Jordi Cazorla, que tomó posesión como consejero delegado de Celsa a mediados de enero, tiene un duro trabajo por delante bajo la nueva etapa de la multinacional siderúrgica, pero no estará solo. Le respaldarán siete directivos bajo su mando, entre los que destaca Borja García-Alarcón (ex de Enagás e Indra) como director financiero.
La compañía ya ha fichado a cuatro. Las posiciones cubiertas son las de director de operaciones, recursos humanos y en mayo llegará un responsable comercial. Además, la sociedad está en busca de un representante legal, una figura ausente hasta ahora en la historia de la multinacional siderúrgica y que jugará un papel clave en su intento de recuperar el crédito concedido a los antiguos propietarios, la familia Rubiralta, y que califican de "incobrable". El organigrama lo completará el encargado de implementar el plan estratégico que está desarrollando con la consultora Bain & Co. Celsa no quiso entrar en más detalles.
Los fondos acreedores recibieron luz verde de la Justicia para tomar el control de Celsa en septiembre del año pasado y en noviembre nombraron a Rafael Villaseca como nuevo presidente -no ejecutivo- en sustitución de Francesc Rubiralta. Villaseca fue consejero delegado de Gas Natural Fenosa (Naturgy) de 2005 a 2018 y en el momento del fichaje ejercía como presidente de la Fundación Naturgy y consejero de Cementos Molins y VidaCaixa. Poco después, como se ha citado anteriormente, Cazorla tomó las riendas como máximo ejecutivo.
Ratificación del nuevo consejo de administración
Asimismo, como parte de la reorganización de la sociedad, la compañía aprobó este martes en junta de accionistas extraordinaria la incorporación de Hilario Albarracín, expresidente de KPMG; Mario Longhi, ex presidente de US Steel; Elena Guede, vicepresidenta senior de Estrategia de Sostenibilidad de Cement and Roadstone Holding, y Juan José Nieto, presidente de Arcano Partners, a su consejo de administración, que también cuenta con Daniel Alaminos (abogado del Estado) como secretario.
Una vez aterrizado, el nuevo equipo directivo inició a finales de 2023 un proceso de auditoría, consolidación financiera y corrección de salvedades contables, y formuló en marzo las primeras cuentas anuales consolidadas a todos los niveles con EY como auditor. El agujero patrimonial que se han encontrado los fondos acreedores es de 1.339 millones de euros. Además del pasivo de las tres sociedades patrimoniales con las que la familia Rubiralta controlaba el grupo siderúrgico, EY refleja en las cuentas 419 millones de euros de créditos fiscales no recuperables.
Resultado anual después de impuestos de 459 millones
No obstante, gracias a la recapitalización de deuda por importe de 1.418 millones de euros y otros ajustes contables, los estados financieros del curso pasado reportan unos fondos propios consolidados de 326 millones de euros. Por el contrario, si la reestructuración no se hubiera desarrollado, la compañía habría registrado unos fondos propios negativos de 1.187 millones. De este modo, ya saneadas las cuentas, Celsa, que estaba "totalmente quebrada" según las palabras del propio Villaseca, cerró el ejercicio con un resultado anual consolidado después de impuestos de 459 millones de euros. Habría incurrido en unas pérdidas de 918 millones de euros sin la reestructuración.
"La compañía ha salido de la UCI, pero sigue en el hospital"
"La compañía ha salido de la UCI, pero sigue en el hospital", dijo Villaseca este martes en la primera rueda de prensa tras tomar posesión y que se celebró en Barcelona, descartando despidos bajo el proceso de reestructuración. El plan de futuro, que está previsto que vea la luz en el inicio del segundo semestre, estará orientado a la generación de valor y al impulso de la competitividad y el desarrollo operacional del grupo, que actualmente cuenta con 4.000 trabajadores en España y otros 6.000 en otros países.
Villaseca reconoció que Celsa trabaja con Citi para una valoración de sus filiales internacionales, tal y como adelantó La Información. Fuentes del mercado apuntan a una posible venta de las divisiones de Noruega, Polonia y Reino Unido, mientras desde la compañía apuntan que la operación se hace para realizar una valoración de las filiales extranjeras del grupo y que la decisión responde a la voluntad que tiene la compañía de profundizar en el conocimiento y alternativas que ofrecen sus divisiones internacionales.
En busca de un socio español que controle el 20%
Los fondos acreedores controlan en torno el 90% de la deuda 'jumbo' y convertible son Deutsche Bank, SVP, Attestor, Cross Ocean, Anchorage, GoldenTree y Sculptor. Estos se comprometieron al mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo; la toma de decisiones del grupo en España; y la protección del empleo y de las capacidades productivas. También mostraron al Gobierno "su total compromiso" para sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa y mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España.
De su lado, los sindicatos respondieron con recelo. Los representantes de los trabajadores denunciaron que, en caso de que se produzca alguna venta, se le restará valor al grupo poniendo en riesgo su viabilidad, ya que el 50% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) corresponde a Noruega, Polonia y el Reino Unido, según UGT y CC OO. Además, temen que las desinversiones lleguen a España -si es que se produce- y reclaman que se acelere la entrada del socio industrial nacional para que participe en el diseño del plan industrial de la compañía.
En el último punto, Celsa aún no ha dado pasos en firme. La compañía se comprometió a buscar un socio industrial español para que tome el 20% del capital. Villaseca recordó que el Ejecutivo y los fondos se dieron de plazo seis meses -hasta junio de este año- para encontrarlo y que todavía es "prematuro" para hablar de nombres, pese a que es de "plena voluntad" para la compañía.
