Con un único trámite parlamentario pendiente en el Senado, la reforma de la Ley de Auditoría ha saltado a los focos durante la pasada semana por la introducción de una enmienda clave que permite a las grandes compañías del Ibex no rotar sus auditorías y extender los mandatos de los supervisores de sus cuentas durante más tiempo. La modificación, que ha despertado división en el mundo financiero, ha sido posibles tras arduas negociaciones que han tenido como principal interlocutor del Gobierno al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, quien se dispuso a estos cambios tras entablar conversaciones con los grupos nacionalistas vascos del PNV y los catalanes del PDeCat, con el empuje de la patronal catalana Foment.
Sobre el papel, la nueva enmienda permite a las entidades catalogadas como de interés público (EIP) mantener a sus actuales auditores durante un plazo máximo de 20 años, en contra de los 10 años actuales. La única opción que hasta el momento había sobre la mesa -y que apenas se había utilizado salvo en casos excepcionales- para prorrogar los contratos más allá de los diez años era recurrir a una coauditoría, contratando de forma simultánea al mismo auditor junto a otro u otros para que trabajaran de manera conjunta. En este supuesto, la normativa europea permite extender los encargos a un mismo auditor durante otros 14 años.
De acuerdo a fuentes del proceso, los porqués sobre cómo esta enmienda ha terminado introduciéndose in extremis y sin apenas ruido los conocen un reducido grupo de personalidades y grupos: el ministro Félix Bolaños y los grupos parlamentarios del PNV y PDeCat. A ello hay que sumar a una tercera organización: la patronal catalana Foment del Treball, cuyo máximo exponente es su presidente, Josep Sánchez Llibre, quien en las últimas semanas ha echado un capote al Gobierno en plena polémica por la reforma de la sedición. "Corresponde a la política valorarlo y gestionar a través de la vía parlamentaria", dijo al respecto de la controvertida reforma del Código Penal pactada con ERC.
Pese a ser rechazada en un primer momento por el Partido Socialista en los debates de la comisión parlamentaria, la negociación y el posterior acuerdo con los partidos nacionalistas llevó el pasado 22 de noviembre al propio PSOE y a Unidas Podemos a introducir esta enmienda para modificar el artículo 40.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas de 2015 relativo a la contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de auditoría. La enmienda inicialmente rechazada estaba también impulsada por ERC que luego se separó de la iniciativa para que fueran PNV y PDeCat los que promovieran la propuesta finalmente aprobada en el Pleno del Congreso.
Se trata del segundo intento de modificar la normativa desde 2015, cuando se adaptó por primera vez la legislación española a la directiva comunitaria. Ese año, el ministerio de Economía de Luis de Guindos tuvo una visión restrictiva sobre la legislación europea y decidió limitar el mandato de los auditores en las grandes empresas. La decisión no gustó a algunas firmas, que entonces establecieron contacto con Álvaro Nadal, titular de la Oficina Económica de Presidencia. Guindos, en cambio, no cedió y dio instrucción a la bancada popular de no aceptar ninguna enmienda de otro grupo parlamentario.
División entre auditores
El denominador común entre aquella reforma y la introducción de la enmienda que se pretende ahora ha sido la polémica. Una de las primeras entidades en reaccionar fue el Consejo General de Economistas (CGE), que solicitó este lunes al Senado la retirada del texto. Para la organización, pese a que la prórroga de mandatos está habilitada por la normativa europea, se trata de una posibilidad que "no ha sido tomada en consideración por la mitad de los países de la UE, entre los que se encuentran Alemania, Italia y Países Bajos".
Las razones principales de REA para oponerse a este cambio son dos: la supuesta pérdida de independencia del auditor y la concentración que puede producirse en el sector. A este respecto, no hay que olvidar que los principales beneficiarios son las grandes auditoras -sobre todo las del denominado club Big Four que componen KPMG, PwC, Deloitte y EY- con grandes contratos con las principales cotizadas españolas, mientras que los afectados son aquellos pequeños competidores que no podrán beneficiarse de la esperada rotación.
Otro de los organismos que se ha pronunciado sobre la Ley de Auditoría ha sido la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El regulador de los mercados presentó una serie de recomendaciones en 2019 tras detectar "restricciones a la competencia" y "el riesgo de captura del auditor". Este organismo también detectó cierta posibilidad "de confusión" entre las funciones que tendría asignadas con la nueva ley y las que se atribuían al Instituto de Contabilidad (ICAC), órgano supervisor de la actividad de auditoría.
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