La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene a Mediaset y Atresmedia en el punto de mira por presuntas prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad desde 2019, pero la presidenta del supervisor, Cani Fernández, no seguirá el proceso por el que el organismo exige a ambos grupos de medios una sanción que sobrepasa los 77 millones. A lo largo de su carrera en el despacho de abogados Cuatrecasas, Fernández fue la asesora legal de grandes compañías como la propia Mediaset; precisamente, formó parte del equipo que lleva la defensa de la sociedad en su litigio con Competencia. En su determinación por evitar cualquier tipo de conflicto de interés, tal y como obliga la ley, la presidenta de la CNMC se ausenta de la sala cuando el organismo aborda el caso y rechaza el acceso a cualquier documento vinculado al proceso, tal y como trasladan fuentes próximas a la empresa de medios a La Información.
La precaución ante cualquier tipo de conflicto de interés ha sido uno de los mantras de la presidenta del supervisor, desde el mismo momento en que su nombre sonó para el puesto que ahora ocupa. La amplia trayectoria de Cani Fernández en Cuatrecasas, como socia senior del Grupo de Derecho de la Unión Europea y de la Competencia, elevan la exigencia sobre la máxima responsable del organismo regulador. "Ante cualquier duda, me abstendré de conocer sobre el asunto", aseveraba la abogada el pasado junio ante la Comisión de Asuntos Económicos, donde acudió para someterse al examen del Congreso que precedió a su designación. La actitud de Fernández ante el proceso que cursa la 'megamulta' contra Mediaset da fe de que la abogada ya ha puesto en práctica aquel discurso.
El conflicto de Competencia contra Atresmedia y Mediaset empezó más de medio año antes de que Cani Fernández aterrizase al frente del supervisor, el pasado 19 de junio. El proceso que enfrenta a la CNMC con las dos compañías se inició en noviembre de 2019, cuando el superregulador aún funcionaba bajo la batuta de José María Marín Quemada. Ante la apreciación por parte de la institución de políticas de comercialización de los espacios publicitarios que, presuntamente, podrían alterar las reglas de competencia entre las cadenas televisivas y expulsar a otros grupos mediáticos del mercado de la publicidad.
En el expediente sancionador S/DC/0617/17, la CNMC enumeró ciertas malas praxis en las que, supuestamente, venían incurriendo tanto Atresmedia como Mediaset. En esta batería, el regulador incluyó el pago de "extraprimas", un incentivo con retribuían a las agencias de medios a condición de que estas alcanzasen un determinado volumen o cuota de inversión sobre el conjunto de la publicidad facturada en ambas compañías. "Los ingresos procedentes de las extraprimas tienen un peso importante en la cuenta de resultados de las agencias", reza el expediente. Además, Competencia denunció la habitual imposición de los dos grupos de medios de "una elevada cuota mínima de inversión a los anunciantes, que suponía un porcentaje significativo de su campaña publicitaria general".
El pasado septiembre, la Audiencia Nacional suspendió el pago de la multa de forma cautelar, pero mantuvo la orden de cese de las prácticas sancionadas. Atresmedia y Mediaset recurrieron el fallo y el proceso aún sigue abierto.
En paralelo, el superregulador registró que las dos sociedades respaldaban un modelo de comercialización en módulos, esto es, vinculando la venta de publicidad a la contratación de paquetes de canales, lo que obligaba a las agencias a adquirir los canales más atractivos y con mayor audiencia, en conjunto con aquellos de menor audiencia. Por todo lo anterior, el organismo exigió en noviembre de 2019 el abandono de dichas prácticas en un plazo de tres meses -bajo la supervisión futura de la CNMC- y una compensación conjunta de 77,1 millones de euros.
El expediente reclamaba el pago, de forma solidaria, de 38,2 millones de euros a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación y Atres Advertising; y de 38,9 millones a Mediaset España Comunicación y Publiespaña. En enero de 2020, seis meses antes de que Cani Fernández jurase el cargo como presidenta del supervisor-, los dos grupos de medios interpusieron un recurso contra la resolución íntegra del supervisor ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El 4 de septiembre del año pasado, la AN suspendió el pago de la multa de forma cautelar -un alivio que el juez condicionó a la entrega de un aval bancario o garantía equivalente a la sanción-, aunque no levantó la orden de cese de las prácticas sancionadas. Las dos compañías recurrieron el fallo, por lo que el proceso todavía sigue abierto.
Desde su nombramiento, Cani Fernández siempre ha defendido como uno de sus propósitos principales garantizar la "máxima independencia" del organismo regulador. La nutrida lista de clientes de la presidenta de la CNMC sugieren que la abogada podría inhibirse en futuros procesos del supervisor, más allá del caso Mediaset. En su larga carrera -después de 33 años al servicio del derecho de la competencia-, Fernández ha trabajado como asesora de gigantes como Volkswagen, el grupo Prisa o Enel. Entre los casos más destacados se cuentan la defensa del gigante de las VTC Uber en su contienda europea contra el taxi llegó, o el asesoramiento a Acciona en su OPA (Oferta Pública de Adquisición) sobre Endesa. Desde su designación, la jurista ha dejado clara la hoja de ruta con la que espera aportar "un salto de calidad" al organismo: "Máximo rigor y unas reglas del juego claras".
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