Lunes, 20.01.2020 - 18:23 h
Batalla legal contra Jorge Pérez

El BdE sospechó de CNMV por los emails con su directivo díscolo en el caso Bankia

La institución analizó los correos que se intercambiaba su exjefe de normativa contable con Ana Martínez-Pina, José María Roldán o Aristóbulo de Juan.

Fachada del edificio del Banco de España situada en la confluencia del Paseo del Prado y la madrileña calle de Alcalá.
El BdE sospechó de CNMV por los emails con su directivo díscolo en el caso Bankia. / EP

El Banco de España sospechaba de la relación que tenía Ana Martínez-Pina, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con Jorge Pérez Ramírez, el exjefe de la División de Normativa Contable del supervisor que, a diferencia del resto de la cúpula, criticó la salida a bolsa de Bankia en el año 2011. Y es que, en el marco de una investigación 'forensic' encargada a Deloitte, el organismo que preside Pablo Hernández de Cos solicitó todos los correos que se intercambiaron ambos dirigentes durante un plazo de tres años -principios de 2016 hasta comienzos de 2019- para analizar su contenido.

Así lo ha reconocido una letrada del departamento de asesoría jurídica del Banco de España durante su testimonio en el juicio celebrado este miércoles por el despido el pasado mes de julio de Pérez Ramírez, tras un expediente disciplinario revisado por Sagardoy Abogados que ha revelado hechos graves que consisten en quebrantar el secreto profesional. En este sentido, el directivo habría descargado información interna de la institución que se ha utilizado posteriormente en una serie de artículos periodísticos, informes periciales sobre Banco Popular o literatura económica a través de su correo electrónico personal.

Para contrastar estos hechos, el Banco de España amplió su investigación interna -abierta en noviembre de 2018- con la contratación de Deloitte Financial Services -vinculada pero independiente de la auditora con el mismo nombre-. Esta empresa, que cobró 10.890 euros por los servicios, se limitó a extraer de los servidores del organismo cerca de unos 47.000 correos electrónicos de Pérez Ramírez para filtrarlos de acuerdo a los parámetros de búsqueda que le indicó la institución, quien finalmente analizó el contenido de unos 2.000 emails.

Para acotar su investigación -iniciada a raíz de la publicación en Twitter de la carta de despedida de Julio Durán- el Banco de España remitió a Deloitte una serie direcciones de correo electrónico 'sospechosas' con las que Pérez Ramírez podría haber compartido información confidencial. Entre las mismas, se encontraban las de la actual vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez Pina, que antes de recalar en este organismo fue presidenta del ICAC entre 2012 y 2016.

Otros correos cuyo contenido ha sido analizado detalladamente por la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos han sido los que se intercambiaba con José María Roldan, actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), y con otros exdirectivos del Banco de España, como Aristóbulo de Juan o Gonzalo Gil. También con representantes del Ministerio de Economía y periodistas. Entre las palabras clave de la búsqueda, se incluía, además, el nombre de las principales entidades e instituciones financieras de España.

El BdE analizó el contenido de 2.000 correos

El contenido de estos correos se analizaba desde el departamento de servicios jurídicos del Banco de España, mientras que la empresa que se encargó de su extracción, Deloitte Financial Services, nunca accedió al contenido de los mismos, de acuerdo a los testimonios de los representantes del Banco de España y de la firma que han acudido al juicio celebrado en el juzgado de lo social nº 41 de Madrid, que ha quedado finalmente visto para sentencia después de más de tres horas.

El Banco de España cuenta con un equipo de cinco abogados de Uría Menéndez -que cobrará 36.295 euros (IVA incluido)-  liderado por Sergio Ponce. Por su parte, el letrado que se encarga de la defensa de Pérez Ramírez, que solicita en su demanda la nulidad del despido y que asegura que la investigación violó sus derechos fundamentales, es Antonio Bernal, de Dikei Abogados.

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