Las quejas de los inversores del Popular han encontrado un valedor en el Defensor del Pueblo. La institución ha pedido al Ministerio de Economía que inste al Santander a facilitar una solución extrajudicial a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada “evitando así la indefensión de los inversores por falta de información y transparencia” y la pesada y costosa vía judicial.
En una carta enviada a uno de los afectados el organismo denuncia que el control preventivo ejercido por los supervisores, y de forma particular por el BCE en coordinación con el Banco de España, sobre el Popular “ha resultado ineficaz para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores”, puesto que no se detectaron los problemas que motivaron la resolución de la entidad.
El organismo subraya que el banco ofrecía “una imagen de solvencia y solidez que generaba confianza en los inversores”, cuando la fragilidad era extrema. “La falta de información ha originado indefensión a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada”, concluye en la misiva donde aboga por una solución que evite la tortuosa vía judicial, donde ya han acudido miles de afectados.
La solución es la misma que el Defensor del Pueblo ya recetó en 2013 para compensar el perjuicio a los miles de ciudadanos que sufrieron quebrantos con las complejas participaciones preferentes. El mecanismo se arbitró en Bankia, Novagalicia (hoy Abanca) y CatalunyaBanc con laudo positivo para 298.223 clientes que recuperaron 3.125 millones de euros. Se trataba, sin embargo, de entidades controladas en aquel momento por el Estado a través del Fondo de Reestructuración (Frob) y emisoras directas de los denostados títulos.
El Santander ha heredado la situación del Popular, entidad que se adjudicó después de que la Junta de Resolución amortizase bonos y acciones reduciendo a cero un patrimonio superior a los 3.000 millones de euros de pequeños y grandes inversores. Según el organismo europeo dirigido por Elke Köning, cualquier compensación recaerá sobre el grupo cántabro al no haberle adjudicado garantía pública alguna sobre dichas eventualidades. La posición declarada en su día por el banco es que la solución dada al Popular la decidieron y ejecutaron las autoridades, y aún así ofreció un bono compensatorio.
En un intento de retener a los miles de clientes que perdieron sus ahorros por invertir en el Popular y desactivar actuaciones judiciales, el Santander ofertó un bono con el que una mayoría recuperaría la inversión si la mantienen durante siete años. De haberlo aceptado en su integridad, pequeños ahorradores recuperarían unos 981 millones. La solución no convenció a uno de cada cinco accionistas porque la oferta resultó suscrita en el 77,88% de su valor global. Para recibirla debían renunciar "irrevocable e incondicionalmente" a emprender acciones legales y reclamaciones contra el grupo y sus gestores, entre otras condiciones.
El informe de Deloitte decidirá si la UE debe compensar
Los miles de afectados han anegado, en cambio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con demandas contra la decisión de la Junta de Resolución y la Comisión Europea, donde exigen su anulación y devolución del dinero perdido; y en España litigan en la Audiencia Nacional contra el brazo delegado Frob, los supervisores y antiguos equipos gestores del Popular.
La indicación del Defensor del Pueblo no es vinculante. Y la pelota está aún en la propia Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a la que ha solicitado que inste al banco a dar el paso, dado que el organismo no puede dirigirse directamente a una entidad privada.
Queda otra opción al margen de los tribunales: Deloitte se encuentra elaborando el informe definitivo de la resolución donde deberá detallar qué trato hubiesen obtenido los accionistas y bonistas de llevar el Popular a un concurso de acreedores. Si el estudio concluye que la resolución les causó mayor perjuicio, tocará al Fondo de Resolución Europeo compensar al inversor por el perjuicio sufrido en exceso.
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