidida a aprovechar la primera reforma tributaria que se presente para corregir la situación y garantizar que haya ‘luz y taquígrafos’ sobre las cuentas antes de devolver impuestos a la banca.
“Es un fallo técnico de la norma -Real Decreto Ley 14/2013- y no se puede comprobar si las pérdidas son reales o no. La intención es que se compruebe a efectos de proteger los fondos públicos”, explica el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, inclinado a presentar la propuesta como una reforma a la Ley del Impuestos de Sociedades. “Es muy relevante porque te juegas mucho dinero y esperamos que haya consenso”, recuerda.
Los activos fiscales diferidos es una compensación fiscal. Cuando las entidades financieras incurren en pérdidas por determinados costes -provisiones por saneamiento de ladrillos, para dotaciones de prejubilaciones, etc.- genera una hucha desgravable en su factura tributaria a cargo de beneficios futuros. La imputación hace que ahorre tributos y explica que su factura en el impuesto de sociedades ronde el 25% pese a estar fijado el tipo en el 30%.
El titánico saneamiento del ladrillo de la crisis y las dotaciones para decenas de miles de prejubilaciones ofrecidas para reducir un tercio su estructura hicieron que en 2012 la hucha rondase los 51.000 millones. En el camino se tropieza entonces con Basilea III, el nuevo marco de capital que invalida el uso de esta red como activos que suman solvencia salvo que los Estados los avalen. Alemania, Holanda o Francia salvaron el escollo con un carry bank fiscal consistente en reembolsar el cheque.
Las estrecheces fiscales llevan a Italia y otros países como Brasil a transformarlos en créditos fiscales, fórmula elegida por España y que consiste en reconocer que Hacienda les debe el dinero -descontable en la factura fiscal- a cambio de que las entidades paguen cierta comisión para evitar que la Comisión de Competencia los considerase ayudas del Estado.
La ley de 2013 acabó garantizando un aval del Estado sobre unos 30.000 millones, en su mayoría ocasinados por quebrantos en la limpieza que impusieron los dos ‘Decretos Guindos’ durante los primeros compases de 2012 para despejar las incertidumbres sobre el sistema financiero.
El problema: cuando el banco se liquida...
La casuística es rica y Ciudadanos lanza la voz de alarma sobre la situación creada primero con Banco Madrid y ahora con Popular. El problema no es que una entidad pague menos beneficios sino cuando tiene que entrar en juego el aval del Estado cuando la entidad pierde o es insolvente. La filial del andorrano BPA fue liquidada en concurso de acreedores y el Popular resuelto con más de 12.000 millones en pérdidas hasta junio, que sumieron su patrimonio en más de 2.000 millones negativos.
Una entidad tiene derecho a solicitar la devolución total en caso de liquidación y parcial en función del porcentaje de fondos propios perdidos, detalla Francisco de la Torre. Llevado al Popular, en 2017 reclamó 400 millones contra el ejercicio 2016 cuando reportó más de 3.400 millones en ‘número rojos’. Estima que podría plantear la devolución de otros 1.600 millones cuando rinda cuentas de las cifras cerradas en 2017 en la próxima campaña de Sociedades.
Estos inesperados desenlaces ante la ausencia de precedentes hicieron que el Banco de España no reparase en la necesidad de buscar tal escrutinio, justifica. Con su iniciativa busca máxima transparencia y verificación sobre cualquier caso así que pueda venir máxime cuando en el del Popular está entredicho el todavía confidencial informe de Deloitte y la CNMV ha sembrado dudas sobre los resultados al abrir una investigación sobre si las pérdidas afloradas se produjeron en 2017 o correspondían a otros ejercicios.
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